El presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dieron a conocer que siete gasoductos están parados y que, sin embargo, cuestan al país 21 mil millones de dólares, una cifra que se paga por nada a Grupo Carso, IEnova y TransCanada.
Si bien la declaración nos coloca frente a una serie de pistas sobre el supuesto intento del nuevo gobierno por ordenar al Sector Eléctrico Nacional, también plantea una disyuntiva entre el atropello de derechos, la cancelación de libertades, y el despojo respecto a las enormes inversiones que se perderían en caso de cancelación.
La solución no es fácil y el caso del Proyecto Integral Morelos es paradigmático. Desde 2010 se inició la construcción de un gasoducto que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y llega a Yecapixtla, Morelos, donde se proyectaron dos termoeléctricas, cuyas turbinas serían enfriadas por las aguas del Valle de Cuautla.
Felipe Calderón pretendía inaugurarla y no pudo, como tampoco lo consiguió Enrique Peña Nieto, debido a la oposición de los pueblos del volcán que, con amparos y movilización, frenaron la culminación de la obra, cuyo gasoducto está a unos 150 metros de terminarse, algo que ha expuesto López Obrador para luego pronunciarse a favor de que se termine, aun cuando convoca a una consulta.
Las consultas ciudadanas (y en particular, la consulta indígena) son un pie cojo de López Obrador debido al desaseo con el que las plantea y, este caso no es excepción: propone consultar a todo el estado de Morelos y no sólo a las comunidades afectadas, excluye de la ecuación la peligrosidad volcánica que representa el Popo, y minimiza el daño a las comunidades que viven del agua del Río Cuautla.
A ello se suma el reclamo que durante una década viene haciendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, a través de los mecanismos previstos por las leyes y que, a cambio, padecieron de violentas redadas, con heridos de bala, prisión, hostigamientos, amenazas y vigilancia ilegal, todas acciones del conocimiento presidencial.
La reparación del daño pasa entonces por la justicia que merecen los opositores al megaproyecto, así como por la realización de una consulta de conformidad a los parámetros internacionales que no se están tomado en cuenta para el caso que, por otra parte, no es único.
Y es que al Proyecto Integral Morelos se suma el llamado Gasoducto Sonora, que dividió a la nación yaqui dejando en la indefensión a la comunidad de Loma de Bacúm, proyecto de IEnova, que preside Carlos Ruiz Sacristán y dirige Tania Ortiz Mena, prima de la actual secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Blanco Ortiz Mena.
En este último gasoducto, las comunidades acusan como agente de división y emisaria de la imposición a Katya Puga, funcionaria que fue de la secretaría de Energía peñista, hoy flamante empleada de González Blanco y a quien se encargó nada más y nada menos que el proceso de consulta por el Tren Maya.
Puga es también señalada en las comunidades tarahuamaras que ganaron amparo ante la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo, asignado por la CFE a TransCanada, y que se mantiene inactivo con enorme costo al erario. Esa empresa tampoco escapa al involucramiento de exfuncionarios, pues ahí las comunidades, acusan, funge como asesor el priista Francisco Labastida.
En estos y otros casos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe actuar con responsabilidad, pues no basta con darle visibilidad a los conflictos. Desafortunadamente, las opciones que está dando, más allá del sensacionalismo de sus declaraciones, no se encaminan a atender el problema de fondo como lo es la defensa del agua y el territorio, así como el derecho a la consulta previa, libre e informada, y sí a mantener la imposición con culpas al pasado y juegos demagógicos.