Heroísmo civil

Porfirio Muñoz Ledo

Acabo de concluir un trabajo para la Revista de Derecho Electoral editada por la Universidad Nacional, cuyo propósito es destacar la relevancia de los acuerdos alcanzados en 1994 y el papel que en ellos jugó el entonces secretario de Gobernación, doctor Jorge Carpizo. Ello me obligó a revisar en retrospectiva las reformas electorales ocurridas en nuestro país durante los últimos decenios.

Identificamos como las más significativas las de 1978, 1994 y 1996, que —con intenciones diversas— abrieron el camino del pluralismo político aunque ninguna de ellas haya logrado consolidar el sufragio efectivo. La reforma que analizamos —1994— tenía como finalidad expresa el cambio de régimen político, tanto que en sus inicios la llamamos “los pactos de La Moncloa mexicanos”.

Iniciados los diálogos en el mes de enero, como respuesta al levantamiento zapatista en Chiapas, estuvo enmarcada por una oleada mundial de transiciones previas: el fin de las dictaduras de Sudamérica, la pacificación de Centroamérica y la implosión de la Unión Soviética y Europa oriental. La cercanía de los comicios nos constriñó al campo electoral, pero dejamos planteada una agenda cabal para la reforma del Estado.

Entre los numerosos acuerdos a que llegamos destaco la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, cuya independencia fue notable durante algunos años, la creación de la fiscalía especial para delitos electorales y sobre todo las limitaciones que logramos establecer a la incidencia del gobierno en el proceso. Avanzamos en la remoción de funcionarios electorales pero alcanzamos muy poco en la apertura de los medios de comunicación y no tuvimos consenso pleno sobre la validez del padrón.

Reconocimos no obstante la legalidad de la elección, aunque el propio beneficiario, Ernesto Zedillo, admitió que el proceso no había sido equitativo. Ello condujo a una serie inacabada de reformas que han perfeccionado el marco jurídico, pero no han resuelto los problemas centrales que coartan la voluntad popular, como el monto desorbitado de los gastos de campaña, el favoritismo de los grandes medios de comunicación o la intromisión reincidente de los gobiernos y los poderes fácticos en las elecciones. La ley no ha derrotado a la tenacidad fraudulenta.

Bastaría una lectura rigurosa del dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2006 para demostrar las formas en las que actualmente puede violentarse impunemente la voluntad ciudadana y que la reforma electoral del año siguiente no acertó a resolver. La negativa de la autoridad jurisdiccional a considerar esas conductas —que ella misma corrobora— como causa de nulidad deja al pueblo en estado de indefensión.

Existe una correlación entre las condiciones de pobreza extrema, el incremento del desempleo, la expansión de comportamientos delictivos, el acceso insuficiente a la educación y la manipulación informativa por una parte y por otra la recurrencia y creciente sofisticación de las modalidades de compra y de coacción del voto. Las bajas condiciones objetivas para el ejercicio de la democracia que sólo pueden ser subsanadas por la conjunción de una gran movilización de las conciencias y la honestidad de las autoridades responsables.

Son innumerables las actuales violaciones contra la legalidad electoral, fundamentalmente exceso de boletas, bodegas gubernamentales con despensas, consabidas entregas de enseres y materiales de construcción, boletas marcadas con anticipación, tarjetas de débito a cambio del voto, sin contar con los arreglos denunciados entre televisoras comerciales y candidatos, así como la abierta parcialidad de la gran mayoría de los gobiernos estatales.

Para culminar, la operación Ágora, orquestada por el SNTE. Nada menos que la captación de 5 millones de votantes, incluyendo el “acarreo” a las urnas de 3 millones y medio a las urnas, a través de un ejército de 27 mil 473 activistas y con un costo de 151 millones de pesos. Equivale a “ver la película antes de que sea exhibida”, dijo el denunciante.

Frente al fraude prefabricado queda el recurso al heroísmo civil: la suma consciente, decidida y pacífica de voluntades que derroten los operativos montados. Una nueva hazaña por la libertad.