Frente abierto

La Jornada

León Bendesky

Hay un frente abierto en la relación entre los ciudadanos y el gobierno sobre el que ambas partes debemos reflexionar. Se trata de la noción de justicia que ha propuesto el gobierno y su relación con la ley.

Este es un ámbito complejo que concierne a las pautas que definen la vida en sociedad: entre las personas y su comunidad, y entre ellos y quienes conducen el gobierno, legislan y procuran justicia.

Hace días el Presidente firmó un memorando dirigido a las secretarías de Gobernación, Educación y Hacienda, que las instruye a dejar sin efecto todas la medidas mediante las cuales se haya aplicado la reforma educativa que se aprobó en el gobierno anterior.

Señaló que en el Congreso no se ha logrado un acuerdo para revertir la reforma, y que mientras se consiguen los cambios constitucionales y legales para hacerlo envió dicho memorando.

Afirmó:Si se tiene que optar entre justicia y ley, se decide por la justicia. He ahí el meollo de la cuestión.

En el comunicado de prensa emitido el 18 de abril por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dice de modo contundente quenada debilita más el estado de derecho y las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes, y la aplicación y cumplimiento de la ley no sea objeto de negociación política.

La justicia y la ley son cuestiones íntimamente ligadas, pero su interrelación no es de ninguna manera evidente. Y no puede ser de otra manera como se advierte en la discusión clásica de Sócrates con Eutifrón, quien acudía a la Corte para acusar a su padre de asesinato. Lo hacía sobre la base de que ello constituía un acto piadoso, es decir, que complacía a los dioses. Sócrates acorrala a Eutifrón, quien es incapaz de dilucidar lo que constituye la piedad o la impiedad, y con ello la justicia. Eso no lo detuvo para acusar a su padre, quien según se nos dice no violó la ley.

En La República, Trasímaco afirma que la justicia es sólo el interés del más fuerte, y que en las distintas formas de gobierno se promueven leyes democráticas, aristocráticas y tiránicas según diversos intereses, y esas leyes son la justicia y las que imponen en la sociedad.

Lo justo no es siempre evidente, y no está fuera de las relaciones existentes de poder. La compatibilidad entre la ley y la justicia es, entonces, problemática. El caso de la reforma educativa podría entrañar una injusticia, y lo que debe debatirse es cómo se enfrenta ese hecho en el marco de la ley y sin pasar por alto que el Presidente está obligado a cumplirla y hacerla cumplir.

Las leyes regulan el comportamiento de los ciudadanos y se establecen en un determinado marco político e institucional, llegando a ser parte de la Constitución y teniendo que ser cumplidas o, de lo contrario, caer en la ilegalidad.

Patrick Henry, uno de los llamadospadres fundadoresde Estados Unidos, expresó quela Constitución no es un instrumento del gobierno para controlar al pueblo, sino una herramienta del pueblo para controlar al gobierno.

La justicia, por su parte, se sostiene en la noción de igualdad y con una basamento ético y moral que señala que todos los individuos deben ser tratados igual por medio de las leyes, lo que abre la posibilidad a que sean consideradas injustas.

El Presidente piensa que la reforma educativa es un acto injusto y considera que su punto de vista es suficiente para ir por encima de la ley vigente. Pero tal postura no constituye un criterio político sano y no es necesariamente un acto de justicia. Impone un criterio personal, y como tal válido, pero por encima de la ley y de las normas democráticas de la separación de poderes. Aunque eso parezca irrelevante al presidente del Senado, lo que representa una postura ciertamente llamativa, por no decir grave.

La posición en que quedamos los ciudadanos es por lo menos incierta y frágil, pues la acción frente a la reforma educativa puede repetirse y, en cada caso, aplicar una consideración acerca de la justicia que, aunque pueda admitirse como valedera en principio, pone en entredicho el ámbito de la ley.