Acompañó los casos de Inés y Valentina, torturadas sexualmente por militares
Organizaciones
sociales denunciaron la desaparición de la defensora de Derechos
Humanos, Obtilia Eugenio Manuel, el día martes 12 de febrero, en horas
de la mañana. La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, informó que
fue desaparecida junto con su acompañante Hilario Cornelio Castro, en el
tramo carretero Tierra Colorada- El Ocotito, cerca de Chilpancingo,
Guerrero.
Eugenio Manuel es dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (Opim),
y tiene medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos desde el año 2009. Actualmente forma parte del Consejo
Municipal de Ayutla.
La Opim ha documentado y denunciado públicamente ante las autoridades
correspondientes los atropellos del Ejército contra sus comunidades.
Eugenio Manuel fue compañera y traductora de las tlapanecas Valentina
Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, quienes denunciaron en marzo del
2002 la violación sexual a manos de militares.
La defensora sufre hostigamiento y amenazas de muerte desde hace
años. En 2005, Cimacnoticias reportó que tanto Obtilia como su hermana
Andrea y su esposo Cuauhtémoc fueron objetos de intimidación y
hostigamiento. Los agresores en ese entonces hicieron referencia al
trabajo que ella venía haciendo para Valentina e Inés.
Tanto Obtilia como su hermana reportaron amenazas de muerte en 2010.
En 2011, un grupo de defensoras y defensores de la Opim, entre ellas
Obtilia, se reunían en las instalaciones de la organización cuando
interrumpieron unos 50 elementos del Ejército, quienes las interrogaron y
golpearon. En 2013, La Red Nacional de comunicación y acción urgente de
Defensoras de Derechos Humanos en México denunció nuevas amenazas de
muerte contra la defensora Me’phaa.
En el contexto de su desaparición, la Red Solidaria denunció que
Eugenio Manuel reportó amenazas vía telefónica el pasado noviembre,
mediante la cual le exigían entregar a dos miembros del Consejo
Municipal “o iba a responder ella” por todos los miembros del nuevo
órgano de Gobierno Municipal.
El Centro de Derechos Humanos de la montaña, Tlachinollan, tiene
conocimiento de que Obtilia Eugenio vinculó esas llamadas como parte de
una estrategia para destruir el nuevo sistema comunitario y como parte
de la corrupción de las autoridades con el crimen organizado que se
sentía amenazado ante esta nueva forma de gobierno.
Derivado de las amenazas se interpuso una denuncia en la Fiscalía del
Estado, aunque Tlachinollan desconoce el seguimiento que haya tenido la
misma y si se encontraron responsables por los hechos. Debido al riesgo
que presentaba, escribió Tlachinollan, Obtilia iba acompañada de una
persona de confianza, Hilario Cornelio Castro, con quien abordó un taxi
colectivo alrededor de las 7:40 de la mañana de ayer, y quien también se
encuentra desaparecido.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad demandó a las autoridades
competentes que tomen las medidas necesarias para la aparición con vida
de Eugenio Manuel, junto con su acompañante Hilario Cornelio Castro. A
este llamado se sumaron la ONU-DH México, La Red de Defensoras México,
Serapaz México y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan.
La Red Solidaria además exigió una efectiva investigación, el
esclarecimiento de los hechos denunciados, y la sanción de los
responsables materiales e intelectuales de este acto, a fin de
garantizar que hechos como el ocurrido no se repitan.
Otras voces que ya se pronunciaron por la aparición con vida de la
defensora y su acompañante así como para que el Estado tome las medidas
necesarias para proteger su integridad, son la Red Nacional de
Defensoras de Derechos Humanos en México, así como la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los
Derechos para Todas y Todos (RedTDT) documentó en su informe “Desde la
Memoria… la esperanza”, que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto,
que finalizó el 1 de diciembre pasado, fueron asesinadas 161 personas
defensoras.
Encontró que 40 por ciento de las personas asesinadas eran defensoras
comunitarias, es decir, ejercían su derecho a defender Derechos Humanos
en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de estos se enfocaban
en la defensa de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales
y la tierra y territorio.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Ciudad de México
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