José Víctor Rodríguez Nájera
Cuando hablamos de transparencia nos preguntamos cuáles son los alcances de la reforma constitucional de 2014 en la materia que sin bien no fue una reforma estructural que tuvo mucha difusión, lo cierto es que puede significar un gran avance en el empoderamiento de los ciudadanos quienes ahora tendrán una mayor y mejor acceso a la información gubernamental, sindicatos, fideicomiso y otros organismos que reciben recursos públicos.
Entre los beneficios que trajo la reforma en materia de transparencia y acceso a la información se encuentra el incremento de los sujetos obligados a la normatividad en la materia que ahora son cualquier autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativa y Judicial, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos púbicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Sin duda, representa un gran avance con respecto de la anterior norma de transparencia que no incluía a los sindicatos y fideicomisos que eran intocables e imposible conseguir información sobre el manejo de los recursos que provenían de las arcas públicas, es decir de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Junto con estos progresos, la reforma otorga la autonomía constitucional para todos los organismos garantes de la transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el país y expide tres leyes generales en las siguientes materias: 1) transparencia y acceso a la información pública, 2) protección de datos personales y 3) archivos.
Entre las facultades que tendrá este organismo garante nacional autónomo se encuentra conocer asuntos de los tres poderes y los órganos autónomos del ámbito federal, con excepción de la SCJN en asuntos jurisdiccionales.
Además, el organismo tendrá la facultad de actuar como un tribunal de alzada para recibir los recursos de inconformidad de las personas que no estén de acuerdo con las resoluciones de los organismos garantes de las entidades federativas; es decir, actuará como una segunda instancia para los ciudadanos.
Asimismo, tendrá la atribución de atraer recursos de revisión de los organismos garantes de las entidades federativas que por su interés y trascendencia así lo ameriten, ya sea de oficio o a petición fundada de alguno de estos organismos.
Cabe destacar que las resoluciones serán definitivas e inatacables para los sujetos obligados, solo el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer un recurso de revisión ante la SCJN en caso de que dichas resoluciones puedan comprometer la seguridad nacional.
Los integrantes del organismo garante nacional serán designados por el Senado de la República; el titular del Ejecutivo, en su caso, podrá objetar algún nombramiento. De igual manera, el organismo garante nacional podrá interponer controversias constitucionales.
En esta reforma quedó establecido que todos los organismos garantes del país tendrán la capacidad para interponer acciones de inconstitucionalidad en sus respectivos ámbitos de competencia.
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Se establece la coordinación entre el organismo garante nacional y la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el INEGI y los órganos garantes de las entidades federativas, lo que da paso a la creación del Sistema Nacional de Transparencia.
Estos son los mandatos que derivan de la reforma constitucional publicada el 7 de febrero de 2014, cuyos alcances se materializan en las leyes generales que el Congreso de la Unión debe publicar. Al momento de escribir este artículo, ya entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y están por publicarse las otras dos.
Concretamente, en los últimos dos años, los mexicanos estamos experimentando una realidad que estaba lejos de ser imaginada a finales del siglo pasado. Es hora de no bajar la guardia y de que todos pongamos nuestro granito de arena en lo que nos corresponda para legar a las futuras generaciones una nación en donde exista el estado de derecho, con una ciudadanía que alza la voz para exigir el respeto de sus derechos humanos.
El objetivo de todo este esfuerzo es alcanzar un régimen de rendición de cuentas y disminuir la corrupción en las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno. Así podremos aspirar a un México con una distribución de la riqueza más equitativa, que nos conduzca a mejorar el nivel de vida de toda la población, como lo establece el Mtro. Óscar Guerra Ford en su trabajo denominado “Evolución de la transparencia y el acceso a la información en México”.
Punto Cero
Los festejos de uno de los aniversarios de la Revolución Mexicana de nueva cuenta se realizaron a puerta cerrada por el gobierno federal, incluso al amparo de los integrantes de las fuerzas armadas de nuestro país.
Por lo menos la década pasada este festejo era parte de una fiesta nacional, se realizaban multitudinarios desfiles a lo largo y ancho del país, donde prevalecían las acrobacias deportivas.
Sin duda hoy en día, los mexicanos nos encontramos lejos tener este sentimiento de “unidad” que reclama el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de la Marina Armada de México.
Por una parte, el costo económico que hoy en día arrastramos en el día a día en nuestros hogares y con nuestras familias; el poder de nuestro peso cada vez es más raquítico y el producto de nuestro trabajo es cada vez más barato.
Parece que estamos muy lejos de aquellos ideales por lo que lucharon personajes como Francisco Villa y Emiliano Zapata, entre otros caudillos y líderes de nuestro México más reciente, 106 años.
José Víctor Rodríguez Nájera
Periodista mexicano
@JoseVictor_Rdz
http://www.alainet.org/es/articulo/181814
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