La compañía Mexicana de Lubricantes fue el primer esquema de asociación de Pemex con empresas privadas. Sus resultados: en 19 años, la paraestatal no ha obtenido un solo peso de ganancia; por el contrario, tal sociedad le ha generado pérdidas cuantificadas en más de 30 mil millones de pesos. Pemex no tiene acceso a los libros contables, ni voz ni voto en su administración. En diciembre pasado, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó la documentación contable y financiera de Mexlub e identificó la corresponsabilidad de funcionarios de Pemex en las irregularidades
En el número 2270 de la avenida 8 de Julio, en la Zona Industrial
de Guadalajara, se ubican las oficinas corporativas de una empresa
privada de la que Petróleos Mexicanos (Pemex) es socia con el 49 por
ciento del capital accionario. Se trata de Mexicana de Lubricantes
(Mexlub), compañía dedicada a la elaboración de lubricantes y aditivos
automotrices, aceites industriales y grasas. Su director, desde 1993,
año de su fundación, es Salvador Martínez Garza, empresario neoleonés
avecindado en Guadalajara desde 1945, quien incursionó en el negocio
petrolero como representante de Texaco, convertido luego en socio de
Pemex.
El de los lubricantes representa el 5 por ciento de las ventas
totales de los petrolíferos en el país, se trata de uno de los 40
negocios más lucrativos en México, un negocio en el que Mexlub se
anuncia como líder. La compañía, de la que cada uno de los mexicanos es
socio, tiene oficinas en Guadalajara, Monterrey, Veracruz y Hermosillo,
dos plantas de producción en Lagos de Moreno, Jalisco, y Tultitlan,
Estado de México, y una planta de distribución en Tijuana, cada una “con
personal altamente capacitado, lo que le permite responder a las
demandas de los diversos mercados en los que participa”.
Según se anuncia, es “líder en venta de lubricantes automotrices e
industriales, aditivos y grasas, con avanzada tecnología de producción,
instalaciones certificadas, una amplia línea de productos de la más alta
calidad y un equipo humano profesional, comprometido a superar las
expectativas de los mercados más exigentes”.
Abona a la confianza de sus accionistas el que la compañía, “ha
tenido la visión de invertir en tecnología de vanguardia en cada uno de
sus procesos, siempre bajo las más estrictas normas de calidad y
regulaciones para el cuidado y protección del medio ambiente”.
Además de su presencia en el mercado nacional, la compañía exporta a
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.
Sin duda que es un buen negocio, tanto, que incluso su director se
hizo dueño de uno de los equipos de futbol más taquilleros del país, el
emblemático Club Deportivo Guadalajara (conocido popularmente como las Chivas Rayadas del Guadalajara), equipo que conoció como patrocinador de la marca Texaco que el rebaño sagrado
portó impreso en la parte frontal de sus playeras durante la temporada
1993-1994. Aficionado al futbol y cierto del negocio que representa, el
socio de Pemex, proyectó en 2011 la compra de otro equipo de futbol, el
Atlas, los Zorros rojinegros cuya marca está valuada en 60 millones de dólares.
En el lucrativo negocio de los lubricantes, el problema estriba en
que aún cuando Pemex posee el 49 por ciento de las acciones, en los 19
años de existencia de la compañía, no ha recibido un solo dividendo como
ganancia.
Coinversión fallida
El caso de Mexlub es un ejemplo de que la asociación de Pemex con
capital privado no es garantía de eficiencia y transparencia, ni panacea
para su desarrollo. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se
impulsó el primer esquema de asociación privada en la industria
petrolera. Se crearía una empresa asociada con privados, que formulara,
envasara y comercializara lubricantes terminados y grasas, para que
Pemex se limitara a producir en sus refinerías exclusivamente
lubricantes básicos.
La empresa tendría capital mixto, con el 49 por ciento de las
acciones para Pemex y el 51 por ciento para sus socios particulares, con
el objetivo de que la sociedad no se sujetara a la regulación aplicable
a las empresas paraestatales y contara con el control operativo propio.
El socio debía aportar el capital inicial para la inversión y, al cabo
de dos años, la compañía sería independiente.
Mediante el otorgamiento de una licencia para formular, envasar y
vender las marcas que comercializa Pemex, la compañía conservaría el
acceso exclusivo de los lubricantes automotrices a la red de estaciones
de servicio propiedad de Pemex. El 9 de abril de 1992, el Consejo de
Administración aprobó el esquema, y se convocó a un proceso de
licitación en el cual en enero de 1993 se eligió como socio a Impulsora
Jalisciense, SA de CV.
Dicha compañía se había constituido ese 11 de enero de 1993 en una
notaría de Guadalajara, por los socios Industrial de Compuestos
Químicos, SA de CV (ICQ), Grupo Industrial Martínez Garza, Envases de
Acero Guadalajara, Grupo Financiero Abaco, Grupo Villacero, entre otros,
bajo la dirección de Salvador Martínez Garza.
Ocho días después, el 19 de enero, formalizaban la sociedad con
Pemex, mediante un contrato de coinversión y la constitución de la nueva
empresa denominada Mexicana de Lubricantes, cuyo objeto social fue “la
formulación, envasado, transporte y comercialización de toda clase de
aceites y grasas lubricantes y negocios afines en México y el
extranjero”.
Mexlub se constituyó con un capital fijo de 3 millones de pesos
integrado por 300 mil acciones con un valor nominal de 10 pesos cada
una; 59 por ciento, propiedad de Impulsora Jalisciense y 49 por ciento
de Pemex.
La administración estaría a cargo de un Consejo integrado por siete
consejeros propietarios y sus respectivos suplentes; cuatro de ellos
designados por Impulsora Jalisciense y tres por Pemex. El mismo día de
su creación el Consejo de Administración sesionó y acordó la
constitución del capital variable por 356 millones 600 mil pesos. Se
protocolizó ante notario público de Guadalajara y en febrero se
inscribió en el Registro Público de Comercio.
Se firmaron varios contratos operativos. En uno se estableció que
Mexlub debía comprarle a Pemex el 90 por ciento de los aceites básicos, y
el otro 10 por ciento negociarlo con precios acordes al mercado
internacional. También se firmó el contrato de maquila de aceites y
grasas. En éste se asignó a Mexlub la producción de aceites y grasas
utilizando aceites básicos proporcionados por Pemex; el producto sería
propiedad exclusiva de Pemex Refinación, subsidiaria que le entregaría
una parte de la venta, que prácticamente estaba asegurada. Para
Impulsora Jalisciense era sin duda un negocio redondo, cuantificado
entonces en 332 millones 196 mil pesos en crecimiento exponencial.
En diciembre de 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
máximo órgano de fiscalización en el país revisó la inversión de Pemex
en Mexlub y al escrutar las condiciones de la licitación encontró
irregularidades desde el proceso de licitación.
La ASF destaca que en la licitación, en la oferta de cada grupo se
debía especificar el monto de su postura más el importe de los derechos e
impuestos, y por escrito ratificar su oferta; sin embargo, en su
propuesta económica ICQ solicitó a Pemex su apoyo para financiar el IVA
hasta por un plazo de 60 días. Aun con ese antecedente se le declaró
ganadora, cuando debía descalificársele.
En el contrato de coinversión inicial entre Pemex y Mexlub también
se suscribió la obligación de Mexlub a pagar adicionalmente el IVA por
la compra-venta de los activos tangibles e intangibles de Pemex
Refinación que usaría la empresa por la cantidad de 50 millones 840 mil
pesos. Eso debía liquidarlo el 19 de febrero, pero lo pagó hasta agosto.
Las pugnas
Desde sus primeros años, la administración de Mexlub se llevó al
margen de la participación de Pemex, controlada únicamente por Impulsora
Jalisciense. La paraestatal quedó fuera de toda decisión corporativa, y
peor aún, no se le reportó un solo peso de ganancia.
El 21 de septiembre de 1993, Mexlub realizó gestiones para
registrar la marca del mismo nombre, pero le fue negada por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debido a que el 25 de agosto
la empresa Bardahl ya había registrado tanto la marca Mexlub como
Maxlub para lubricantes y grasas. El 30 de noviembre de 1994 se celebró
un contrato de licencia de uso de marcas Bardahl por un término de 20
años, en el que se otorgó a Mexlub la autorización de uso y explotación
de esas dos marcas. El 10 de octubre de 2000 Bardahl demandó en
tribunales mercantiles a Mexlub por violaciones al citado contrato.
El 13 de noviembre de 1997, la Comisión Federal de Competencia
(Cofeco) inició un procedimiento oficioso (ID16801) sobre la inversión
de Pemex en Mexlub.
Por su parte, Bardahl inició un litigio para reclamarle a Pemex el
pago de perjuicios ocasionados “desde la firma de los contratos de
coinversión y licencia de uso de marcas” con el cual se otorgó a Mexlub
la venta de grasas y lubricantes alegando que desde la firma de dichos
contratos no podía vender sus productos.
Paralelamente se acentuaron las diferencias entre Pemex y su socia
Impulsora Jalisciense. “Los problemas empezaron a partir de 2000 con la
oposición de Mexlub a proporcionar información y no celebrar asambleas,
por lo que Pemex Refinación tomó la decisión de rescindir y terminar los
contratos operativos celebrados entre ellos, mediante el aviso del día 6
de febrero de 2002”, de acuerdo con la versión del jurídico de Pemex,
la Oficina del Abogado General (OAG).
En efecto, aquel febrero Pemex le comunicó a Mexlub su
determinación de dar por terminados los contratos de maquila y de
licencia de uso de marcas, y por rescindido el contrato de suministro de
aceites básicos, argumentando que Mexlub incumplió sus obligaciones
sustanciales previstas en cada uno de los contratos referidos, pero
sobre todo, porque hasta esos momentos Mexlub no le había reportado
utilidades netas que pudieran ser distribuidas como dividendos en dos
ejercicios fiscales consecutivos, lo cual, según el contrato de
coinversión, era causal de disolución de la sociedad y rescisión del
contrato. Martínez Garza respondió con juicios de amparo.
Así empezó para Pemex uno de los casos más conflictivos en su
historia. Situaciones litigiosas costosas y abrumadoras. Un rosario de
procedimientos judiciales y administrativos instaurados entre Mexlub,
Impulsora Jalisciense y Pemex. Catorce juicios, algunos de ellos aún
vigentes, que involucraron a abogados de Pemex, adscritos a la OAG, en
conductas irregulares que hoy están incluso bajo escrutinio del Órgano
Interno de Control (OIC) y de la Procuraduría General de la República
(PGR), al detectarse la premeditada negligencia por parte de los
abogados de Pemex para defender el caso.
Corresponsabilidad de Pemex
Apenas en diciembre, la ASF auditó por fin la inversión de Pemex en
Mexlub. Los resultados –que fueron integrados en el informe de la
revisión a Cuenta Pública 2010– comprueban lo que durante muchos años ha
sido un secreto a voces: el enorme desaseo en la asociación
entre Pemex e Impulsora Jalisciense, y la corresponsabilidad de
funcionarios de Pemex en la administración discrecional de Mexlub, pero
sobre todo destaca la ineficacia en la defensa del patrimonio de la
paraestatal.
En pocas palabras, la ASF concluye que Pemex “no cumplió con las
disposiciones normativas aplicables”, tal y como precisan sus
resultados:
La
auditoría desaprueba desde el proceso mismo de licitación en la que se
eligió a Impulsora Jalisciense como ganadora del proceso, luego la
constitución de la empresa, su operación, e incluso en los procesos
litigiosos, lo que explica porqué hasta ahora el caso parece no tener
salida.
Los directivos de Pemex han justificado que desde que Mexlub
comenzó a operar no se le dio acceso a los estados financieros
dictaminados, pero la ASF detectó a este respecto que también hubo
graves incumplimientos solapados por Pemex. Por ejemplo, el no obligar a
los directivos de Mexlub a entregarles los informes trimestrales y
anuales de la situación financiera de la empresa, además de los informes
mensuales sobre las ventas y operaciones, y los informes trimestrales
debidamente firmados por su director de finanzas incluyendo el estado de
pérdidas y ganancias, balance general y flujo de efectivo; además del
presupuesto anual de inversión de capital. Todo ello estipulado en el
contrato de coinversión.
En diciembre, cuando auditó a Pemex respecto a su inversión en
Mexlub, la ASF le pidió a la paraestatal la información financiera que
estuvo obligada a proporcionar Mexlub de acuerdo con sus obligaciones
contractuales. Sin embargo los directivos de la paraestatal le dijeron
que no había antecedentes de dicha información.
Para privilegiar a Mexlub desde Pemex, los contratos fueron
modificados restándole importancia a la paraestatal. La primera
modificación fue en noviembre de 1994, sin que hubiera un convenio
modificatorio, pero tales modificaciones fueron avaladas también por el
jurídico. En tales modificaciones contractuales se dejaba a la
paraestatal en franca desventaja frente a la socia, pues se eliminó la
obligación de que Mexlub adquiriera cantidades mínimas de aceites
básicos (paranínficos y nafténicos); aunque subsistió la obligación de
comprarle a Pemex el 90 por ciento mínimo de los aceites básicos que se
requirieran para cubrir el mercado, en 1996 dicha cláusula también se
modificó para que se comprara el volumen que Mexlub “deseara”.
El negocio iba creciendo a favor de los accionistas privados de
Mexlub. Pemex Refinación se obligó a incluir en sus contratos de
franquicias, concesiones o autorizaciones otorgados a las gasolineras en
todo el país, una cláusula en la que las gasolineras estaban obligadas a
vender únicamente los productos autorizados comercializados bajo las
marcas licenciadas. Las licencias y derechos se le otorgaron a Mexlub de
manera gratuita.
Luego Pemex argumentó que infructuosamente había intentado “por
diversas vías legales” ejercer sus derechos como socio de Mexlub.
Finalmente el 6 de febrero de 2002 notificaron la recisión y terminación
anticipada de los contratos operativos, con lo que se daba por
terminada la sociedad con Impulsora Jalisciense.
En 2005 Pemex llamó a una asamblea de accionistas con el fin de
aprobar los estados financieros de 2001 a 2004, solicitó auditorías y
nombrar consejeros. A Impulsora Jalisciense le demandó la venta forzosa
de sus acciones.
El 24 de abril de 2009, un juez de Distrito en Materia Civil de
Jalisco en una sentencia en firme ordenó a Mexlub convocar a una
Asamblea General de Accionistas para aprobar los estados financieros de
2001 a 2004, entre otros pendientes.
A partir de 2009, Pemex y Mexlub acordaron los términos en los que
podían dirimir el conflicto. Firmaron un memorándum de entendimiento, a
fin de llevar a cabo una auditoria de la situación financiera, fiscal y
legal. En julio de 2010 se convocó a una reunión de accionistas para
elegir al Consejo de Administración, el grupo directivo y un comité
especial.
Ganancias y pérdidas
En
diciembre pasado, cuando la ASF auditaba la inversión de Pemex en
Mexlub, le solicitó a la paraestatal los estados financieros del periodo
1993 a 2010. Pemex le proporcionó copia de los estados financieros de
los ejercicios de 1993 a 2000 aprobados por el Consejo de Administración
y autorizados por la Asamblea de Accionistas de Mexlub; y remitió los
correspondientes a los ejercicios de 2001 a 2005 y 2007 a 2009. El resto
no. Registra la ASF que hasta ese diciembre de 2011, los estados
financieros correspondientes a los años de 2002 a 2005 y de 2007 a 2009
no habían sido aprobados por el Consejo de Administración ni por la
Asamblea de Accionistas de Mexlub, por lo que carecen de validez
oficial.
Salvador Martínez Garza, el socio de Pemex, según consideraciones
de la paraestatal, no ha tenido una administración transparente de
Mexlub. La ASF ofrece algunos datos en términos monetarios, entre los
que destacan sobre todo millonarias pérdidas avaladas por Pemex. Cabe
señalar que las cifras que registra la ASF tienen como referencia
también la revisión contable y financiera sobre la inversión en Mexlub
que hizo la Unidad de Control de Gestión Pública de la Secretaría de la
Función Pública.
En 1993 se obtuvo una utilidad de 71 millones 970 mil pesos; al año
siguiente registró pérdidas significativas por 105 millones de pesos;
en 1995 pérdidas por 59 millones 294 mil pesos; en 1997 una pérdida por
185 millones 375 mil pesos.
La cifra siguiente es la de 2000 en que se registró una utilidad
por 5 millones 847 mil pesos; en 2001 una pérdida por 35 millones 154
mil pesos; en 2002 pérdidas por 1 mil 400 millones de pesos, y en 2003
por 200 millones.
En 2005 una pérdida por 82 millones de pesos; en 2006 utilidad por
28 millones y en 2007 por 102 millones; en 2008 utilidad por 72
millones; en 2009 utilidades por 140 millones.
Al mismo tiempo diversos oficios internos de la paraestatal
alertaron de la posibilidad de que se perdiera el valor de la inversión
en el capital social de Mexlub. Se aludía también a observaciones hechas
por auditores externos en el sentido de que no había evaluaciones sobre
la recuperabilidad de la inversión en Mexlub, e incluso se sugería que
se revisara y dicha empresa podría hacer frente a sus obligaciones.
De acuerdo con los estados financieros de Pemex Refinación, que en
diciembre de 2011 revisó la ASF, el monto de inversión de Pemex en la
compañía asociada Mexlub al valor de las acciones era de 157 millones 93
mil pesos, al 31 de diciembre de 2010.
Los 764 millones de pesos en inversión en acciones incluyen 178
millones 796 mil pesos de inversión inicial de 1993, 453 millones 877
mil 600 pesos que se han capitalizado desde ese año hasta 2001, y 121
millones 470 mil 400 pesos de reexpresión. Señala la ASF que las
estrategias de mercado emprendidas por la administración no se han
reflejado en los resultados de la compañía. La participación de Mexlub
que en 1992 ascendía al 41 por ciento, según Pemex, ha venido
disminuyendo.
Pero además, hubo malos manejos en la administración de Mexlub que suenan
más a desfalco. Por ejemplo, que funcionarios de Mexlub recibieron
altos sueldos por lo menos entre marzo de 1997 y septiembre de 2001, no
obstante que no desempeñaban cargo alguno en la compañía desde marzo de
1997.
También los honorarios legales y contables pagados a despachos
externos por litigios como los de Bardahl, y de la Cofeco, que fueron
muy elevados en comparación con las utilidades que Mexlub tuvo en los
primeros nueve años de su existencia. Y parte de esos gastos se llevaron
al activo fijo. Los honorarios legales y contables de los litigios de
Bardahl y Cofeco ascendieron a 44 millones 600 mil pesos.
Luego está también la auditoría legal practicada a Mexlub “para la
asesoría y la defensa de la empresa en los juicios” que costó nada más y
nada menos que 64 millones 541 mil pesos, pagados a 11 despachos
jurídicos privados.
Todas las decisiones tomadas por Martínez Garza de manera
unilateral, pues, según la ASF los inversionistas no sesionaron entre
2002 y noviembre de 2010. Los comisarios designados entre 2004 y 2010 no
contaron con la aprobación de la Asamblea para fungir con tal carácter.
La responsabilidad de los directivos de Pemex no para allí. La ASF
registra que Pemex no le informó de los criterios y el procedimiento
para determinar el porcentaje de la provisión para baja de valor de las
acciones de Mexlub, ni la justificación para mantener la provisión
creada desde 2002. El 9 de enero de 2012 los directivos de Pemex
Refinación, subsidiaria que encabeza Miguel Tame, dijeron a los
auditores de la ASF que no localizaron nada de esa información.
Entre sus conclusiones, la ASF destaca este apartado como uno de
los casos que Pemex debe revisar de manera urgente, pues, sin
explicación alguna, las acciones de Pemex en Mexlub cayeron
estrepitosamente. En 1993 cuando se creó la compañía, cada acción tenía
un valor unitario de 10 pesos; en 2002 valían 39.79; en 2006 llegaron a
48.80, y a partir de 2008 registraron una fuerte caída, hasta llegar en
2010 a 22.82 pesos.
En términos de sus obligaciones hacendarias, de acuerdo con el
Servicio de Administración Tributaria, Mexlub no ha presentado dictamen
fiscal durante los ejercicios de 2006 a 2010, según registra la ASF.
La propuesta para dirimir el conflicto
Los resultados de la ASF explican por qué la propuesta que circuló en Pemex de hacer borrón y cuenta nueva
con su socia Mexlub, causó tanta polémica ventilada en la prensa. Entre
2010 y 2011 directivos de Pemex tuvieron, en las oficinas de Avenida
Marina Nacional, reuniones diversas para analizar el caso Mexlub. Se
habló de los estados financieros, de los juicios, los precios de
transferencia y los posibles escenarios que pudieran presentarse, con la
finalidad de determinar la postura de Pemex respecto a esa sociedad.
Al interior de Pemex se propuso el borrón y cuenta nueva en
relación con esa empresa, propuesta que resulta particularmente
“escandalosa”, considerando la estimación que auditores han hecho de que
en esta asociación la pérdida para Pemex hasta ahora es de 30 mil
millones de pesos.
En la minuta de la reunión preparatoria de la asamblea general
ordinaria de accionistas de Mexlub convocada para el 1 de febrero de
2011, la OAG señaló que no se le proporcionó la copia certificada del
acta de la asamblea general ordinaria de accionistas del 31 de mayo de
1996, en la cual supuestamente se autorizaron los estados financieros
del ejercicio fiscal 1995 que registraban la primer pérdida millonaria.
La propuesta que se barajó en Marina Nacional fue “la conveniencia”
de mantener la asociación con Mexlub. Restablecer la relación comercial
y corporativa entre los socios para dar valor a la empresa, terminar
los conflictos judiciales y evaluar la conveniencia de permanecer en la
sociedad o enajenar la parte accionaria.
La ASF registra que Pemex le negó varios expedientes relacionados
con la evaluación del capital accionario, no se los entregó Pemex
argumentando que ya no se cuenta con ellos. Tampoco tuvo acceso a la
información fiscal completa.
Destaca que en los estados financieros de 2010 Pemex Refinación
presentó 157 millones 93 mil pesos de inversión en Mexlub, conformados
por 764 millones 144 mil pesos de inversión en acciones, menos una
reserva del 80 por ciento para baja de valor de las mismas por 607
millones 51 mil pesos.
La defensa
El
litigio Pemex-Mexlub se convirtió en uno de los casos más cuestionados
respecto al desempeño de la OAG. No pocas veces se habló de deficiencias
jurídicas premeditadas en la defensa de Pemex, y el conflicto de
intereses entre los abogados de la paraestatal y los múltiples despachos
privados contratados por Mexlub para cada juicio.
Destaca sobre todo el caso de Néstor García Reza, titular de dicha
oficina a partir de 2003, vinculado a varios de los despachos de
Guadalajara que litigaban en contra de Pemex.
Hubo en la paraestatal otros eventos que despertaban la suspicacia
sobre el proceder de sus abogados en el caso. En 2002, por ejemplo, el
expediente original del proceso de licitación a favor de Impulsora
Jalisciense y el expediente de la constitución de Mexlub fueron
sustraídos de las oficinas de Pemex. La OAG presentó ante la PGR una
denuncia de hechos por la “sustracción y/o extravío” del expediente,
pero nunca aportó elementos, ni dio seguimiento alguno a la denuncia,
por el contrario, convalidó la propuesta del Ministerio Público de
reservar el asunto a partir del 29 de septiembre de 2003.
Un mes antes, la Oficina del Abogado General tampoco se opuso a que
la contraloría interna determinara archivar el expediente 036/2002
donde indagaba la implicación de funcionarios responsables, bajo el
argumento de que la OAG no pudo establecer la fecha del extravío del
expediente.
Gabriel Reyes Orona, director de Transparencia Nacional, define el
caso como “uno de los más conflictivos dentro de Pemex”. El caso Mexlub
es además, “uno de los cinco que más ha impactado las finanzas de
Pemex”, dice este exprocurador fiscal, quien en los últimos años ha
escrutado puntualmente el manejo financiero del caso.
Destaca el papel de los abogados de Pemex, quienes, señala Reyes
Orona, “se vieron implicados en omisiones y actos deliberados para que
el asunto fuera contrario a Pemex”.
Por tal conducta, incluso, Reyes Orona denunció ante el Órgano
Interno de Control al titular de la OAG, Néstor García Reza, al detectar
que “en el caso de Mexlub no solamente enderezaba acciones sin
acreditar las pruebas suficientes, sin presentar debidamente los
procesos y sin acompañarla de los elementos suficientes y eso derivó en
que a lo largo de los últimos cinco años se han disipado las
responsabilidades y el saqueo que ha habido en Mexlub. Eso no era
casual, recordemos que Néstor García Reza guarda mucha relación con
despachos de abogados externos que tienen vinculación directa con el
consejo de administración de Mexlub, particularmente en Guadalajara”.
La responsabilidad de los abogados de Pemex en el caso Mexlub no ha
sido ajena para el resto de los directivos de la paraestatal. De hecho,
en las reuniones recientes del Consejo de Administración de Pemex se ha
planteado la identificación por la oficina del abogado general de Pemex
de la posible comisión de actos ilícitos con el consecuente comienzo de
acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.
Ahora, en su informe de auditoría, la ASF destaca que el jurídico
de Pemex no ha dado seguimiento ni ha hecho las acciones suficientes
para la resolución de los litigios en su contra promovidos por Impulsora
Jalisciense y Mexlub. Aún cuando desde el 15 de diciembre de 2004, los
contratos se suspendieron por la resolución judicial, “han transcurrido
siete años y no se ha resuelto la problemática”, destaca la ASF en el
dictamen en que reprueba el proceder de los funcionarios de Pemex en
este caso.
Aún con las cifras que expone la ASF el caso de Mexlub aún está
lleno de claroscuros. Lo único cierto es que de la inversión que en 1993
Pemex hizo en la empresa que dirige Salvador Martínez Garza, 178
millones 796 mil pesos, no le reportó dividendo alguno, por el
contrario, según cuantificación de auditores, la sociedad le ha costado a
la paraestatal 30 mil millones de pesos.
Para la elaboración de este trabajo se solicitaron entrevistas con
los directivos de Pemex y con el de Mexlub, Salvador Martínez. Hasta el
cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Procesos litigiosos por Mexlub
De los 14 procedimientos jurídicos destacan:
-
Impulsora Jalisciense en su carácter de socio mayoritario de Mexlub y
Mexlub promovieron juicio de amparo (ID19858) contra la iniciativa de
Pemex de rescindirle los contratos de maquila, suministro y de licencia
de uso de marcas. Obtuvieron la suspensión lo que evitó, durante varios
años, la terminación anticipada y la recisión de los contratos citados.
Ello permitió que continuara surtiendo sus efectos y que Mexlub operara
con normalidad. Pero en Pemex, en virtud de que se suspendió el
suministro de básicos a Mexlub y no se habían generado órdenes de
maquila, en 2002 Pemex Refinación registró una reserva para baja de
valor por el 80 por ciento de la inversión en Mexlub.
-
El 10 de julio de 2003, el procedimiento oficioso ID16801 de la
Comisión Federal de Competencia resultó en contra de Pemex Refinación:
le ordenó que no incurriera en prácticas monopólicas.
-
El 9 de agosto de 2005 Pemex Refinación demandó el ejercicio del
derecho a la compra de las acciones (ID00076). Este asunto se encuentra
concluido y mediante él se pretendía la adquisición de las acciones al
85 por ciento de su valor. Se determinó no procedente porque los estados
financieros de 2001 y 2002 no estaban aprobados por la asamblea
ordinaria de accionistas.
-
El 20 de diciembre de 2005, Pemex promovió un juicio contra Mexlub
(ID12905), en virtud de que entre 2002 y 2004 no se llevaron a cabo
asambleas generales ordinarias de accionistas.
-
El 7 de junio de 2006 presentó una denuncia penal en contra de
diversos ejecutivos de Mexlub acusados de administración fraudulenta.
-
El 6 de diciembre de 2006, la autoridad judicial competente admitió a
trámite el juicio de amparo que Impulsora de Jalisco interpuso en
contra de Pemex por el acuerdo por el que se dio a conocer la
modificación del trámite PMXRE-00-002 incorporación a la franquicia
Pemex (ID13117), emitido por Pemex Refinación, mediante el cual se
modificaron algunos aspectos. La modificación amplía el objeto social
para que los franquicitarios puedan vender cualquier marca de aceites y
lubricantes y no solamente la marca Pemex.
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