6/13/2012

Los periodistas pal café.....



Enrique Peña Nieto no ha encontrado la manera de superar con inteligencia política las crecientes y cada vez más desbordadas manifestaciones juveniles de rechazo a su candidatura. Al contrario, tal como sucedió el famoso Viernes Negro de la Universidad Iberoamericana, el peñanietismo se ha asomado con irresponsabilidad estremecedora a los portales de la violencia contra sus opositores, organizando grupos de parapriísmo, siempre con el apoyo de gobernadores locales pertenecientes al partido de tres colores y asumiendo cada vez de manera más abierta una suerte de reivindicación orgullosa de las glorias históricas del porrismo y los Halcones.
Una muestra peligrosísima de ese jugar con fuego que en su ignorancia e insensibilidad políticas practican mandos privilegiados del ente volátil llamado peñanietismo se produjo la semana pasada en el estadio Azteca, cuando miles de jóvenes (un cálculo generalizado hablaba de 16 mil) fueron llevados en 400 camiones a un partido de poco atractivo entre las selecciones nacionales de futbol de México y Guyana. Provenientes en su mayoría de los estados de México y de Hidalgo (de donde provienen abundantes y sabidos apoyos a la campaña de Peña Nieto, con cuadros activos como el gobernador Eruviel Ávila y los ex gobernadores Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam), los jóvenes fueron llevados para contrarrestar activamente la anunciada pretensión de algunos segmentos del movimiento 132 de corear durante el encuentro deportivo consignas contra el abanderado presidencial priísta, movidos por el desahogo masivo en sí pero, sobre todo, por la obligada resonancia que esos gritos tendrían en las transmisiones televisivas del caso.
The Guardian hizo el involuntario favor de desplazar del escenario la torpe e increíble provocación priísta del estadio Azteca. Concentrada en los pormenores de la retomada denuncia sobre las relaciones comerciales entre Televisa y el entonces gobernador Peña Nieto, la atención pública ya no pudo analizar los detalles de esa demostración priísta de que hay jefes dispuestos a activar a miles de jóvenes para arrojarlos en contra de otros que se oponen a Peña Nieto. Lo sucedido en ese partido de futbol quedó en enfrentamientos físicos menores y no generalizados y en un sostenido ambiente de crispación, pero es evidente que los priístas iban decididos a avanzar en el plano de la violencia política hasta donde fuera necesario.
En las calles, y justamente en contra de esa competencia marcadamente inequitativa y de las evidencias de que se preparan maniobras electorales y mediáticas para imponer a Peña Nieto, se desarrolla una protesta pública que adopta formas no sólo imaginativas sino, con frecuencia, fuera de control (porque así es la dinámica de esa movilización juvenil: sin dirigentes consolidados, con una gran dosis de improvisación y audacia). En ese trayecto político tan poroso e impreciso es natural, una obligación en automático de los órganos gubernamentales de espionaje y de los grupos de poder que tratan de sustituir e incluso de retar al Estado, el envío de informantes e infiltrados que en determinado momento pueden servir de provocadores.
En ese panorama peligroso se ha visto el esquema claro de los grupos de parapriísmo en Córdoba, Veracruz; Saltillo, Coahuila, y la ciudad de Colima, donde jóvenes opositores a EPN fueron abiertamente agredidos. Luego vino aquella colocación de una Suburban oscura en Querétaro como señuelo para que jóvenes arremetieran físicamente contra ese vehículo mientras las cámaras grababan lo que luego sería exhibido en noticieros aliados como muestra de la violencia estudiantil. Hasta llegar al episodio de ayer, cuando manos juveniles llegaron a golpear los vidrios blindados de la camioneta en que viajaba Peña Nieto en alguno de los desplazamientos que tuvo en Tepeaca, Puebla.
La violencia política es un recurso desesperado en procesos políticos que desde poderes constituidos se ven perdidos, pero también puede ser una expresión social irresponsable (genuina o sembrada) que por expresar duro rechazo a una opción partidista podría acabar dañando a las que sí le parecen aceptables. El movimiento 132, en sus distintas variantes, debería analizar a fondo lo que hoy está sucediendo con esas protestas y precisar los límites del activismo espontáneo y los riesgos de las provocaciones armadas, de tal manera que no se abra la puerta a los demonios que, de por sí, bastante sueltos y alebrestados andan.
En otro asunto (que es el mismo): el pasado viernes 8, a las 10 de la noche con 3 minutos, quedó formalmente registrada en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, una eventualidad considerada como relevante: la detección de 6 mil 319 boletas electorales sobrantes a causa de lo que los funcionarios y representantes partidistas atribuyeron a un evidente error de impresión de Talleres Gráficos.
Las boletas, que habrían servido para votar por presidente de la República, senadores y diputado federal del distrito electoral 10, llevan una numeración de folios que no permite suponer que su aparición se hubiese debido a problemas o descuidos al inicio o al corte de cada serie de impresiones. La constancia oficial de todo lo allí sucedido está en www.astillero.tv, donde se pueden ver al detalle el número de boletas sobrantes que habrían sido enviadas a cada uno de los 56 municipios del distrito, con los respectivos números de folios. Esas boletas sobrantes, según se asienta en los documentos en mención, fueron inutilizadas mediante dos líneas diagonales, posteriormente se depositaron en una caja que debidamente se selló y se firmó. Y todos felices. Pero, ¿cuántas boletas sobrantes fueron impresas por los Talleres Gráficos? ¿El IFE dará una explicación pública convincente de lo que ha sucedido con esas miles de impresiones que abonan la fundada sospecha de que hay operaciones de fraude electoral en curso? ¿Habrá una justificación técnica de esa generación de excedentes que fueron insertos entre las boletas válidas? ¡Hasta mañana!
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e los tres secretarios de Hacienda que han desfilado por el gabinete de Calderón –Carstens, Cordero y José Antonio Meade– el más serio es Meade. Aquel resbalón del catarrito marcó el desempeño del hoy gobernador del Banco de México. Cordero es un humorista involuntario, dejó para el anecdotario su declaración de que una familia puede vivir en la frontera de la opulencia con 6 mil pesos al mes. Ya como aspirante presidencial confirmó su bien ganada fama de comediante cuando se hizo bolas y llamó a su jefe Vicente Calderón. En cambio, siendo un hombre muy joven, Meade ha seguido una línea de formalidad y seriedad. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas, pero ha ganado respeto. Calderón parece dispuesto a quemarlo.
Siguiendo los pasos de Fox
Fue un mal lance meterlo a la campaña para que rebatiera los cálculos de López Obrador respecto del ahorro que se podría conseguir restando del presupuesto el costo de la corrupción y los altos salarios y prebendas de la elite burocrática, cuando todavía le falta a Meade negociar el presupuesto del año siguiente y tal vez se ha ganado la animadversión de tres partidos políticos, que luego le pasarán la factura. ¿Cuál es el juego de Calderón? Ayudar a Josefina, obviamente no. Tiene información de que está perdida y sigue cayendo cada día que transcurre. Curiosamente a quien está auxiliando es a Peña Nieto, mas no involuntariamente. No lo ha cuestionado, por ejemplo, por el explosivo expediente de Yarrrington, Moreira o Eugenio Hernández. En cambio, sí utiliza a su secretario de Hacienda como ariete contra el candidato de la izquierda. ¿Qué sentido tiene ponerle piedras en el camino al número dos? Es que algunas encuestas ya colocan a López Obrador muy cerca de Peña Nieto; incluso dicen que lo rebasó por estrecho margen. Al parecer, lo mismo que Fox, está trabajando para Peña Nieto. Y Josefina ahí que siga en lo patético: haciendo rounds de sombra.
Walmartgate
En las mediciones sobre corrupción hechas por Transparencia Internacional –no confundirla con Transparencia Mexicana, que cobra servicios a su clientela, en la que figuran dependencias gubernamentales–, el gobierno mexicano nunca ha sacado una calificación aprobatoria. Comenzó a dar seguimiento a nuestro país en el último tramo del zedillismo y lo ha seguido haciendo en los dos sexenios panistas; y nunca jamás le ha dado una calificación superior a 3 puntos y fracción. La escala es de 10 a 0, y el 10 es para los países no corruptos del mundo. No sería extraño que cuando Transparencia Internacional dé a conocer sus nuevas calificaciones todavía quite algún punto a México, dado el escándalo internacional desatado por el Walmargate. Cada vez que se habla de este asunto en los medios internacionales, y es casi a diario, se menciona que funcionarios mexicanos recibieron sobornos de Wal-Mart para facilitarle su expansión. El fondo de pensiones de los empleados de Nueva York, su afore para decirlo de un modo que nos resulte familiar, presentó una demanda contra la cadena de tiendas ante un tribunal del estado de Delaware. Ya son más de 10. El fondo asegura en su querella que los directivos de Wal-Mart incumplieron sus obligaciones fiduciarias al no manejar de forma apropiada las denuncias creíbles sobre los presuntos sobornos e intentar encubrir los hechos. Busca que los ejecutivos los compensen.



Que no cuadran las cuentas, grita el ciego cuan indecoroso coro de la horda calderonista. Y tiene razón: no cuadran las del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados con las divulgadas el pasado lunes por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y en ambos casos la referencia es el costo de la nómina federal burocrática. Y tan no cuadran, que la diferencia entre unas y otras es cercana a cuatro tantos. Si se consideran las contenidas en el primero, el ejército burocrático federal es alimentado diariamente con 2 mil 498.63 millones de pesos; si se atienden las del funcionario, ese monto se reduce a 723.29 millones cada 24 horas. Así es: 912 mil millones autorizados por el Legislativo, contra 264 mil del titular de las finanzas nacionales (así le llaman). Obvia es la cuenta que sí cuadra, pero que el coro no menciona.
Por lo que toca a las cuentas referidas por Andrés Manuel López Obrador en el pasado debate (ahorro por 300 mil millones de pesos, proveniente de recortes salariales a mandos superiores, y de la austeridad presupuestaria”), los numerólogos del peje equipo no sólo reiteran que es posible, sino que aclaran la situación y la desmenuzan de la siguiente manera:
1. Reducción de 50 por ciento en los sueldos de mandos superiores del gobierno central (de inquilino de Los Pinos a director de área; excluye paraestatales y poderes autónomos); de acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación (PEF) 2009 y 2012, las plazas de mando superior directas u homologadas en la administración pública central (APC) se incrementaron en 2 mil 147. En 2009 el total de plazas de mando superior de la APC fue de 49 mil 322, con una nómina anual total de 83 mil 834 millones de pesos. Para 2012, dicho universo aumentó a 51 mil 469 plazas, con una nómina anual de 88 mil 34 millones de pesos. Entonces, si se redujeran a la mitad las percepciones salariales y prestaciones de las plazas de mando superior de la APC, es decir en 50 por ciento, el ahorro total por este concepto sería de 44 mil 17 millones de pesos.
2. Reducción de 50 por ciento en sueldos de mandos superiores de paraestatales y poderes autónomos. (Pemex, CFE, Legislativo, Judicial, IMSS e Issste). De manera adicional, en 2009 el costo de los servicios personales para los organismos paraestatales de control directo y los poderes autónomos fue de 283 mil 926 millones de pesos y para 2012 ascenderá a 303 mil 132 millones de pesos. A pesar de que no se cuenta con información detallada del número de plazas de mando superior en estos órganos del Estado, pero se asume un ahorro de 15 por ciento en el gasto total por concepto de la reducción salarial exclusivamente a mandos superiores, se obtendrían ahorros de 45 mil millones de pesos. Con esta medida, el salario presidencial se reduciría a poco más de 76 mil pesos mensuales, el de los secretarios a 75 mil, el de los diputados a 63 mil 500, el de los senadores a 80 mil y el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 166 mil. El ahorro sería de 90 mil millones.
3. Reducción del gasto de operación diferente a sueldos y salarios (excluye subsidios y aportaciones federales). De acuerdo con el tomo I del PEF, entre 2009 y 2012 el gasto de operación del gobierno federal se incrementó cuando menos 12 por ciento en términos reales, mientras la economía mexicana creció a una tasa promedio de uno por ciento. La Auditoría Superior de la Federación confirma este comportamiento, al señalar que durante el ejercicio fiscal 2010 el gasto de operación (corriente) ejercido superó en 132 mil millones al aprobado por los diputados. Por lo anterior, un programa de austeridad presupuestaria, basado en la regla de que el gasto de operación no pueda crecer más de la mitad que el crecimiento económico proyectado en los Criterios de Política Económica permitiría alcanzar tres objetivos:
Evitar el sobrejercicio presupuestario respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados, que durante los últimos tres años ha sido en promedio de 90 mil millones de pesos anuales; detener el crecimiento inercial y desproporcionado que se ha observado a lo largo de los últimos años, y que ha sido de cuando menos 10 por ciento superior al que debería observarse dado el crecimiento de la economía; en suma, los ahorros potenciales que se podrían alcanzar serían al menos de 175 mil millones de pesos. El Programa de Austeridad incluiría las siguientes medidas: eliminar las erogaciones destinadas al pago de los seguros de gastos médicos privados; eliminar las erogaciones destinadas al pago del seguro de separación individualizado, y seguro de vida de los funcionarios; eliminar la creación de plazas de secretario privado, secretario técnico, coordinador, asesores o equivalentes; derogar las pensiones a los ex presidentes de la República y limitar los gastos de publicidad de los poderes de la unión, los órganos constitucionales autónomos y demás autoridades federales.
Además, adquisición de bienes y servicios de uso generalizado de manera consolidada en cada uno de los poderes o entes públicos, para obtener las mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad; eliminar gastos por concepto de telefonía celular, remodelación de oficinas, estudios e investigaciones, arrendamiento de vehículos, aviones, equipo informático y alimentación para mandos medios y superiores; prohibir la utilización de aeronaves privadas a cargo del presupuesto. Sólo los servidores públicos de mandos superiores podrán utilizar aeronaves comerciales, con excepción de aquellos funcionarios encargados de la seguridad, la atención a desastres naturales, o de la atención médica; prohibir la adquisición de vehículos oficiales para los servidores públicos federales.
4. Reducción del gasto corriente en las entidades federativas. Durante los últimos años, los recursos canalizados a dichas entidades han registrado un importante incremento; de hecho, en el PEF se proyectaron asignaciones por un billón de pesos entre participaciones (Ramo 28) y aportaciones federales (Ramo 33). De la aplicación de estas medidas salariales y de austeridad se obtendrían ahorros hasta por 50 mil millones. Esta cantidad representa el 5 por ciento de todo el gasto federalizado. Con todas las disposiciones citadas se ahorran 300 mil millones de pesos.
Las rebanadas del pastel
Entre las propuestas de Carlos Slim para salvar a la humanidad de la crisis, destaca la de aumentar impuestos. En el caso mexicano, ¿quién se llevaría la peor parte? El SAT nos ilustra: 62 por ciento de los causantes son asalariados, 34 por ciento personas físicas y apenas 4 por ciento empresas. Entonces, no parece muy equitativa la fórmula redentora, aunque en este país se practica con singular alegría.


En días recientes han tenido lugar diversas agresiones y hostigamientos con el telón de fondo de la contienda electoral en curso. Salvo dos casos gravísimos –el homicidio del perredista guerrerense Margarito Genchi, candidato al Congreso de su entidad, y el del simpatizante panista Edgardo Hernández Corzo, presuntamente asesinado por quien era hasta el momento el postulado priísta a la alcaldía de Villaflores, Chiapas–, se ha tratado de episodios menores de violencia en los que bases priístas han golpeado a detractores y manifestantes –como ha ocurrido en Saltillo, Coahuila; Córdoba, Veracruz, o el Estadio Azteca, en la capital del país–, con saldos de unos cuantos heridos leves, o de manotazos sobre los vehículos de la caravana del candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, como ocurrió en Querétaro, la semana antepasada, y en Tepeaca, Puebla, ayer.

Amenazan a adultos mayores con privarlos de medicina si no votan por el PRI y PVEM
Deseo denunciar que este martes 12 de junio de 2012, llamaron dos veces, vía telefónica, a casa de mis padres, adultos mayores ya, para indicarles que si no votan por el PRI y el Partido Verde Ecologista no les harán válido el surtido de sus recetas médicas. Mis padres son derechohabientes del Issste y en los años recientes allí han tenido el problema de que no les proporcionan los medicamentos que requieren, con el argumento de que no hay en existencia. En ocasiones, cansados de la situación, terminan por comprar sus tratamientos (uno para el control de la presión arterial y otro para el mal de Parkinson). Verdaderamente es indigno el mal servicio de salud y que todavía los amenacen y hostiguen para que voten en estos tiempos electorales por los partidos de siempre.

Quien diga que la tendencia del voto evangélico será abrumadora en favor de alguno de los candidatos desconoce las complejidades y diversidad de la población protestante en México. Estamos hablando de más o menos 10 por ciento de los habitantes del país, y posiblemente de entre 5 y 6 por ciento del total de quienes emitirán su voto en las elecciones presidenciales del próximo 1º de julio.

Durante el domingo pasado, aniversario del trágico 10 de junio, se vivieron experiencias inusitadas en el país. Como en aquel entonces, ríos de jóvenes, estudiantes la inmensa mayoría, se adueñaron de las avenidas y parques principales de varias ciudades exigiendo ser escuchados. Desean participar en las decisiones que marcarán el presente y que los afectarán de varias y variadas maneras. Como sus antecesores de ese cruento día de verano, los de ahora también protestaron por las heridas que, desde las élites del poder, se le causan al cuerpo social y del que son parte doliente. La jornada dominguera se completó con el debate entre los candidatos presidenciales. Las audiencias a tan necesario recurso informativo se contaron por decenas de millones. Pocos, entre los expectantes ciudadanos, pueden sentirse defraudados por lo que ahí se dijo a pesar de las notables ausencias de asuntos sustantivos. Los perfiles de los aspirantes se dibujaron con claridad meridiana. Las ofertas esgrimidas, y lo que cada uno representa, también quedaron impresas en las pupilas y los oídos de los mexicanos.

En el congreso de San Remo (abril de 1920), París se quedó con Siria y Líbano y Londres permaneció en Palestina (ocupada a partir de 1948 por el enclave neocolonial llamado Israel), la Transjordania (donde en 1950 los ingleses inventaron Jordania), Kuwait (protectorado de Londres desde 1899, independiente en 1961), e Irak, destruido tras la invasión militar de la comunidad internacional en 2003.

Hoy que está a discusión el papel de los medios en la política, valdría la pena ampliar la mirada para pasar de inmediato a proponer la regulación de espacio libre para el imaginario.

El movimiento de los jóvenes estudiantes y no estudiantes tiene una lucidez envidiable. A través de su fuerza y rebeldía genuina expresa el rechazo de los tres candidatos que proponen la continuación y profundización del neoliberalismo. Y que, dicho sea de paso, han sugerido también el fortalecimiento de los sistemas represivos del Estado mexicano. El movimiento estudiantil tiene razón porque ese modelo y el paquete de políticas que lo sustenta está basado en la desigualdad, la precarización del trabajo y la explotación.
El neoliberalismo ha dejado un legado de pobreza y destrucción que llevará décadas superar. En materia educativa tenemos un rezago del que será difícil salir. Mucho han dicho los candidatos del neoliberalismo sobre la necesidad de impulsar un proyecto educativo, pero no han hablado sobre el daño que el PRI y el PAN le han causado al país al restringir la inversión en educación.
La gráfica muestra la evolución del gasto en educación media y superior durante los últimos 35 años. Los datos provienen de un análisis del economista Marcos Chávez y están en pesos reales de 2010. El gasto ha sido dividido entre la población estudiantil media y superior para reflejar de manera realista lo que los gobiernos federales han ido invirtiendo en este segmento de la educación.

Si debemos medir la grandeza de un libro por la imaginación que provoca, Ray Bradbury es autor de por lo menos dos libros de ese tipo: Crónicas marcianas y sobre todo Fahrenheit 451.


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