Advierte Tlachinollan posible impunidad en violaciones a DH
Por Anayeli García Martínez
México, DF, 12 jun 12 (CIMAC).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que discuta y dicte sentencia en los asuntos relativos al fuero militar radicados en el alto tribunal.
En virtud de que el pasado 7 de mayo la SCJN ordenó, a través del acuerdo 06/2012, que los jueces de todo el país aplazaran el análisis de los expedientes relacionados con el fuero militar hasta que las y los ministros se pronunciaran al respecto, Tlachinollan demandó que los casos se discutan lo más pronto posible.
En entrevista, Santiago Aguirre, abogado de la organización humanitaria, urgió a la Corte a que analice los expedientes referentes a violaciones a Derechos Humanos (DH) ejercidas por militares, y que reitere que el fuero castrense se debe restringir en estos casos.
De acuerdo con Tlachinollan, las violaciones a DH cometidas por elementos de las fuerzas armadas aumentaron dramáticamente desde 2006 como consecuencia directa de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón.
A decir de Aguirre, se debe agilizar la revisión de los casos por parte de la SCJN para evitar que efectivos castrenses queden sin castigo cuando cometen delitos contra civiles, como los ocurridos en 2002 cuando, en hechos por separado, militares violaron en Guerrero a las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo.
El abogado, quien litigó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los casos de Inés y Valentina, explicó que la interpretación que establezca la Suprema Corte será trascendental para reiterar que el fuero castrense se debe restringir en casos que involucren a civiles como víctimas.
Para que esta interpretación siente jurisprudencia es necesario que la SCJN se pronuncie respecto a casos contenciosos, es decir, expedientes en los que hay dos partes en litigio, por ello la importancia de que se resuelvan los 28 casos radicados en el alto tribunal.
De estos 28 casos en espera de análisis, 26 son juicios de amparo en revisión, un conflicto competencial y un amparo directo en revisión. El amparo directo en revisión se refiere a la ejecución –en un retén militar en Huamuxtitlán, Guerrero– del indígena Bonfilio Rubio Villegas, el 20 junio de 2009
Aguirre, que también defiende a la familia de Bonfilio, recordó que si bien existe una petición para que el pleno de la SCJN se pronuncie respecto a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés y Valentina, esto es un proceso independiente.
El abogado advirtió que no sería extraño que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hiciera uso del derecho de audiencia ante las y los ministros, para exponer su desacuerdo en acotar el fuero militar, como lo ha reiterado en varias ocasiones.
Aguirre explicó que se sabe que uno de los argumentos de la Sedena para oponerse a esta demanda de las organizaciones es que la SCJN ya analizó una sentencia de la CoIDH sobre desaparición forzada, y estableció que los criterios de este organismo son orientadores y no obligatorios.
La CoIDH ha dictado cuatro sentencias contra México en las que exhorta a las autoridades a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para evitar que las violaciones a DH queden en la impunidad cuando se apela al fuero castrense.
No obstante, esta legislación no ha sido reformada y por el contrario, Tlachinollan advirtió que hay una resistencia para acatar las resoluciones internacionales –dos de estas por violación sexual–, y así continuar juzgando a los militares en los juzgados y tribunales de las fuerzas armadas.
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