Bartlett tiene la oportunidad de emprender una acción que sea más que ideológica: la revisión del primer proyecto de generación de electricidad de la reforma energética.
Se trata de un conflicto que tiene la empresa mexicana Codisa Corp Energy con las empresas europeas Enel Green Power México y Prodiel México por las alegadas prácticas ilegales de las transnacionales para incrementar sus ganancias.
La controversia tiene que ver con la construcción del parque solar más grande en el continente americano, y el segundo más grande del mundo, en el municipio de Viesca, en Coahuila. Fue el primer proyecto en operación de la primera subasta eléctrica tras la reforma energética del gobierno de Enrique Peña.
La italiana Enel Green Power México ganó en 2016 una subasta lanzada por la CFE para la instalación de 2.3 millones de paneles solares con el propósito de generar 1.7 gigawatts al año. De acuerdo con la información institucional, abastecerá a un millón 300 mil casas y será cuatro veces más barata de producir que con carbón o diésel.
Es el proyecto más grande la firma italiana en el mundo, para el que dispone de dos mil 400 hectáreas, y le permitirá la venta de energía a la CFE durante 15 años.
Para construir el campo fotovoltaico, la firma italiana contrató a Prodiel México, sucursal de Prodiel, empresa cuyas oficinas centrales están en Sevilla, España. Para el proyecto, los españoles crearon la empresa Novamper Construcción México. Ésta, a su vez, subcontrató a Codisa.
Conocida como Villanueva, la gigantesca planta solar se inauguró en marzo del año pasado en medio de una controversia con la firma mexicana por falta de pago, originada por la negativa de Codisa a reportar un incremento mayor de sus costos.
Desde septiembre 2017, Codisa reclama judicialmente el pago de 10 millones de dólares por trabajos que hizo para la construcción de la planta y que le fueron retenidos por su negativa al alegado fraude. Las empresas europeas han negado la acusación.
La demanda de la empresa nacional está archivada en los escritorios de la CFE y de la Fiscalía de la Ciudad de México luego de que la fiscalía de Coahuila quedara rebasada.
El caso escaló e involucra ya a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración.
Señalar los conflictos de interés de funcionarios convertidos en ejecutivos de empresas energéticas extranjeras con operaciones en México, así como el incumplimiento de mega contratos con la CFE, deja muy buenos dividendos políticos y apoyo ante un sector de la opinión pública.
Si el gobierno federal se queda en la estridencia, poco se habrá ganado en lo que presenta como parte de su lucha contra la corrupción.