Jorge Zepeda Patterson
“Lo
de las guarderías es un capítulo menor de un proyecto mucho más vasto y
trascendente: la entrega de los apoyos a los sectores necesitados
saltándose a todos los intermediarios que, algunos en buena lid y otros
con mala leche, representaban una merma en la derrama”. Foto:
Cuartoscuro
Si los dueños de las guarderías dicen hablar en nombre de los padres
de familia, ¿por qué entonces oponerse a que esos padres reciban el
dinero directamente? Se comprende la molestia que las organizaciones
experimentan ante la decisión del Gobierno de reducir a la mitad el
subsidio de 4 mil millones de pesos dedicados a las guarderías
particulares a lo largo del territorio nacional. Sin ese subsidio
aumentará el costo, dicen ellos, para los padres de familia y se
afectará la calidad de los servicios que actualmente prestan estas
instalaciones. El Gobierno del cambio argumenta, por el contrario, que
entregar el dinero directamente a los padres optimiza el beneficio a los
usuarios, y evita el riesgo de corrupción e intermediación. La polémica
ha dado lugar a un intenso tira a tira entre el Gobierno y la oposición
y alguna parte de la prensa desafecta a la 4T.
A mi juicio, el debate ha perdido proporción en aras de la
descalificación política. La mayor parte de las guarderías, sin duda,
desempeñan una labor fundamental para miles de familias mexicanas. Y
desde luego también hay vergonzosas excepciones: particulares que montan
un negocio para convertirse en receptores profesionales del subsidio y
no necesariamente prestan un servicio de calidad.
El tema de fondo es que el Gobierno no está cancelando el subsidio,
como los detractores han querido “venderlo”, sino simplemente desea
modificar la manera de hacerlo llegar a los beneficiarios, ampliándolo
incluso. Lo que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo
es un cambio radical, una revolución en el concepto mismo de la
transferencia para eliminar al intermediario.
Más importante aún, la medida no es una decisión para castigar a un
sector, sino que forma parte de una filosofía de gestión de recursos
públicos mucho más vasta con la cual difícilmente podemos estar en
desacuerdo. La misma decisión se ha tomado para las nefastas
organizaciones campesinas, obreras y populares que durante décadas, y
para beneficio de sus líderes, han vivido ordeñando los subsidios
dedicados a los sectores populares. Es el primer paso para evitar el uso
clientelar y faccioso de estas organizaciones, pero es sobretodo un
acto de justicia para con los usuarios de estos programas de asistencia.
La llamada sociedad civil, estimulada por la oposición panista, ha
puesto el grito en el cielo porque la nueva política deja sin recursos
públicos a organizaciones vinculadas a la iniciativa privada.
Paradójicamente esos mismos sectores han visto con buenos ojos que se
retiren los recursos a las organizaciones campesinas y obreras y se
entreguen directamente a los trabajadores. Aprueban la medida en la casa
del vecino, pero no en la propia.
Por otro lado el tema de las guarderías se ha sacado de proporción;
la oposición de derecha ha querido convencernos de que el hecho de no
entregar los subsidios a estas empresas particulares representa un
ataque en contra de las familias. En realidad apenas el 5% del universo
de escolares en la edad correspondiente acude a este programa de
guarderías. Y el recorte del subsidio por esta vía no significa que
tengan que desaparecer. Por el contrario, al canalizar el dinero para el
cuidado de los infantes a los padres de familia, ellos pueden elegir la
opción que prefieran directamente. En la medida en que una guardería
tenga prestigio su supervivencia no debería estar en riesgo. Más aún, la
transferencia a las familias por parte del Estado para este concepto
superará el subsidio que actualmente se entrega a las guarderías, lo
cual podría incluso permitir el crecimiento de aquellas que sean
competitivas en el mercado.
Por otro lado, resultó desafortunada la intervención de Josefina
Vázquez Mota para encabezar políticamente la cruzada de protestas a
favor de las guarderías. Como se recordará, Juntos Podemos, la
organización que ella presidía, recibió 900 millones de pesos del
Gobierno de Peña Nieto en condiciones cuestionadas, para ser destinados a
los migrantes. Más allá de los argumentos que nutren la inconformidad
de los dueños de estas guarderías, cabe preguntarse si la lucha de la
senadora del PAN es también la defensa de un modus operando del que ella
misma se ha visto beneficiada.
Lo de las guarderías es un capítulo menor de un proyecto mucho más
vasto y trascendente: la entrega de los apoyos a los sectores
necesitados saltándose a todos los intermediarios que, algunos en buena
lid y otros con mala leche, representaban una merma en la derrama. La
batalla política de las guarderías será cosa de niños frente a la que
que seguramente darán todos estos organismos que han vivido
huachicoleando los recursos destinados a los pobres. Esto apenas
comienza.
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