Desde el primer trimestre del gobierno de Felipe Calderón cuando se registraron 5 mil 441 homicidios dolosos o violentos no se había tenido un nivel tan alto de violencia delincuencial como ahora en el arranque del gobierno de López Obrador con 7 mil 242.
López Obrador ha justificado que los gobiernos anteriores le dejaron un cochinero en el tema de la seguridad y se comprometió a que en seis meses habrá una mejoría notable al respecto. Confía que, con la actuación de la Guardia Nacional y la implementación de los programas sociales, especialmente la ayuda a los desempleados, becas a los jóvenes estudiantes, la inseguridad disminuirá.
Al fijar un plazo para establecer una mejoría en seguridad pública el presidente López Obrador generó una expectativa y un compromiso que si no cumple puede convertirse en un enorme escollo y en el fracaso de su gobierno, lo cual alimentaria a los principales detractores de su gobierno que le apuestan a su fracaso.
En caso contrario, si logra lo que los últimos dos gobiernos no pudieron hacer, no solo callará las voces criticas que han denostado su particular estilo de gobernar, sino que se anotará un tanto importante para catapultar el proyecto de gobierno que encabeza y que podría continuar bajo otros nombres de mujeres y hombres que forman su gabinete o el partido Morena que es su base político electoral.
En seis meses o al final de año se tendrán que revisar los avances o retrocesos del plan de seguridad pública que el gobierno federal ha encargado al sonorense Alfonso Durazo y al encargado de la Guardia Nacional. Pero este lapso de tiempo se antoja muy corto para tener resultados de uno de los principales problemas que quejan al país y que ha generado el rompimiento del tejido social, la muerte de miles de personas, la desaparición de otras tantas y el desplazamiento de muchas familias.
En los países que han tenido este tipo de problemas –Italia y Colombia, por citar algunos–, los programas de combate al crimen organizado y a la inseguridad pública, han tardado años en dar resultado porque se trata de estrategias de largo plazo que van más allá del voluntarismo y están encaminadas a atacar problemas estructurales que tienen que ver con la corrupción, la justicia y la gobernabilidad.
El reto que se ha propuesto López Obrador de seis meses para tener resultados es, quizá, el mayor desafío de su gobierno porque se trata del problema más sentido y que aqueja al país, que nunca pudieron resolver los dos anteriores gobiernos y que, a la postre, se convirtió en una de las principales causas de su fracaso.
Por cierto… El Presupuesto de Egresos de la Federación de este 2019 (PEF-2019) contempla un presupuesto neto para las funciones de Seguridad Pública de 144 mil 809.7 millones de pesos (mdp); de los cuales, el 71.2% corresponden a las acciones para Justicia y el 28.8% se asignó para atender Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior. El análisis “Recursos destinados a Seguridad Pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019”, elaborado por la investigadora Gabriela Morales Cisneros, revela que la previsión de gasto para las funciones de Seguridad Pública de este 2019, implica una reducción real de 12.4% respecto a lo aprobado en 2018.