Francisco López Bárcenas
El pasado 18 de
mayo, José Francisco Cali Tzay, el relator especial de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó su
preocupación por el devastador impacto que la pandemia de Covid-19 está
teniendo entre los pueblos indígenas, el cual, según su expresión, va
más allá de la afectación a la salud. Según el funcionario
internacional, los estados de emergencia están exacerbando la
marginación de las comunidades indígenas; se están militarizando sus
territorios; se está negando su derecho a la libertad de expresión y
asociación; los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo
sus territorios, tierras y recursos naturales; se están suspendiendo
abruptamente las consultas a que tienen derecho antes de realizar
acciones que puedan afectarlos, lo mismo que las manifestaciones de
impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos.
También dijo que a esas amenazas y en medio de ellas, los pueblos que
han logrado resistir mejor la pandemia de Covid-19 son los que han
ejercido la autonomía y el autogobierno, porque eso los empodera y les
permite gestionar sus territorios, tierras y recursos naturales,
garantizar su seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y
su medicina tradicional. Ignoro si el relator conocía a fondo la
realidad de los pueblos indígenas de México cuando formuló sus
declaraciones, pero no cabe duda de que su diagnóstico resulta un
retrato fiel de lo que pasa en nuestro país, sumido en la pandemia que
cada día que pasa se profundiza más, aumentando el número de contagiados
y de muertos que muchas veces no se registran como tales. Y esto sucede
a pesar de la anunciada nueva normalidad, que muchos, con más
conocimiento de causa, han bautizado como la cruel realidad.
Ejemplos sobran. Los pueblos y las comunidades indígenas han
enfrentado los efectos de la pandemia con sus propios recursos, porque
ninguna institución de salud o relacionada con la alimentación les
proveyó de información oportuna y adecuada sobre qué medidas tomar para
evitar el contagio; los que pudieron cerraron sus fronteras y se
atrincheraron en sus territorios, controlando entradas y salidas,
reparto de alimentos y medidas de higiene y de salud, pero la duración
del encierro ya está generando problemas, obligándolos a relajar las
medidas de prevención, con el consecuente aumento de contagios y
muertes. Algunos han alzado la voz pidiendo auxilio y organizaciones
sociales espontáneas o con experiencia en estos menesteres están
implementando algunos apoyos, pero son insuficientes. Las cosechas de
riego se han perdido y las de temporal no se llevarán a cabo en muchos
casos porque la tierra no pudo prepararse. Y no se ve programa alguno
para apoyarlos, lo que aumentaría el hambre y los problemas de salud.
La militarización de la que habla el relator también está presente y
no sólo en los territorios indígenas, sino en todo el país, pues el
Presidente de la República ha encargado al Ejército la seguridad en todo
el territorio nacional. Y como también es sabido, el propio Presidente,
contra toda lógica dada la situación de emergencia, declaró actividad
esencial la minería y dio el banderazo de inicio de los trabajos de la
construcción del llamado Tren Maya, actividad y obras que han recibido
fuerte oposición por la afectación que producen en territorios indígenas
y, como dice el relator, representan una invasión y destrucción de los
territorios, las tierras y los recursos naturales de los pueblos
indígenas por los intereses empresariales, que los despojan de ellos y
al hacerlo profundizan su marginación.
Dicho de otra manera: el gobierno y los empresarios están
aprovechando la pandemia de Covid-19 para profundizar el colonialismo
interno en que transcurre la vida de los pueblos indígenas. Pero como el
relator de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas observa, éstos
resisten, como lo han hecho siempre. Sólo que no se trata únicamente de
resistir, sino de avanzar y acabar con ese colonialismo que los oprime y
no los dejar ser ellos. En ese sentido, el abandono gubernamental
frente a la pandemia puede ser la oportunidad para potenciar sus
fortalezas y tomar el control de su futuro. Pensar que la nueva
normalidad –esa cruel realidad de la que algunos hablan– no puede
concretarse si los pueblos indígenas –y con ellos todos los otros
sectores dominados– no alcanzan la emancipación. Proponérselo ya es un
buen comienzo. Pero a eso hay que agregar propuestas realizables y
formas de alcanzarlas. Ese es el reto que tenemos enfrente.
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