Es
evidente que la oligarquía no acepta de buen grado perder una parte de
su poder, tal como lo patentizan sus actos. Sin embargo, actuar violando
el marco legal sería un gravísimo error
En la situación actual del país, cuando la
prioridad irrenunciable es apuntalar condiciones para que cese la
crispación social, es un riesgo mayor abrir cauces a una violencia que
afectara directamente el proceso electoral, tal como está sucediendo en
algunos estados. De igual modo es reprobable que se organicen grupos de
choque con el propósito de enturbiar los comicios, como sucedió la
semana pasada en el estadio Azteca; en Córdoba, Veracruz, y en Saltillo,
Coahuila. Los arteros asesinatos de dos candidatos, uno en Guerrero y
otro en Chiapas, son el preludio de una realidad apocalíptica que una
vez en marcha no habría posibilidades de frenar, cuando menos en el
mediano plazo.
Las provocaciones, como la escenificada en el poblado de Tepeaca, Puebla, son igualmente una forma absurda de llamar a la violencia. Es por demás obvio el propósito buscado por el PRI estatal al perpetrar un hecho tan burdo: justificar una escalada de reproches y acciones represivas contra el Movimiento Progresista, que necesariamente subirían de tono. Desde luego, es preciso que la izquierda se deslinde de tales hechos y sus dirigentes reafirmen su rechazo a la violencia. Recurrir a ésta no la beneficia, sino todo lo contrario, pero la ciudadanía debe tenerlo muy claro para que no se deje engañar. Por lo pronto, es preciso que se aclare perfectamente quién estuvo detrás de la “agresión” al candidato del PRI, pues no es creíble que los agresores sean tan estúpidos de llevar identificaciones de una supuesta militancia en la izquierda.
Es evidente que la oligarquía no acepta de buen grado perder una parte de su poder, tal como lo patentizan sus actos. Sin embargo, actuar violando el marco legal sería un gravísimo error, sobre todo en las condiciones actuales del país, luego de cinco años y medio de una “guerra” muy violenta que rebasó con mucho los límites que se habían fijado las propias autoridades al ser iniciada por Felipe Calderón. Cancelar la vía pacífica, por la ceguera y egoísmo de la clase política en el poder, sería abrir las puertas de una ingobernabilidad que costaría mucha sangre corregir y superar. Todos los sectores serían perjudicados, y el país entraría en un tobogán de horror del que la oligarquía sería la primera en tratar de salir.
La única fórmula para evitar que el país se desbarranque es permitiendo que el pueblo elija el camino que quiere para México los próximos seis años. De ahí el compromiso mayúsculo de la autoridad electoral en esta coyuntura, que está obligada a cumplir con un sentido patriótico por encima de cualquier consideración. Nunca como en este momento, el Instituto Federal Electoral (IFE) debe mostrar a tirios y troyanos su viabilidad como el instrumento idóneo para evitar conflictos antes y después de las elecciones más determinantes para los mexicanos.
Es por demás inviable pretender forzar la realidad, como sería el caso si la oligarquía se empeñara en avalar un fraude electoral. Las condiciones actuales del país no están dadas para permitir un hecho así, no sólo por la extrema violencia que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, sino porque el mundo está al borde de una conflagración económica que necesariamente habrá de afectarnos a los mexicanos, en caso de que se materializara. De cualquier manera, lo que México requiere con suma urgencia es frenar esa escalada de violencia irracional, y el mejor camino es ampliando el curso de la democracia, respetando la voluntad popular en las urnas.
Los hechos mencionados ejemplifican los resabios de autoritarismo que algunos actores políticos no quieren dejar atrás. Las elites de la sociedad y los dirigentes de los partidos deben mostrar su madurez en este momento, para evitarle al país males mayores. Sería el peor error pretender acallar las voces de la juventud con intimidaciones y represiones aparentemente sin autoría. Lo ocurrido en Tepeaca, Puebla, es una muestra de que no es fácil ocultar la realidad. Se quiso culpar absurdamente a la organización #YoSoy132, pero se aclaró que dicho grupo estudiantil no tiene miembros en dicha población, como puntualizó Natalia Leal, integrante del mismo en la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.
Afirmó: “Nosotros, en #YoSoy132 no aprobaremos nunca la forma violenta para manifestarnos”. Tampoco conviene ese camino a quienes luchan por lograr avances democráticos, pues la violencia es la justificación ideal para generar una respuesta más violenta de las fuerzas que se oponen a que se acelere la marcha de la sociedad hacia metas incluyentes. La “guerra sucia” contra el candidato del Movimiento Progresista es un claro indicio del rechazo de la oligarquía a que México se democratice. Los espots mentirosos del PAN, así como el empeño del PRI por enturbiar los comicios con provocaciones absurdas, son una vía expedita al despeñadero del proceso electoral. Las consecuencias serían de tal magnitud que la propia elite de la oligarquía sería la primera en lamentarlo, pues México entraría en un maremágnum de horror que dejaría corta la violencia que hemos sufrido en estos últimos años.
Las provocaciones, como la escenificada en el poblado de Tepeaca, Puebla, son igualmente una forma absurda de llamar a la violencia. Es por demás obvio el propósito buscado por el PRI estatal al perpetrar un hecho tan burdo: justificar una escalada de reproches y acciones represivas contra el Movimiento Progresista, que necesariamente subirían de tono. Desde luego, es preciso que la izquierda se deslinde de tales hechos y sus dirigentes reafirmen su rechazo a la violencia. Recurrir a ésta no la beneficia, sino todo lo contrario, pero la ciudadanía debe tenerlo muy claro para que no se deje engañar. Por lo pronto, es preciso que se aclare perfectamente quién estuvo detrás de la “agresión” al candidato del PRI, pues no es creíble que los agresores sean tan estúpidos de llevar identificaciones de una supuesta militancia en la izquierda.
Es evidente que la oligarquía no acepta de buen grado perder una parte de su poder, tal como lo patentizan sus actos. Sin embargo, actuar violando el marco legal sería un gravísimo error, sobre todo en las condiciones actuales del país, luego de cinco años y medio de una “guerra” muy violenta que rebasó con mucho los límites que se habían fijado las propias autoridades al ser iniciada por Felipe Calderón. Cancelar la vía pacífica, por la ceguera y egoísmo de la clase política en el poder, sería abrir las puertas de una ingobernabilidad que costaría mucha sangre corregir y superar. Todos los sectores serían perjudicados, y el país entraría en un tobogán de horror del que la oligarquía sería la primera en tratar de salir.
La única fórmula para evitar que el país se desbarranque es permitiendo que el pueblo elija el camino que quiere para México los próximos seis años. De ahí el compromiso mayúsculo de la autoridad electoral en esta coyuntura, que está obligada a cumplir con un sentido patriótico por encima de cualquier consideración. Nunca como en este momento, el Instituto Federal Electoral (IFE) debe mostrar a tirios y troyanos su viabilidad como el instrumento idóneo para evitar conflictos antes y después de las elecciones más determinantes para los mexicanos.
Es por demás inviable pretender forzar la realidad, como sería el caso si la oligarquía se empeñara en avalar un fraude electoral. Las condiciones actuales del país no están dadas para permitir un hecho así, no sólo por la extrema violencia que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional, sino porque el mundo está al borde de una conflagración económica que necesariamente habrá de afectarnos a los mexicanos, en caso de que se materializara. De cualquier manera, lo que México requiere con suma urgencia es frenar esa escalada de violencia irracional, y el mejor camino es ampliando el curso de la democracia, respetando la voluntad popular en las urnas.
Los hechos mencionados ejemplifican los resabios de autoritarismo que algunos actores políticos no quieren dejar atrás. Las elites de la sociedad y los dirigentes de los partidos deben mostrar su madurez en este momento, para evitarle al país males mayores. Sería el peor error pretender acallar las voces de la juventud con intimidaciones y represiones aparentemente sin autoría. Lo ocurrido en Tepeaca, Puebla, es una muestra de que no es fácil ocultar la realidad. Se quiso culpar absurdamente a la organización #YoSoy132, pero se aclaró que dicho grupo estudiantil no tiene miembros en dicha población, como puntualizó Natalia Leal, integrante del mismo en la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.
Afirmó: “Nosotros, en #YoSoy132 no aprobaremos nunca la forma violenta para manifestarnos”. Tampoco conviene ese camino a quienes luchan por lograr avances democráticos, pues la violencia es la justificación ideal para generar una respuesta más violenta de las fuerzas que se oponen a que se acelere la marcha de la sociedad hacia metas incluyentes. La “guerra sucia” contra el candidato del Movimiento Progresista es un claro indicio del rechazo de la oligarquía a que México se democratice. Los espots mentirosos del PAN, así como el empeño del PRI por enturbiar los comicios con provocaciones absurdas, son una vía expedita al despeñadero del proceso electoral. Las consecuencias serían de tal magnitud que la propia elite de la oligarquía sería la primera en lamentarlo, pues México entraría en un maremágnum de horror que dejaría corta la violencia que hemos sufrido en estos últimos años.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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