Ante CEDAW, casos de violencia contra informadoras

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Activistas documentan 71 casos entre 2010 y 2011

Por Gladis Torres Ruiz  

México, DF, 12 jun 12 (CIMAC).- Frente al desinterés del Estado mexicano ante los casos de violencia contra mujeres periodistas, organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) llevarán por primera vez el tema ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

En el informe “sombra” o alterno “El gobierno de México miente”,  que se presentará el próximo 17 de julio ante el Comité de la CEDAW, se indica que 71 mujeres periodistas fueron violentadas de diferentes formas, tan sólo de enero de 2010 a diciembre de 2011. Una de ellas está desaparecida y otras seis fueron víctimas de feminicidio.

Según el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en lo que va de 2012 se han registrado 16 casos de violencia contra trabajadoras de los medios informativos. Entre ellos figura el asesinato el pasado 28 de abril de la corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, Regina Martínez Pérez.

A la lista se suma la desaparición apenas el pasado 8 de junio de Stephania Rodríguez Cardoso, reportera policiaca de los periódicos Zócalo Saltillo y Calibre 57 en el estado de Coahuila. Ella desapareció junto con su hijo de dos años.

El informe “sombra” elaborado por más de 200 organizaciones civiles del país en respuesta a dos reportes entregados por el Estado mexicano a la CEDAW en 2006 y 2010, describe por primera vez en un documento de este tipo la violencia cometida contra mujeres en el ejercicio de su labor periodística.

Se detalla que la violencia psicológica y física contra las informadoras incluye amenazas de daño a sus hijas e hijos, difamación, hostigamiento, acoso sexual y laboral, incluso por parte de sus pares varones, así como de sus fuentes de información, hasta la desaparición y el feminicidio.

Las activistas señalan que en 2010 fueron asesinadas tres periodistas: Selene Hernández, del Estado de México; María Isabel Cordero Martínez, de Chihuahua, y María Elvira Hernández Galeana, de Guerrero.

Se destacan los casos de feminicidio de Rocío González Trápaga y Ana María Marcela Yarce, de la revista Contralínea, ocurridos el 31 de agosto de 2011 en el DF, y el de la periodista Yolanda Ordaz de la Cruz, perpetrado en Veracruz el 26 de julio del mismo año.

El documento apunta que la violencia psicológica, física y sexual manifestada en la desaparición forzada, la tortura y exposición de los cuerpos de las periodistas en la vía pública, y en fotografías difundidas por algunos medios; así como la difamación y/o cuestionamiento de su vida tanto personal como profesional, demuestran que las agresiones contra estas tres mujeres se agravaron por la labor que desempeñaban.

“El proceso de violencia enfrentado por las tres periodistas da muestra clara de las múltiples violaciones a los DH de las mujeres y de la falta de garantía del Estado mexicano de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género firmada en numerosos tratados internacionales, así como para garantizar el libre y seguro ejercicio periodístico en el país”.

En el documento que será analizado por 23 expertas que integran el Comité de la CEDAW –sistema de vigilancia de la aplicación de la Convención por parte de los Estados que la han ratificado–, se asienta que es necesario que las periodistas sean tomadas en cuenta de manera especifica en todos los instrumentos nacionales e internacionales contra la violencia de género.

Igualmente deben incluirse en las recomendaciones que hagan las agencias de Naciones Unidas referentes a los DH, para mejorar su condición social y profesional como sujetas de cambio y aporte social a través de su labor periodística.

En el informe “sombra”, las activistas agregan que los instrumentos y legislaciones deberán considerar que la labor social de informar es un derecho humano que debe ser ejercido de un modo seguro.

México ratificó la CEDAW el 23 de marzo de 1981 y ese mismo año entró en vigor. Nuestro país es el más violento de América Latina para ejercer el periodismo, y el segundo del mundo después de Irak, según los relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).