Escrito por Jenaro Villamil
Richard
G. Lugar, el senador encargado de redactar el informe del Comité de
Asuntos Exteriores, dirigido a la Casa Blanca, en torno a los posibles
escenarios de la Reforma Energética en México.
El 21 de diciembre de 2012, a tres
semanas de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el senador
republicano Richard G. Lugar, redactó un extenso informe del Comité de
Asuntos Exteriores, dirigido a la Casa Blanca, con una valoración muy
amplia y documentada de los escenarios para la reforma energética en
México.
El informe de Lugar se elaboró tras
varias consultas que incluyeron el encuentro en octubre del mismo año
con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, con directivos de
Pemex, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con especialistas y
analistas de la embajada de Estados Unidos en México.
El reporte
es un retrato hablado del verdadero interés de Estados Unidos frente a
la reforma energética de México. Y es, también, el documento más claro
para entender que la iniciativa de reformas a los artículos 27 y 28
constitucionales no son para bajar los precios de la luz o del gas,
sino para cumplir con el principal postulado de este informe: nuestro
país “forma parte de la seguridad energética de Estados Unidos y de
Norteamérica”.
“Hablando con toda franqueza, sabemos
que podemos confiar en México como socio comercial; lo que no sabemos
es la cantidad ni la calidad de petróleo que será capaz de exportar en
los próximos años”, sentenció el senador por Indiana, con más de tres
décadas en el Congreso norteamericano.
“La clave” para entender hasta dónde
Estados Unidos puede confiar en México como parte de la “seguridad
energética” de la principal potencia militar y económica es muy clara
para Lugar: “el gobierno de México tendrá que ser sensible o facilitar
un ambiente de inversión extranjera para resolver asuntos que Pemex no
puede (a corto plazo) dada su situación actual de endeudamiento”.
Las prioridades para abrir la inversión
extranjera, vía concesiones y no otro tipo de contratos, son: el gas
natural, la reforma a la estructura de Pemex y garantizar el suministro
de crudo a Estados Unidos, tras el desplazamiento de México como
segundo suministrador de la potencia americana de crudo, por la
disminución de 3.4 millones a 2.5 millones de barriles diarios de
producción.
En el tema de la producción del gas, el
legislador republicano advierte que “varios interlocutores
puntualizaron en la necesidad de construir gasoductos conectados con
Texas”. El gobierno de Estados Unidos estima que México posee “una de
las más importantes reservas de gas shale en el mundo con más de 680
trillones de metros cúbicos”. Muchas de las reservas de gas shale se
ubican en las entidades colindantes precisamente con Texas.
Lugar advierte que será más fácil la
apertura del gas a inversionistas privados porque “políticamente es
menos sensible” que el tema de la producción y extracción de crudo.
En el punto de la reforma a Pemex el
informe senatorial sugiere que la paraestatal genere “mayor confianza”
a los inversionistas y posibles socios extranjeros. Propone la
posibilidad de que Pemex se adhiera a la Iniciativa de Transparencia de
Industrias Extractivas (EITI), de la que forman parte Nigeria, Noruega
o las repúblicas centroasiáticas de la ex Unión Soviética.
Incluso, propone reforzar la seguridad
en el sistema de oleoductos de Pemex y aconseja a Obama para que el
Departamento de Estado funja como intermediario entre Pemex, el
Departamento de Energía norteamericano y los contratistas o compañías
internacionales, especializadas en seguridad de oleoductos.
La clave del reporte no es solamente
reiterar los criterios de seguridad energética y nacional para que la
administración de Barack Obama presione y “facilite” al gobierno de
Peña Nieto una reforma energética. Lugar propone una serie de medidas
para que Washington renueve el Acuerdo de Yacimientos Transfronterizos,
firmado por ambos países en febrero de 2012. Además, propone al
Departamento de Estado, encabezado por Hillary Clinton, para que “la
inmediata incorporación del petróleo y el gas natural en la agenda
bilteral”, con la incorporación de Carlos Pascual, ex embajador
norteamericano en México, y actual coordinador de Asuntos Energéticos
del Departamento de Estado.
Pascual dejó la misión diplomática en
México tras un agrio desencuentro con el presidente Felipe Calderón,
quien se quejó públicamente por las consideraciones del embajador a la
fallida guerra contra el crimen organizado. Pascual dejó el país, pero
no su interés por la operación más ambiciosa: la reforma energética.
El embajador, experto en el tema de los
“Estados fallidos”, como Irak o Afganistán, también creó una sólida red
de contactos y relaciones personales, a través de su suegro, el ex
director de Pemex durante el salinismo, Francisco Rojas, y actual
titular de la CFE.
No nos extrañemos que los próximos
enviados del Departamento de Estado norteamericano tengan como objetivo
principal “convencer” a los legisladores que una reforma petrolera que
no garantice las concesiones a inversionistas extranjeros será una
amenaza para la relación bilateral.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario