En esta entidad, la más poblada del país, habitan 8 millones 353 mil 540
mujeres, según la más reciente estimación del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía de 2015 (Inegi). 52 por ciento de ellas se
encuentra en edad reproductiva al tener entre 15 y 29 años.
Está integrado por 125 municipios y aunque los más poblados concentran
54 por ciento de los asesinatos de mujeres, la AVG se declaró para 11
solamente: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec,
Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y
Valle de Chalco.
Todos ellos comparten entre sí altos índices de pobreza, rezago
educativo y carencia de servicios básicos; el Índice de Desarrollo
Humano, el cual mide la esperanza de vida con calidad, la salud y la
educación de la población, ubica al Edomex en el lugar 18.
El Estado de México fue la segunda entidad federativa en la que se
declaró la AVG en el país. La solicitud fue hecha el 8 de diciembre del
2010.
De 2005 a 2010, Ecatepec encabezó la lista de municipios mexiquenses más
violentos para las mujeres. Durante ese periodo, la Procuraduría
General de Justicia del estado registró un total de 118 casos de
homicidios de mujeres. Es también la localidad que registra el mayor
número de atenciones médicas por lesiones y violencia de género, de
acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).
Chimalhuacán, ubicado al oriente del Edomex, recibe recursos federales
para fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad
pública mediante el Subsidio para la Seguridad en los Municipios
(Subsemun). Pero estos recursos no han impedido que policías municipales
sean identificados como los mismos agresores de mujeres y niñas. Para
muestra está el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada en ese municipio
en 2010 por su pareja, Julio César Hernández Ballinas, quien era
policía judicial.
Este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después
de que su madre, Irinea Buendía, tocara varias puertas para exigir
justicia por el asesinato de su hija sin obtenerla. El 25 de marzo de
2015, la máxima instancia de justicia del país después de hacer una
revisión exhaustiva del expediente, ordenó a la Procuraduría estatal
volver a investigar los hechos como feminicidio y sentó precedentes para
los demás casos que se den en el Edomex.
Pese a este panorama y a un año 4 meses de la declaratoria de la AVG,
los resultados para disminuir la violencia no han sido los esperados.
Tan sólo este año en Naucalpan, uno de los municipios donde se decretó
la AVG, se han incrementado las desapariciones y asesinatos de mujeres y
niñas.
OBSTÁCULOS PARA IMPLEMENTAR AVG
Lograr que se decretara la Alerta no fue sencillo, fue un proceso
jurídico que duró 5 años de insistencia de organizaciones civiles como
el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) que
tuvieron que hacer frente a la resistencia de autoridades para reconocer
que en aquella entidad se mata a mujeres por el hecho de serlo.
La abogada de la CMDPDH, Nayomi Aoyama González, dijo en entrevista con
Cimacnoticias, que uno de los obstáculos para implementar la Alerta es
la falta de recursos para cumplir las medidas y agregó que a ello se
suma la confusión sobre las acciones que le corresponden a los tres
niveles de gobierno.
Si bien la CMDPDH ya no participa en el trabajo de campo, acude a las
reuniones de seguimiento de la AVG como observadora, por lo que mencionó
que para la recuperación de espacios y Ciudades Seguras, los recursos
para mejorar el alumbrado público o limpieza de lotes baldíos, fueron
motivo de discusión entre el gobierno municipal y estatal, al no tener
asignado un presupuesto específico.
También dijo que los funcionarios públicos de los tres niveles de
gobierno no han comprendido que la AVG es un mecanismo de emergencia y
no una política pública a la que se le tenga que asignar un recurso para
implementarla, sino que tienen que asignar los recursos ya existentes.
COMPROMISOS A MEDIAS
Cuando se decretó la AVG el gobernador priista Eruviel Ávila Villegas,
aseguró que la Procuraduría estatal pondría en operación la Unidad de
Análisis y Contexto para la investigación de delitos vinculados al
feminicidio, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres, el
cual –dijo– se conformaría por 17 personas expertas, quienes realizarían
estudios para conocer las causas sociales, culturales, geográficas y
económicas de esta problemática.
También garantizó la creación del grupo especializado para la atención e
investigación de asuntos de alto impacto relacionados con muertes
violentas de niñas y mujeres, el cual estaría a cargo de la PGJEM.
Otro compromiso fue que en las 11 Fiscalías Regionales de la
Procuraduría se pondrían en operación los grupos de apoyo, para la
investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o
extraviadas.
Respecto a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculadas a
la Violencia de Género informó que se reforzaría con 25 elementos de la
Comisión Estatal de Seguridad, además las y los alumnos de nivel básico
recibirían clases sobre la AVG, y se presentaría una iniciativa de ley
para instruir este tipo de materias en las escuelas de la entidad,
incluso se dijo que se haría una propuesta para que la asignatura de
Perspectiva de Género tenga valor curricular.
El gobernador también se comprometió a que la Secretaría de Salud
verifique que en las unidades médicas se cumpla la Norma Oficial
Mexicana de Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres (NOM-046).
Y recordó que en los ayuntamientos existe el compromiso de realizar
acciones como la recuperación de espacios públicos en lugares con altos
índices de violencia, así como crear redes comunitarias y fortalecer las
instancias municipales de la Mujer.
Esta lista de buenas intenciones no ha podido comprobarse, pues a la
fecha, aún no se tiene un diagnóstico de los avances en el cumplimiento
de las medidas de la AVG.
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada dijo en entrevista que
no hay un diagnóstico de cumplimiento pero explicó que durante el mes
de octubre trabajaron sobre el Protocolo Alba para que se implemente de
manera concreta a la hora de que reporten desapariciones de mujeres y
niñas, sin necesidad de esperar las 72 horas como se contemplaba en el
Protocolo Naranja que elaboró el Gobierno del Estado de México.
También instalaron de manera reciente la Unidad de Análisis y Contexto
conformado por un grupo multidisplinario (expertos en derecho,
estadísticas y criminología) quienes se encargarán de documentar e
investigar la violencia de género para después capacitar a los agentes
del Ministerio Público y policías municipales.
Y lo siguiente, dijo, es incorporar en el Modelo de Ciudades Seguras
(réplica del modelo propuesto por ONU Mujeres para combatir la violencia
en contra de las mujeres en la comunidad) los mapas donde se detectó el
mayor riesgo de las mujeres para que incrementen la seguridad.
María de la Luz Estrada dijo que no era fácil medir los avances en el
cumplimiento de las medidas de la AVG del gobierno del Estado de México y
para ello la OCNF y Católicas por el Derecho a Decidir elaborará un
diagnóstico en enero del 2017.
(Con información de Gladys Torres, Anaiz Zamora y Angélica Jocelyn Soto)
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela y Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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