Diálogos sobre protesta social

Miguel Concha

Debido al intercambio de reflexiones y experiencias en distintos espacios a escala internacional, diversas organizaciones sociales han sostenido que la protesta social para generar transformaciones profundas se vuelve fundamental en una época de franco retroceso en materia de derechos humanos, ascenso de discursos de odio y endurecimiento de políticas de seguridad en diversas regiones del mundo.

El pasado 4 de noviembre se dieron cita en Barcelona varias redes internacionales de organizaciones y defensores de derechos humanos para discutir sobre temas de seguridad, activismo y derechos humanos. Entre estas experiencias resultó interesante explorar los esfuerzos que se hacen en diferentes regiones y países para hacer frente al modelo hegemónico de seguridad, el cual provoca serias violaciones a derechos y la criminalización de quienes individual o colectivamente disienten de un modelo económico impuesto por décadas, y que nos coloca en una crisis que pareciera no tener fin.

Convocadas por la Campaña Defender a quien Defiende, integrada por movimientos y organizaciones sociales, periodistas y comunicadores, así como por grupos de investigación, abogados y juristas que hacen mayormente su trabajo en España, acudieron a la cita agrupaciones de esta coalición, al igual que integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), que trabaja en México, y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, con presencia en México y Centroamérica, entre otros.

Las reflexiones entretejidas expuestas nos ofrecen algunos puntos de convergencia que ayudan a diagnosticar y ampliar panoramas sobre lo que sucede en esta época. En diversos países se ha documentado la construcción de andamiajes legales encaminados a controlar a la población y desmantelar los ejercicios de protesta en espacios públicos. Un ejemplo paradigmático de este tipo es la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, impuesta en España, que desde su implementación ha demostrado cómo la simple enunciación de seguridad ciudadana –y la supuesta intención del Estado de proteger derechos humanos– no basta cuando no se transforma culturalmente y de fondo la estructura habilitada para generar seguridad en determinadas jurisdicciones.

En voz de las propias organizaciones que han hecho frente a esta ley del Estado español, se trata de un mecanismo legal, aunado también con otros de naturaleza administrativa o penal, para preservar un modelo neoliberal y controlar a la población que se opone a las decisiones que toman los gobiernos y ve afectados sus derechos, principalmente los sociales. Además, habilita el uso de la fuerza pública en contra de aquellos grupos indeseables al proyecto de nación cimentado en el neoliberalismo, impregnado de un discurso de combate al terrorismo.

Por otro lado, es evidente que la concepción del espacio público en diversos países está fundamentada en procesos de securitización que provocan la instalación de modelos de seguridad que invaden la vida cotidiana e íntima de la sociedad, con los que, más grave aún, los estados, supuestamente en aras de brindar seguridad, aplastan las libertades fundamentales de las personas y pueblos. Con el afán de generar esa seguridad, que no es ciudadana, en México y en gran parte de América Latina se han impuesto políticas y acciones de gobierno más bien militarizadas, derivadas de la construcción mediática y política de la mal llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, que han desembocado en la participación de cuerpos militares en asuntos de seguridad pública.

Estas reflexiones se ampliaron también en otros intercambios internacionales que en su momento convocó el FLEPS los días 10 y 11 de octubre en la Ciudad de México, en relación con el espacio público, la protesta social y la participación democrática. En esa ocasión representantes de organizaciones de Argentina, Colombia, Perú, España y México coincidieron en que el endurecimiento de un modelo de seguridad contrario a derechos humanos se vislumbra como un problema global, ya que la toma de los espacios públicos para protestar, como sucedió en las primaveras árabes, los procesos del 15-M en España, el Occupy Wall Street en Estados Unidos, el movimiento #YoSoy132, o en las acciones de protesta del primero de diciembre de 2012 en México, hizo que los estados vieran ahora como riesgo y amenaza para la seguridad interior el surgimiento de grupos organizados que salen a las calles a protestar y se oponen directamente al avance de políticas de Estado y actividades de empresas que violentan sistemáticamente sus derechos, bienes comunes y territorios.

En los diversos diálogos sostenidos por las organizaciones sociales fue evidente que el modelo actual de seguridad nos obliga a repensar las formas en que las personas y pueblos pueden luchar por sus propios espacios seguros, por ejemplo, en las manifestaciones y reuniones públicas, cuando es sabido que el uso de la fuerza se dirige a impedir o inhibir la realización de esas protestas y expresiones en espacios públicos.

La exigencia de la construcción de una auténtica seguridad ciudadana pasa ciertamente por el reacomodo de los marcos legales y la formación y actuación desde otra óptica de los agentes del Estado, pero sobre todo por la promoción de los derechos que las personas y los colectivos tienen, y su pleno cumplimiento. No es menos importante que en la construcción de una real seguridad ciudadana pensemos en la diversidad de grupos vulnerabilizados que merecen especial atención, así como en contar con una mirada transversal de género que posibilite a las mujeres mayor participación en la construcción de modelos y procesos de seguridad que respeten la vida, la integridad y los derechos humanos.