Proceso.- La economía
de México vive una “nortedependencia” que la hace extremadamente
vulnerable a las políticas que pudiera aplicar, en su momento, el hoy
presidente electo estadunidense Donald Trump. Para ilustrar esa
dependencia basta constatar que 83% de las exportaciones mexicanas no
petroleras van a Estados Unidos; 53% de la inversión extranjera directa a
nuestro país viene de capitales del vecino del norte; y que las remesas
que envían los migrantes representan la tercera mayor fuente nacional
de divisas (equivalente a 2.3% del PIB, sólo superada por la industria
automotriz y el turismo), pues desde 2015 superó al petróleo.
Si Trump concreta sus promesas de campaña, esas tres fuentes se
verían seriamente afectadas y eventualmente eso podría traducirse en una
recesión para la economía mexicana; pero de lo que no hay duda es de
que la tasa de crecimiento sería todavía menor al promedio de 2% anual
del último cuarto de siglo y que los más afectados por la nuevas
políticas serían los más desfavorecidos.
Como presidente electo ya reiteró que pretende renegociar el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y rechazar el Tratado
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). En el primero de los
casos, declaró a la cadena CNN que apenas tome posesión, pondrá un
ultimátum de siete meses para renegociar el TLCAN en condiciones más
favorables para su país; de no concretarse la renegociación en ese
plazo, lo cancelaría.
Respecto al TPP, el presidente Barack Obama ya suspendió el cabildeo
con el Congreso para lograr su aprobación y dejó la decisión totalmente
en manos de su sucesor. Esta decisión ya provocó que varios de los
países interesados detuvieran también sus procesos de negociación, dado
que Estados Unidos es uno de los principales actores.
Así, aunque todavía no hay información precisa y detallada, lo cierto
es que sí habrá un giro radical en la política comercial estadunidense,
con especial énfasis en la revisión de los tratados internacionales;
ello afectará directamente a México, que a partir de 1994, cuando entró
en vigor, había convertido al TLCAN en el eje de su política económica.
Uno de los sectores que mejor ilustra esto es el automotriz, que
representa 8% del PIB mexicano, da empleo a 16% del personal ocupado en
el sector manufacturero, es uno de los sectores que más ha crecido en
los últimos años y exporta 85% de su producción (71% de ésta hacia el
vecino del norte; es decir, 60% de los automóviles que se fabrican en
México se venden del otro lado del Bravo).
Pero el automotriz también es uno de los sectores que mayor inversión
extranjera directa atrae a México, aproximadamente 20% del total de la
misma, y poco más de la mitad proviene del vecino del norte. La otra
mitad de la inversión extranjera en este sector que proviene de otros
países, lo hace en gran parte atraída porque el TLCAN les permite
exportar sus productos en condiciones muy ventajosas.
Y el sector automotriz es uno de aquellos en los que Trump centrará
su atención al renegociar el TLCAN, pues fue precisamente uno de los que
cerraron plantas en el llamado “Cinturón del Óxido” para trasladarlos a
los llamados países emergentes, como México. Durante su campaña, Trump
arremetió directamente contra la Ford, precisamente por el anuncio de
que invertiría en una nueva planta en México.
Pero Trump también pondrá especial atención al tema de migración. El
principal riesgo no es la construcción del muro –que aunque es
agraviante y ofensivo para los mexicanos no tendría mayores
consecuencias en el flujo de migrantes–: hay otros aspectos que
afectarían a la economía nacional y, eventualmente, otros ámbitos de la
vida nacional; destacan la posible deportación masiva de mexicanos y
cualquier política relacionada con las remesas que éstos envían.
Y la política migratoria sí impactaría directamente a los más pobres.
Basta señalar que 43% del ingreso de los mexicanos que forman el primer
decil de la población –el 10% que recibe menores ingresos: en promedio
unos tres mil pesos mensuales– proviene de transferencias, entre las que
se encuentran las remesas. El dato aparece en una misma nota publicada
en junio de este año por Expansión, donde el economista senior de BBVA
Bancomer, Alfredo Salgado, señala que las remesas aportan 9.9% del PIB
de Michoacán, 7.8 del de Guerrero y 7.4% del de Oaxaca, entidades que,
de acuerdo con el índice de desarrollo humano que elabora el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, ocupan los lugares 29, 30 y 31,
únicamente por encima de Chiapas, que ocupa el último lugar.
Aunque las deportaciones han crecido mucho en los últimos años, en
realidad un porcentaje de las mismas es de los mexicanos que pretenden
cruzar por primera vez a Estados Unidos y no de quienes ya residen allá.
Y la intención de Trump es impedir que lleguen nuevos migrantes y
deportar a los que ya están allá; ya anunció que empezará con los que
tienen antecedentes delictivos (en muchos casos por delitos menores,
como conducir en estado de ebriedad y otros similares), pero no
necesariamente se limitará a ellos.
Y la deportación masiva, además de reducir el flujo de remesas –cuyas
consecuencias sobre la economía nacional serían muy negativas–
impactaría en el ámbito social, tanto por el incremento inmediato en la
tasa de desempleo como en el gasto social de las diversas instancias de
gobierno. Y eventualmente, también puede afectar los niveles de
inseguridad y criminalidad.
Aunque operen los pesos y contrapesos de la institucionalidad
estadunidense (Congreso, federalismo e, incluso, las presiones de los
poderes fácticos) es un hecho que México sufrirá consecuencias negativas
a la llegada al poder de Donald Trump; lo único que queda es buscar las
mejores políticas para atemperar sus impactos en el corto plazo, y a
partir de ello romper la “nortedependencia” (acrecentada por el TLCAN) y
buscar un resurgimiento a partir de un nuevo proyecto de nación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario