Las
autoridades de justicia que debieron de haber realizado acciones
contundentes que hubieran evitado el feminicidio de Wendy Lizzet Ochoa
Méndez, no hicieron su trabajo. Tampoco lo hizo la Fiscalía General del
Estado, el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del
Estado quienes liberaron este 12 de febrero a Jimmy Villatoro Argüello,
que confesó haber torturado y asesinado a la joven en el 2012.
El caso de Wendy, de 19 años de edad, dibuja el ineficiente sistema de procuración de justicia en Chiapas.
El 15 de mayo de 2012 fue detenido Jimmy Virgilio Villatoro
Argüello, quien confesó haber asesinado el 28 de abril de 2012 a Wendy
Lizzet con quien había sostenido una relación sentimental que terminó en
junio de 2011. El feminicida mutiló el cuerpo de la joven y arrojó
partes de él en diferentes partes de la ciudad y relató haber cometido
canibalismo con el corazón.
Wendy había interpuesto una denuncia en contra Jimmy por violencia
física e intento de asesinato ante la Fiscalía Especializada en Delitos
contra la Mujer. Ante las autoridades, la joven narró que su ex pareja
la roció con gasolina y amenazó con prenderle fuego. Nada hicieron las
autoridades en ese momento. Ni siquiera lo citaron a declarar.
Cuatro meses antes de ser detenido por feminicidio, Jimmy Villatoro
fue arrestado y puesto en libertad por haber golpeado a otra mujer,
quien supuestamente era su pareja sentimental. Policías municipales de
Tuxtla Gutiérrez lo aprehendieron cuando golpeaba a la joven e intentaba
arrebatarle a su hijo. Ese mismo día lo liberaron.
La justicia en Chiapas no solo le falló a Wendy, sino a todas las
mujeres del estado al dejar libre a otro feminicida. Este tipo de
acciones les da más poder a los hombres violentos, quienes saben que la
impunidad y la corrupción juega a su favor. Las mujeres temen denunciar
porque no hay garantías para su seguridad.
En los últimos meses en Chiapas se ha conocido de la liberación de
tres feminicidas: Fernando Rosales Toledano, Mariano Sánchez Pérez y
Jimmy Villatoro. En el caso de los dos primeros fueron liberados por la
misma jueza, Isabel Álvarez Ramos.
Algunos de los argumentos que se dan para la liberación son que hay
fallas en la integración del expediente y que las declaraciones en que
los feminicidas reconocen su culpabilidad se da en un proceso viciado.
Con esto, se pensaría que el problema está en la integración de los
expedientes por parte de los ministerios públicos que dependen de la
Fiscalía General del Estado y que la responsabilidad es sólo de ellos;
pero lo que sucede en Chiapas con estos casos es más de fondo.
Es cierto que hay fallas en las integraciones de los expedientes, que
los ministerios públicos no están capacitados ni sensibilizados en el
tema; pero pasa lo mismo con las y los jueces del Poder Judicial. De
ambas instancias no se hace una para que haya una justicia real y
efectiva a favor de las víctimas.
La mayoría de sentencias que ha dado el Poder Judicial del Estado
para feminicidas no son la pena máxima de 60 años, sino por el contrario
el común denominador es que son sentencias menores, y también se ha
dado liberaciones por parte de jueces del estado.
El feminicidio de Wendy Ochoa y la liberación de Jimmy Villatoro
dibujan cómo los diferentes poderes y niveles de gobierno son omisos
cuando se trata de violencia en contra de las mujeres: Wendy denunció
ante una Fiscalía que jamás la escuchó; policías municipales de Tuxtla
Gutiérrez liberaron a Jimmy cuando golpeaba a una mujer; un juez federal
ordenó la liberación del feminicida y un juez del estado acató el
resolutivo; y hasta ahora, el Poder Judicial del Estado no es capaz
siquiera de emitir una postura sobre el tema.
En el 2012 en tres meses en Chiapas se tenía el registro de cuatro
casos de feminicidio. Hoy, 13 de febrero de 2019, un día después de que
fue liberado otro feminicida, el número de casos de feminicidio en mes y
medio es de 18, de acuerdo con datos del Observatorio de Violencia
contra las Mujeres en Chiapas.
Mientras los diferentes poderes y niveles de gobierno no sean capaces
de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, lamentablemente,
vamos a seguir contando casos de feminicidio. ¡Ni una más!
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.
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