6/14/2012

Acuerdos del G-20 golpean bolsillos de las mujeres



Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 13 jun 12 (CIMAC).- Organizaciones de mujeres de México y América Latina (AL) denunciaron que las políticas económicas, emanadas de los acuerdos del G-20, afectan las condiciones laborales de las trabajadoras y aumentan su pobreza.

Por ello llamaron a “alzar la voz” para detener “la imposición de una política económica homogénea” determinada por el G-20 –integrado por 19 países industrializados y emergentes, más la Unión Europea (UE)–, la cual pretende disminuir la calidad del empleo para superar la actual crisis financiera, dijo a Cimacnoticias Beatriz Luján, coordinadora nacional del Frente Auténtico del Trabajo (FAT).

En la víspera de la reunión de este grupo el 18 y 19 de junio, en Los Cabos, Baja California Sur, trabajadoras, activistas, legisladoras, así como representantes indígenas y campesinas del país y de AL, se reunieron hoy para señalar el impacto de las políticas derivadas del G-20 en la vida de las mujeres.

Beatriz Luján indicó en entrevista que la respuesta de los gobiernos de ingreso alto a la crisis financiera ha derivado en recortes salariales, a las prestaciones y a la seguridad social, y en el recrudecimiento de la desigualdad en la repartición de la riqueza.

Las mujeres son las más perjudicadas porque se ocupan mayoritariamente en los empleos con menor protección social, como los del sector informal.

Por ejemplo, en México de 2000 a 2009, el número de trabajadoras sin seguridad social aumentó 34.4 por ciento. Hasta 2010, las mujeres en esta situación sumaban 10.8 millones, según un análisis del FAT basado en información oficial.

La disminución en la cobertura de este derecho está ligada a la mayor participación de las mujeres en la economía informal. Sólo en el sexenio de Felipe Calderón, por cada empleo formal se generaron tres informales, es decir, cada día se sumaron mil 400 personas a este sector.

El 29.3 por ciento de las mujeres se ocupa en la informalidad, mientras que entre los hombres la tasa es de 27.9 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Luján refirió que otras consecuencias de los acuerdos del G-20 son más desempleo y el aumento de despidos injustificados, como ocurrió con las y los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en octubre de 2010, cuando por decreto presidencial se liquidó a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Cecilia Figueroa, integrante del SME, quien participó en el encuentro de mujeres que se oponen a los lineamientos dictados por el G-20, señaló que los “planes anticrisis” de este grupo “golpea” las conquistas laborales de las y los trabajadores.

La trabajadora electricista aseguró que Felipe Calderón emitió el decreto de extinción de LyFC con la intención de privatizar el servicio de energía eléctrica, “alineándose” a las disposiciones de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Con la desaparición de la empresa “pretendían quitarse un obstáculo para la privatización del sector, ya que el SME se opuso a esa política desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (presidente de México de 1988 a 1994)”.

De las 44 mil trabajadoras y trabajadores de LyFC que perdieron su empleo, 10 por ciento son mujeres, quienes ahora enfrentan una “triple jornada”, explicó Cecilia Figueroa.

“Ellas al perder su fuente de trabajo, ingresaron a las filas de la informalidad, siguieron con el cuidado de sus hogares, y añadieron a su jornada laboral las actividades de la resistencia: acuden a los mítines, las marchas y asambleas”, precisó.

Además de la UE, los 19 países que conforman el G-20 son: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía.

En las reuniones del grupo, celebradas desde 2010, participan jefes de Estado, gobernadores de bancos centrales y encargados de las finanzas en esas naciones, quienes discuten y definen la política económica que llevarán a cabo.

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