También se
plasma en las desapariciones de mujeres y niñas que derivan en otros
delitos como agresiones sexuales, tortura, trata de personas, entre
otras
México, 14 feb. 19. AmecoPress/SEMlac.- La
urgente revisión de las 18 Alertas de Violencia de Género en los 17
estados de México, analizar su implementación para ver qué no está
funcionando, y que se vea al feminicidio también como un delito de la
delincuencia organizada y no solo del ámbito de la pareja, novio, o
conocido fue la exigencia del Observatorio Nacional del Feminicidio
(ONFC) a las autoridades del país.
Además de que el feminicidio también se plasma en las
desapariciones de mujeres y niñas que derivan en otros delitos como
agresiones sexuales, tortura, trata de personas, entre otras, como han
ido documentando, desde hace muchos años, las organizaciones del
Observatorio.
La conferencia de prensa titulada "Violencia feminicida en México: ni un paso atrás.
Omisiones, retrocesos y desafíos de las autoridades a nivel nacional",
se da en el marco de la celebración de la XV Asamblea Nacional del
Feminicidio, en la que participan 43 organizaciones integrantes de las
defensoras de los derechos de las mujeres de 23 estados del país.
La maestra María de la Luz Estrada, fundadora del ONCF, hizo hincapié
en que a cuatro años de haberse aplicado la primera Alerta de Violencia
de Género (AVG) en el 2015 Estado de México, la implementación no ha
avanzado en la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Las alertas son mecanismos que pueden materializar, proteger y
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero
requiere de voluntad política para ir tras el fondo de lo que está
generando esta violencia extrema contra las mujeres.
Insistió en que la falta de implementación de este mecanismo,
requiere de una revisión urgente, ya que se da en un contexto donde las
autoridades han demostrado negligencia, falta de voluntad política,
incapacidad gubernamental para tomar acciones contundentes, imperando un
clima de permisibilidad de la violencia contra las mujeres en el
territorio nacional.
Actualmente 56 por ciento del territorio nacional se encuentra en
alerta. El 70 por ciento de los homicidas se encuentran en estatus de
desconocidos; el 30 por ciento son personas conocidas por la víctima, 24
por ciento se radican en el ámbito familiar, dejando de lado que hay
feminicidios cometidos por bandas de criminales, lo cual las autoridades
estatales y municipales invisibilizan o minimizan.
Otro problema grave es la falta de datos, pero que las organizaciones
del Observatorio han podido documentar cómo estas agrupaciones
delictivas desaparecen de maneras inhumanas a las mujeres; sepultándolas
ilegalmente hasta en sus propios domicilios, o abandonadas en las vías
públicas o ríos, cocinadas e incluso arrancando a sus hijos de su
vientre, sin poder localizar a esos niños.
Al respecto entre las propuestas del observatorio está la creación de
Banco de Datos Violencia contra las Mujeres, actualizados y
desagregados que permitan realizar diagnósticos apegados a la realidad,
así como que el Gobierno Federal actúe de manera urgente en los lugares
en los que se han identificado patrones criminales, en donde los cuerpos
de las mujeres son encontrados en espacios públicos como los ríos (con
el objetivo de desaparecer toda evidencia, etc.).
La autoridad niega feminicidios por delincuencia organizada
Los feminicidios en México no están siendo investigados como tal,
existe una omisión y ocultamiento de las autoridades al respecto, ya que
los catalogan como suicidios u homicidios.
Sin reconocer los criterios de la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia en el caso Mariana Lima Buendía que señala que "todas las
muertes violentas de mujeres tienen que ser investigadas como
feminicidio", a la autoridad no le gusta reconocer estos criterios que
están en la Constitución y en los tratados internacionales.
Además, la autoridad niega la existencia de estos grupos delictivos
en el territorio nacional. Solo un estado, el de México, en 2008
registró datos oficiales de 3.260 mujeres desaparecidas, y de esa cifra
siguen desaparecidas 946 mujeres sin saber si están vivas o muertas.
También señaló omisiones y acciones de las autoridades estatales como
no vincular el feminicidio con otros delitos como en Tlaxcala con la
trata de niñas, ya que el protocolo de búsqueda no se activa de manera
inmediata.
Hizo hincapié en que otra manera de ocultamiento es adjudicar los
feminicidios a monstruos seriales, para no reconocer que operan grupos
delincuenciales, en lo que calificó de crisis de derechos humanos de las
mujeres.
El Observatorio se ha acercado al gobierno para apoyar con sus
propuestas las políticas de prevención de la violencia contra las
mujeres, desde la campaña y en el período de transición, por lo que
están esperando una respuesta.
De estas propuestas destacan que se fortalezcan la figura y la
autonomía del eje rector de las políticas de las mujeres en cada uno de
los estados, específicamente los Institutos o Secretarías de las
Mujeres, y que en los cambios estructurales a las instanciadas para
prevenir y garantizar los derechos de las mujeres, sean considerados las
organizaciones, mujeres feministas, y expertas en el tema, para que los
procesos sean más democráticos.
Igualmente, que sean retomadas las propuestas legislativas para
erradicar la discriminación de las mujeres y el avance de sus derechos
que se encuentran congelados.
También propone que se genere una estrategia integral de seguridad,
vinculada y coordinada de manera efectiva a nivel municipal, regional,
estatal y federal con el objetivo de prevenir los delitos contra las
mujeres, y se creen y fortalezcan las Unidades de Análisis y Contexto a
fin de identificar cómo, dónde y por quién están siendo asesinada las
mujeres y, a partir de ello, se fortalezcan las investigaciones, se
sancione a los responsables y se evite la propagación de nuevos
feminicidios.
Ante la presencia de los familiares de algunas víctimas de
feminicidio destacaron la propuesta de crear un Consejo ciudadano de
familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como
expertas en evaluación que permita supervisar el funcionamiento de los
mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
Sugiere que la desaparición se mire también regionalmente y los
protocolos se apliquen de manera coordinada en regiones con alto índice
de desapariciones y se sancione a las y los funcionarios que por acción u
omisión contribuyan a la prevalencia de la violencia contra las mujeres
y obstaculicen su acceso a la justicia.
Foto: Archivo AmecoPress.
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