Imanol Ordorika
Las instituciones de educación
superior (IES) públicas de México –universidades, tecnológicos,
normales e interculturales– tienen historias, tradiciones, orientaciones
académicas, regímenes legales y fines diferentes. Algunas son
centenarias y otras fueron establecidas en las pasadas décadas. Casi
todas desarrollan actividades de docencia, investigación y extensión en
distintos grados, con propósitos más o menos especializados, con
proyección y alcances nacional, estatal, regional o local.
Constituyen un proyecto cultural y educativo excepcional, construido a
lo largo de la historia y hacen grandes aportaciones al país. En el
ciclo escolar 2017-2018, las IES públicas atendieron a más de 2.8
millones de estudiantes y otorgaron más de 320 mil títulos, cerca de 70
por ciento de los conferidos a escala nacional. Además, atienden a más
de 25 mil estudiantes de doctorado y en este ciclo graduaron 4 mil 200
doctores, 60 por ciento del total nacional.
La UNAM, otras universidades públicas federales junto con el IPN, y
las públicas de los estados (UPES) realizaron más de 75 por ciento de la
investigación nacional. Entre 1991 y 2018, las IES públicas han
recibido 32 por ciento de las patentes aprobadas a instituciones de
docencia o investigación. Publican más de 5 mil títulos al año, arriba
de 20 por ciento de la producción editorial mexicana.
Históricamente han sido referentes de las luchas contra el
autoritarismo, por la democracia y el cambio social. Desde 1929,
destacaron por la huelga que devino la autonomía, la defensa de la
educación popular en el IPN y las normales en los años 40 y 50; luchas
universitarias en la década de los 60 y el movimiento estudiantil de
1968. Siguieron proyectos de democratización y construcción del
sindicalismo universitario en los años 70; resistencia contra el ajuste
estructural y las políticas neoliberales en los decenios de los 80 y los
90, y amplia participación por la democracia electoral en 1988, 2012 y
2016.
En el debate actual sobre el artículo tercero hay tres temas
fundamentales para las IES públicas. En primer lugar, es imprescindible
resarcir la omisión, por error o intención, de la actual fracción
séptima que garantiza la autonomía universitaria. Este texto da
jurisdicción federal a las atribuciones autonómicas –autogobierno e
independencia– de las universidades que tienen esta condición. Además,
reconoce y protege los derechos laborales de trabajadores académicos y
administrativos, en el contexto del apartado A de la Ley Federal del
Trabajo.
La autonomía es un derecho y una responsabilidad de las universidades
y los universitarios. Es la máxima garantía para que las IES públicas
cumplan con sus funciones y su compromiso social, a partir del análisis,
la elaboración de alternativas y la crítica, fundadas en el
conocimiento.
Sostengo que la autonomía debe servir para promover la obligatoriedad
y la gratuidad, no para evadirlas. Por ello es necesario establecer en
el segundo párrafo del artículo tercero que
la educación superior pública, incluyendo la que se imparte en las instituciones públicas a las que la ley otorga autonomía, serán gratuitas y obligatorias.
Desde hace décadas miles de jóvenes han luchado por el acceso a la
educación superior. La obligatoriedad atiende esta demanda. Implica, en
la educación superior, una responsabilidad sólo para el Estado, no para
los padres ni los educandos. Se trata del imperativo de atender a todos
los que la quieran estudiar, habiendo cubierto el ciclo escolar
anterior.
Han sido también históricas las luchas en defensa de la gratuidad, en
la UNAM y en otras universidades del país. La iniciativa del Ejecutivo
atiende estas demandas históricas por la gratuidad y el acceso a la
educación superior pública.
Estos objetivos no son fáciles de cumplir. En 2018 había 4.2 millones
estudiantes en la educación superior, 38.4 por ciento del grupo de edad
entre 18 y 22 años. Para alcanzar una cobertura equivalente a 50 por
ciento en 2024, es necesario incorporar a más de un millón de
estudiantes a la matrícula actual, un incremento de 170 mil por año. La
inversión para alcanzar esta meta es de 7 mil a 10 mil millones de pesos
adicionales cada año. Y el costo para resarcir a las IES públicas el
monto de las cuotas que dejarán de percibir por la gratuidad es de otros
14 mil millones.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen que ser coherentes.
Aprobar la gratuidad y la obligatoriedad implican un compromiso de
financiamiento suficiente para la educación superior pública. Si esto no
se cumple, la gratuidad y la obligatoriedad serán letra muerta en el
texto constitucional.
Así, las instituciones superiores publicas seguirán siendo la mejor
garantía para la formación profesional y ciudadana de cientos de miles
de jóvenes, así como para la creación de conocimientos y proyectos de
bienestar, con capacidad crítica y autonomía intelectual. Por ello, son
imprescindibles para transformar y para construir un nuevo proyecto
económico, político y social en México.
Resumen de ponencia sobre normales y educación superior, en referencia a la reforma del artículo tercero
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