Erradicar la violencia contra las mujeres centroamericanas, es vital para el desarrollo de la zona. Crédito: PNUD Guatemala
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María es salvadoreña, tiene 35 años y tres hijos jóvenes. Creció con su
madre, nunca conoció a su padre. Empezó a trabajar a los seis años
vendiendo en el Mercado Central de San Salvador. A los 12 años fue
violada y tuvo su primer embarazo.
Fue expulsada de su hogar cuando su madre se casó por segunda vez,
“mi padrastro no quiso hacerse cargo de mí, mucho menos con un hijo”, le
dijo a la investigadora para el estudio “Juventudes resilientes, la
oportunidad para Centroamérica”, que realiza el Proyecto Regional Infosegura, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés).
María vivió en diferentes lugares hasta que conoció al padre de su
segunda hija, quien años después murió asesinado. Tuvo un tercer hijo,
con su tercera pareja, de quien se separó por violencia intrafamiliar.
Actualmente, su hijo adolescente vive con su padre, tío y abuela porque
ella no podía cuidarlo por su trabajo remunerado que le ocupa todo su
tiempo.
Como todas las mujeres salvadoreñas, María tiene una expectativa de
vida de 75 años, podemos decir entonces que la mitad de la vida de María
ha sido profundamente marcada por las violencias que viven las mujeres
en el norte de Centroamérica, una región azotada desde hace dos décadas
por la violencia letal sin ser una región en guerra.
Cuando se habla de violencia en la zona norte de América Central, se
asume como un problema de hombres jóvenes pues “solamente” 11 por ciento
de las víctimas de muertes violentas son mujeres.
Richard Barathe
Pero la historia de María revela que las mujeres de esta región viven
cotidianamente otras violencias que las afectan de manera diferenciada
por el hecho de ser mujeres, violencias que no son letales, las víctimas
sobreviven, pero siguen sometidas a esas violencias de forma
reincidente, múltiple y simultánea en el contiuum de sus vidas,
con impactos en las familias y comunidades, en su economía y
sostenibilidad, en sus capacidades para el desarrollo.
Los datos revelan que, en el país de María, 93 por ciento de las
víctimas de delitos sexuales son mujeres. El 43,55 por ciento de las
víctimas son menores de edad. También sabemos que la violencia
intrafamiliar está presente durante toda la adultez de una mujer,
también que una mujer entre los 12 y los 50 años corre alto riesgo de
ser desaparecida.
Un total de 3.591 mujeres han sido asesinadas en el periodo
2010-2017; y entre 2010 y 2016, otras 2,669 mujeres fueron reportadas
como desaparecidas, de estas, 43,6 por ciento era menor de edad.
Esto lo sabemos porque el Estado salvadoreño ha avanzado en la
gestión de información sobre seguridad ciudadana con enfoque de género y
ha orientado políticas públicas para garantizar el análisis basado en
evidencia.
La migración es un fenómeno que también caracteriza a esta región del
mundo, y los datos indican que la violencia contra las mujeres es un
factor importante a ser considerado.
Al analizar los datos de retornados –migrantes detenidos en tránsito
que fueron enviados de regreso a su lugar de origen– sabemos que 26 por
ciento son mujeres, y que tres de cada 10 manifiestan haber migrado por
la violencia, frente a 18 por ciento de los hombres que alegan ese
motivo.
Es crucial reconocer la violencia contra las mujeres como un elemento
esencial de la seguridad ciudadana: abordarla es un paso clave para
construir sociedades más cohesionadas y pacíficas.
Abordar la violencia social con un enfoque especial en la violencia
contra las mujeres debe estar en los fundamentos de las políticas
públicas de seguridad ciudadana que tengan como objetivo erradicar todo
tipo de violencia.
Hay que entender que la violencia cotidiana que viven las mujeres en
sus hogares, en las plazas, en las calles es un problema de seguridad
para las comunidades y las naciones.
Ninguna nación estará segura a menos que las mujeres puedan vivir de manera segura y desarrollar todo su potencial
En esta línea, la Agenda 2030 ofrece en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
de manera transversal, un modelo de abordaje para procurar a las
mujeres una vida libre de todo tipo de violencia. Toda la sociedad en su
conjunto avanzará con pasos más firmes hacia el desarrollo cuando nadie
se quede atrás.
En el PNUD estamos sistematizando las buenas prácticas y las
historias de éxito de nuestro trabajo en Centroamérica en el marco del
Proyecto Regional Infosegura, en alianza con USAID, que está dedicado al
desarrollo de las capacidades estatales para la formulación de
políticas públicas basadas en evidencia y con enfoque de género.
Es por ello que, estamos estableciendo estándares, metodologías y
procesos escalables. Una parte esencial del proceso ha sido generar
confianza y coordinar nuestro trabajo con las instituciones nacionales
que producen y analizan datos, aprovechando las nuevas tecnologías, los
expertos nacionales y la innovación.
Esta coordinación ha producido hitos regionales en gestión de información con enfoque de género, como las encuestas especializadas e informes estandarizados sobre hechos de violencia contra las mujeres.
En El Salvador, Guatemala o Honduras, entender el contexto de la
historia de María con la mayor precisión posible nos permitirá erradicar
eficazmente la violencia contra las mujeres, así como todos los demás
tipos de violencia.
Si los países quieren alcanzar la Agenda 2030,
impulsando los beneficios en los ámbitos económico, social y ambiental,
solo puede lograrse si nos aseguramos que otras “Marías” no queden
excluidas.
RV: EG
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