Ana Piquer (der.) en la presentación del informe de Amnistía Chile,
La directora Ejecutiva de Amnistía
Internacional Chile, Ana Amancay Piquer, recibió amenazas de muerte a
través de su correo electrónico, tras el informe que la organización presentó
el pasado 21 de noviembre sobre las graves violaciones a los Derechos
Humanos de las personas manifestantes por parte de las fuerzas de
seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera.
“No dice, ‘te vamos a matar’ en esos términos, pero sí dice que si
sigo haciendo lo que estoy haciendo puedo terminar en un ataúd”, afirmó
Piquer en una sesión de la comisión revisora de acusación constitucional
contra Sebastián Piñera. Dicha comisión lleva a cabo un procedimiento
ante el Congreso chileno para determinar si el presidente incurrió en
una infracción constitucional que justifica su destitución.
Piquer agregó que hasta ahora ha sido el único incidente, y que su
equipo está haciendo las gestiones para denunciar el caso. El informe de
Amnistía ha encontrado una férrea resistencia en el gobierno chileno
desde su publicación. El documento fue rechazado “categóricamente” por
la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien dijo que
incurre en “aseveraciones irresponsables”.
En el informe, AI señaló que las fuerzas de seguridad chilenas,
principalmente el Ejército y los carabineros (la policía federal)
estarían usando la fuerza “de manera innecesaria y excesiva con la
intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”, lo que
llevó a los altos niveles de personas muertas y heridas. Hasta el 21 de
noviembre, la organización contabilizó cinco muertos y miles de
personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas.
La intención de las fuerzas de seguridad chilenas sería clara,
denunció ese día Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de
Amnistía Internacional: “Lesionar a quienes se manifiestan para
desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la
tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar
medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de Derechos Humanos,
las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han
sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que
más personas se sumen al abrumador número de víctimas.”
En el informe, AI consideró que las violaciones de Derechos Humanos y
crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas
de seguridad “no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden
a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el ‘modus
operandi’ llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por
parte de Carabineros.” Al mismo tiempo, analizó que el grado de
coordinación necesario para sostener la represión violenta, sólo podría
conducir a pensar en que la responsabilidad al más alto nivel ordenó o
toleró la represión.
Bajo los ejes temáticos “Uso letal de la fuerza”, “Tortura y malos
tratos”, y “Lesiones graves y armas potencialmente letales”, la
organización detalló casos específicos de personas asesinadas a manos de
oficiales, el trato después de una detención, y el uso según
convenciones internacionales inadecuado de armas. La mayoría de las
víctimas mencionadas, también en un caso de tortura sexual, fueron
hombres.
En un caso, una niña de 15 años de edad recibió múltiples perdigones
de goma de un policía que disparó desde un coche oficial en movimiento,
mientras ésta se encontraba en una concentración pacífica en la
localidad de Cerrillos en la Región Metropolitana. Los perdigones le
impactaron el ojo izquierdo, la parte frontal de la cabeza, el hombro y
el cuello.
En otra ocasión, un oficial de Carabineros le disparó a una mujer de
24 años sin previo aviso una bomba lacrimógena que impactó su ojo
derecho mientras se manifestaba de forma pacífica. Ella, “forma parte de
las decenas de personas que han sufrido daño ocular severo ya sea por
impacto de bomba lacrimógena o por un cañonazo de agua en contextos de
manifestación.”
Amnistía denunció que en varias ocasiones las autoridades
obstaculizaron la labor de abogadas y abogados, personas defensoras de
Derechos Humanos y personal médico. También fueron lesionadas o
golpeadas personas mientras prestaban primeros auxilios en
manifestaciones.
La organización concluyó su informe con varias recomendaciones al
gobierno chileno, entre ellas sólo usar las armas letales de forma
excepcional y no como un medio de disuación; investigar la
responsabilidad del mando en las violaciones a Derechos Humanos; llevar a
cabo reformas legislativas; y emprender “una reforma seria y profunda”
de la policía.
Foto retomada de Twitter @amnistiachile
Ciudad de México.
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