En la actual coyuntura electoral es crucial que mujeres feministas participemos en el Congreso de la Unión a fin de avanzar en asignaturas pendientes, para impulsar el tránsito hacia un nuevo proyecto de nación, para que mujeres y hombres convivamos con las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento en un contexto social de paz.
Malú Micher, como precandidata al Senado por el Distrito Federal –actualmente dirige el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y antes fue diputada local y federal–, tiene estatura para esa instancia porque ya impulsó sustanciales cambios legislativos de género y ha ejercido la gestión política en esta ciudad que es vanguardia en los derechos de las mujeres; además cuenta con el apoyo de mi persona como suplente, lo cual nos permite consolidar una plataforma feminista en el Movimiento Progresista.
Nuestras propuestas parten de la institucionalización de la perspectiva de género en todas las acciones y niveles de gobierno. Porque los derechos humanos de las mujeres son eje de la democracia gobernable y camino para garantizar el goce de las libertades y oportunidades en igualdad de condiciones. Porque es necesario construir una cultura política ciudadana donde no tengan cabida la corrupción ni la impunidad; porque desde el Congreso se pueden ratificar las o los titulares de algunas dependencias de la administración pública federal, así como fortalecer la transparencia en un marco de rendición de cuentas; es un lugar desde donde se puede dar seguimiento y evaluar el impacto de los funcionarios en la igualdad social y de género, dando preferencia a los hogares con pobreza.
El fortalecimiento de una ciudadanía plena exige impulsar el empoderamiento de todas las mujeres (urbanas, campesinas, indígenas) a través de su participación social e incorporación al desarrollo social, económico y artístico; de ahí la necesidad de realizar modificaciones a la reforma laboral para la conciliación de la vida laboral y familiar, la dignificación del trabajo doméstico, así como la erradicación de la discriminación laboral y del hostigamiento sexual.
Es también necesario fortalecer las instancias y los mecanismos creados ex profeso para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia, su particiación en el desarrollo sustentable y en la protección y rehabilitación de los recursos naturales, y realizar diversas reformas legislativas que incentiven el ejercicio de la paternidad responsable y garanticen el respeto al interés superior de las niñas, los niños y adolescentes.
Para ser libre y realizar los planes de vida hay que hacer universal la educación integral de la sexualidad, en especial en las entidades gobernadas por las derechas del PRI y del PAN; es imperativo garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva especializados para niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, con calidad, calidez e interculturalidad.
La integración de los aspectos arriba mencionados en políticas, planes y programas exige la elaboraración de presupuestos con perspectiva de género, asignar y distribuir los recursos públicos a partir del análisis de su impacto diferenciado sobre las mujeres y los hombres, sin que la ganancia de un sexo implique pérdida para el otro.
Por eso hay que desear abierta y sinceramente el poder, revertir desde el ámbito legislativo la inequidad del acceso al poder político de las mujeres, en especial de quienes comprenden el empuje transformador de la agenda feminista. En una sociedad tan injusta como la nuestra, cada centímetro de igualdad cuesta. Vencer el miedo a la igualdad es creer en ella como fin y no como medio, nos arrastra a la ética: ¿acaso pueden caminar juntos ética y poder?
grodriguez@afluentes.org - http://twitter.com/@Gabrielarodr108
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