 |
López Obrador y el polémico memorándum.
Foto: Miguel Dimayuga
|
(Proceso).- Algunos, los conservadores, no se han
dado cuenta de que la manera de hacer política está cambiando en aras de
que cambie el contenido de la misma, el fondo. No se trata de que ese
cambio sea bueno nomás por serlo, pero de que hay cambio, lo hay.
El presidente ha firmado un documento insólito: un memorándum público
dirigido a una secretaria y dos secretarios de Estado, recordándoles la
política administrativa que se habrá de aplicar en lo referente a la
educación básica. Como eso es desusado, luego se ha señalado como
“inconstitucional” por varios opositores y algunos críticos. Un
exministro de la Suprema Corte dijo que era recurrible: lo es todo acto
conocido de la autoridad.
Los presidentes mexicanos no tenían costumbre de recordar a sus
subordinados el contenido de la política de manera pública más que
cuando declaraban: “he dado instrucciones para…”, pero, ¿sus órdenes
estaban por escrito?
El memorándum de AMLO está firmado y es público porque es parte de
una difícil negociación, en varias bandas, para abrogar la reforma
educativa de Peña Nieto, tal como lo dice el texto presidencial. Ese es
el fondo.
Las oposiciones tienen una iniciativa conjunta. El SNTE, que no se
movilizó contra aquella reforma, nunca ha estado de acuerdo con la
misma. Se encuentran de manera relevante los maestros (CNTE) que
lucharon arduamente contra ella y fueron víctimas de represalias
administrativas y penales. Finalmente, está el bloque parlamentario
mayoritario y el gobierno de López Obrador que buscan la manera de
construir el acuerdo conveniente.
La iniciativa original enviada por el Ejecutivo ha sido modificada en
un proceso enredado, pero el dictamen aprobado en comisiones de la
Cámara de Diputados no es del todo el texto que se requiere.
El memorándum expresa algunos aspectos que no podrían ir tan
claramente en un decreto de reforma constitucional, tales como actos de
política administrativa que son necesarios: revocar ceses, tratar de
cancelar procesos penales, dejar de pagar a los “aviadores”, centralizar
la nómina, contratar prioritariamente a los egresados de las normales,
entre otros aspectos.
El actual gobierno busca, como todo mundo sabe, la abrogación de la
reforma educativa. Mientras tanto, hay que tomar algunas orientaciones,
pero, sobre todo, advertir que, después de la aprobación del nuevo texto
constitucional, la cauda dañina de la reforma va a quedar subsanada.
Políticos y juristas acartonados parecen no entender el contexto
político. No existe en el memorándum ningún acto de gobierno contrario a
la Carta Magna porque, para empezar, no se trata de un decreto, sino de
un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en
el tema.
Si esos “especialistas” escandalizados quieren defender la reforma de
Peña Nieto, tal como parece, que lo digan y veremos cuál es el
contenido del debate. Si defienden el método de la política en lo
oscurito, como era antes, que lo señalen también. Si lo que molesta es
que el Ejecutivo pueda dar a conocer públicamente orientaciones internas
dirigidas a su gabinete y no sólo actos concretos, pues están viviendo
en otra época.
Si en lugar de memorándum ese texto hubiera sido el de un discurso,
los objetores no habrían podido decir nada por falta de firma, es decir,
de formalidad. Pero entonces no tendría el alcance que se le ha dado en
el marco de las negociaciones entre bandos que no se tienen confianza
entre sí.
Ya no son tiempos de aquella hipocresía bajo la cual las decisiones
del presidente eran grises, de tal forma que, si acaso generaban
rechazo, la culpa era del secretario de Estado del ramo. “Reservar
instancia”, se decía, cuando se ejecutaba algo que podría luego ser
rectificado por el superior, aunque éste lo hubiera decidido desde un
principio. Pura forma.
En cuanto a motivar y fundar los textos oficiales, eso opera para las
órdenes, decretos, resoluciones, contestaciones y cosas por el estilo,
con el propósito de hacer valer los principios de legalidad y certeza.
Pero no se puede estar hablando de la misma manera para todo memorándum
interno del gobierno. Cuando alguno de los secretarios que recibieron el
memorándum dicte alguna resolución, entonces de seguro dirá bajo qué
norma está actuando: así podrán los juristas acartonados tomarse la
molestia de ir con los jueces.
Otros han dicho que el memorándum no tiene importancia ni
trascendencia porque no es una figura jurídica. Entonces, ¿por qué lo
cuestionan?
Gracias al ruido desatado sobre el dichoso memorándum, éste ha tenido
mayor resonancia. Como la discusión sobre su legitimidad es algo que no
puede conducir a ningún acuerdo, entonces se ha convertido en un
instrumento político de mayor alcance. La discusión es algo que a México
le había hecho falta durante décadas. Ahora se discute casi todo lo
formal, hasta el tiempo que duran las conferencias mañaneras del nuevo
presidente.
Sin embargo, en política la forma no es fondo; sólo el fondo lo es.
Lo trascendente no es la forma de memorándum sino el contenido del texto
firmado y, especialmente, lo que se va a hacer.
Este análisis se publicó el 21 de abril de 2019 en la edición 2216 de la revista Proceso
No hay comentarios.:
Publicar un comentario