La nueva administración en Petróleos Mexicanos (Pemex) –que
encabeza el ingeniero Octavio Romero Oropeza– recibió como herencia del
sexenio peñista más de 330 contratos transexenales, que comprometen
recursos públicos superiores a los 36 mil millones de pesos.
Ese monto impactaría en los presupuestos que recién definieron la
Secretaría de Hacienda y la petrolera, que buscan privilegiar la
inversión en explotación de yacimientos en tierra y aguas someras y
frenar las contrataciones de deuda.
Varios de estos contratos estarán vigentes hasta 2027, 3 años después
de que el recién iniciado gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya
concluido. Difícilmente, la nueva administración podrá cancelarlos; y si
lo hace de forma unilateral, tendrá también un alto costo por
penalizaciones previamente acordadas.
Los contratos transexenales han resultado una molestia para López
Obrador, quien se refirió a ellos en su conferencia matutina del pasado
14 de febrero: “¿Cómo dieron los contratos en el sector energético? Por
30, 40, 50 años”.
El mandatario criticó que en algunos casos les faltó tiempo: “Estaban
tan confiados, que pensaban que iban a ser eternos y tuvieron fallas:
ahora están venciendo [esos] contratos y de acuerdo con la ley puede
haber cambios, puede haber renovación”.
Aunque no profundizó en el tema, su irritación no sólo se debería a
las contrataciones petroleras correspondientes a las rondas 1, 2 y 3
–derivadas de la reforma energética de 2013–, que cedieron importantes
yacimientos petroleros y de gas a trasnacionales, sino por todos los
negocios transexenales que se hacían al amparo de Pemex.
Y es que resulta que en la petrolera se tiene la costumbre de asignar
decenas de contratos denominados plurianuales que, como su nombre
indica, comprometen el presupuesto de varios ejercicios en proyectos
particulares.
En el caso de la reciente transición, la herencia que dejó el
gobierno de Enrique Peña Nieto fue de al menos 334 contrataciones de
este tipo en la petrolera del Estado, por un monto global de 36 mil 600
millones 14 mil pesos. La mayoría de ellos fue asignado por su
subsidiaria más importante: Pemex Exploración y Producción (PEP).
De acuerdo con los registros oficiales, el más oneroso asciende a 3
mil 316 millones 896 mil pesos y fue asignado por Pemex Corporativo. Su
vigencia se fijó del 30 de marzo de 2018 al 30 de diciembre de 2022, y
tiene como objetivo brindar “servicios administrados de red convergente
IP y Noc”.
Por el monto involucrado –3 mil 222 millones 587 mil pesos–, le sigue
una contratación plurianual de PEP destinada a brindar servicios
integrales de exploración y extracción para las asignaciones San Ramón y
Blasillo. Su vigencia va del 8 de enero de 2018 al 31 de diciembre de
2027, 3 años después de terminado el sexenio lopezobradorista.
Éste se encuentra relacionado con el Proyecto Ogarrio-Sánchez
Magallanes, para “reemplazar la caída de producción de Cantarell,
estabilizar la producción y eventualmente incrementar la plataforma de
manera rentable, segura y sustentable”.
No obstante, el Libro Blanco de este proyecto refiere que hasta el 30 de junio del año pasado no se había ejecutado el contrato.
En tercer lugar se ubica otro contrato de PEP vinculado con la caída
de la producción en el yacimiento de Cantarell. En este caso tiene por
objeto prestar “servicios de recepción de sólidos, líquidos (aceite
crudo, productos de reacción y aguas de formación) y gases provenientes
de las operaciones de terminación, reparación y estimulación de pozos,
con apoyo de un barco de proceso”. Su vigencia se fijó del 7 de agosto
de 2017 al 15 de julio de 2024, con un costo de 3 mil 143 millones 706
mil pesos.
De esa misma subsidiaria se añade a la lista un contrato para la
“ingeniería, procura, construcción y puesta en operación de un Sistema
Integral de Endulzamiento y Compresión en la Terminal Marítima de Dos
Bocas para BN con capacidad de 30 millones de pies cúbicos estándar por
día”.
Éste corre del 5 de diciembre de 2017 al 14 de marzo de 2020, y se
relaciona con la producción de los yacimientos Integral Chuc/Integral
Yaxche, y compromete un presupuesto total de 2 mil 96 millones 99 mil
pesos.
En el quinto sitio por importancia financiera se ubica otra
contratación de PEP, para brindar el “servicio integral para instalar
y/o mantener sistemas artificiales de producción en pozos del activo
integral de producción Bloque N02. En este caso se relaciona con el plan
maestro para el desarrollo de lutitas (shale), por un costo de 1 mil 414 millones 713 mil pesos.
El problema en este caso es que la administración del ingeniero
Romero Oropeza planea abandonar todos los desarrollos de energéticos no
convencionales, porque el presidente ordenó cancelar la explotación con fracking, explican fuentes de la petrolera consultadas por Agenda de la Corrupción.
Con ello, este tipo de contratos quedarán a la deriva en los próximos
meses, al igual que toda la explotación planificada en aguas profundas.
De hecho, el director general de Pemex declaró el pasado 15 de febrero
que todas las inversiones de la petrolera serán en yacimientos
terrestres y en aguas someras.
En sexto lugar se ubica un contrato por 1 mil 262 millones de pesos
que asignó la subsidiaria Pemex Logística, que tiene por objeto “el
aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte
de hidrocarburos por ducto de la Gerencia de Operaciones de Tratamiento
y Logística Primaria Sur”.
Destaca que precisamente la falta de confiabilidad en los ductos
llevó a la crisis de combustibles que se vivió en enero pasado y, por
ello, este contrato sería digno de revisión, pues su vigencia inició a
inicios de 2018 y vencerá el 31 de octubre de 2023.
Según la subsidiaria, se asignó con la finalidad de “aprovechar la
infraestructura, conocimiento, experiencia y la posibilidad de alianzas
en un mercado abierto con buenas perspectivas de crecimiento”.
Otro contrato oneroso es el que PEP asignó por los “servicios
integrales de reactivación y mantenimiento de la producción de pozos
cerrados, bajo el esquema de pago por flujo de efectivo disponible en
los Activos Integrales de Producción Bloque S02 y Bloque S04 de la
Subdirección de Producción Bloques Sur”. Los trabajos –que costarán 1
mil 112 millones 169 mil pesos– habrían iniciado el 28 de septiembre de
2017 y finalizarían el 31 de diciembre de 2024, cuando México estaría
estrenando un nuevo gobierno.
Ésta es apenas una muestra de las siete más costosas contrataciones
transexenales que heredó el gobierno peñista, pero la lista sigue.
Nancy Flores
[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]
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