IFE rebasado

John M. Ackerman

Más allá de lo que prometan o decreten las autoridades electorales, lo más importante será el juicio ciudadano sobre el respeto a la voluntad popular el próximo 1º de julio. Y si efectivamente se celebran elecciones relativamente auténticas y libres, no será gracias al Consejo General del IFE, sino a los jóvenes del movimiento #YoSoy132, así como a los observadores electorales y los miles de funcionarios, consejeros locales y funcionarios de casilla invisibles que trabajan a contracorriente dentro del instituto electoral.

La acción valiente de los estudiantes ha demostrado ser mucho más efectiva que el burocratismo y los autoelogios de los consejeros electorales. Cuando el IFE se quedó pasmado ante el sabotaje de las televisoras al primer debate, los jóvenes entraron en acción y obligaron a Televisa y Tv Azteca a transmitir el segundo debate por los canales de mayor audiencia. Cuando la autoridad electoral incumplió flagrantemente con los principios constitucionales al no promover u organizar debates adicionales, los estudiantes organizaron por sí solos un tercer debate mucho más dinámico y profesional que los convocados por el IFE.
Desde antes de la irrupción histórica de los estudiantes en la Universidad Iberoamericana, el pasado 11 de mayo, la sociedad ya había actuado por medio de las redes sociales al denunciar el dispendio de Enrique Peña Nieto en espectaculares, regalos y actos masivos durante los primeros días de la campaña presidencial. Ante la evidencia, el IFE se quedó cruzado de brazos y se negó a tomar medidas contundentes para prevenir el despilfarro (aquí mi análisis: http://bit.ly/Kmea35). Sin embargo, los ciudadanos lograron lo que la autoridad no pudo, ya que el viejo partido del Estado rápidamente retiró la mayor parte de la propaganda ante la exhibición de sus gastos en Internet.
Ahora que arrecia la compra y coacción del voto a lo largo y ancho del país, el IFE una vez más demuestra tanto su indolencia burocrática como su abierta parcialidad en favor del PRI. Todos Contamos (www.contamos.org.mx) recibe cada día más reportes de la sistemática comisión de delitos electorales, así como de la erogación de gastos excesivos. La gran mayoría de ellos señalan a Peña Nieto y el PRI como los responsables. Un informe preliminar se dará a conocer mañana martes a las 17 horas en el Club de Periodistas.
Ante esta evidencia, el IFE primero se hizo de la vista gorda. En respuesta a la exigencia del Frente Ciudadano en Defensa del Sufragio Efectivo y Libre, en su desplegado del 8 de junio, de que el Consejo General forme inmediatamente una comisión especial para recibir informes y denuncias sobre compra y coacción del voto, los consejeros respondieron que estas irregularidades eran exclusivamente de la competencia de la Fepade y que no podían hacer absolutamente nada.
Tal actitud constituyó una vergonzosa abdicación de su responsabilidad de garantizar la legalidad y la equidad del proceso electoral. El hecho de que la Fepade deba intervenir en algunos casos de ninguna manera exime al IFE de también tener conocimiento de estas irregularidades, tanto para prevenir su propagación como para contabilizar los gastos correspondientes como parte de las campañas de los candidatos.

Afortunadamente, ante la presión de los jóvenes, el jueves pasado los consejeros tuvieron que recular y aprobar un rimbombante Acuerdo por el que se establecen medidas específicas para contribuir a evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como acciones que generen presión sobre el electorado, durante el proceso electoral federal 2011-2012. Lamentablemente, este acuerdo no es más que atole con el dedo.
El acuerdo se inicia con el descubrimiento del agua tibia: Queda prohibida en todo momento la compra y coacción del voto. Posteriormente, los muy comprometidos y arrojados consejeros acuerdan reforzar la difusión que se ha venido dando a un listado de enunciados que explícitamente diluyen y suavizan la gravedad del problema.
El Código Penal Federal (artículo 403) señala sin titubeos que los operadores políticos pueden ir a la cárcel por recoger credenciales para votar sin causa prevista por la ley, solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa o violar, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, por ejemplo exigiendo una fotografía de la boleta tachada o demandando que el ciudadano deposite una boleta previamente cruzada en la urna.
Pero, aparentemente preocupado por la tranquilidad de los delincuentes electorales, el IFE prefiere aconsejar a los votantes con mensajes suaves que minimizan la situación. Nadie debe obligarnos ni presionarnos para votar por quien no queremos, Nadie puede votar en su lugar, ni con su credencial ni con una fotocopia de ella y Aceptar los regalos no nos compromete a votar por nadie que no queramos. En lugar de alarmar a la ciudadanía sobre la perversión a la democracia que implica la comisión de estos delitos, el IFE prefiere tranquilizar a los votantes al sugerir que en realidad no pasa nada grave.
Pero lo más preocupante es que los consejeros se quedan conformes con la mera enunciación de la ley, sin hacer absolutamente nada para asegurar su cumplimiento. Por ejemplo, en la sesión del jueves se negaron a prohibir la utilización de celulares a la hora de votar o siquiera invitar a los ciudadanos a dejar sus aparatos móviles en las mesas de recepción de votación o a colocar advertencias vistosas sobre el tema en las casillas. Tampoco tomaron medida alguna para prevenir o facilitar la denuncia de la ruleta o carrusel donde el votante es obligado a depositar en la urna una boleta previamente tachada.
Ante las graves omisiones del IFE, una vez más será responsabilidad de la sociedad organizar un enorme operativo ciudadano para garantizar la legalidad del proceso electoral del 1º de julio.
Pd. El viernes, 29 de junio, a las 17 horas, en el IIJ-UNAM, Alberto Aziz, Eduardo Huchim y Dong Nguyen presentan mi nuevo libro Autenticidad y nulidad: por un derecho electoral al servicio de la democracia.
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