La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados avalará este lunes una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la que se considere falta administrativa grave que funcionarios de los gobiernos de las 32 entidades no paguen oportunamente las cuotas y aportaciones de seguridad social, debido a que desde enero 27 estados y el gobierno capitalino deben 6 mil 129 millones de pesos.
El documento en el que se explica la reforma prevé que, además, el Issste pueda descontar directamente de las participaciones federales los adeudos de los gobiernos estatales, por lo que la comisión advirtió en el proyecto de dictamen que el retraso en el pago se ha convertido en
una conducta perversaque afecta el equipamiento de hospitales y de los servicios médicos, con el consecuente daño a diversas prestaciones.
En el texto se resalta que la omisión en informar del pago ocasiona que los trabajadores enfrenten restricciones para obtener préstamos o créditos, así como la generación de problemas al realizar trámites administrativos por el hecho de que la entidad patronal no cumple con su obligación de entregar oportunamente las cuotas y aportaciones de seguridad social de sus empleados de base.
También plantea que conforme al reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativo a los seguros de salud, invalidez y vida, así como riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales, el reporte de adeudos
refleja la magnitud y cantidad de recursos que son omitidos por parte de las entidades federativas al Issste en detrimento de todos los trabajadores.
La ley vigente incluye un mecanismo para que los patrones cumplan la obligación de retener y entregar las cuotas, aportaciones y descuentos de sus empleados, pero aun así persiste un adeudo considerable y, por lo tanto,
es necesario sancionar a los servidores públicos responsables con esta magnitud (la falta administrativa grave) para inhibir esa conducta perversa que afecta a las trabajadoras y trabajadores, lo cual ya se ha hecho costumbre.
En el documento se indica que la falta de pago genera problemas serios al instituto que afectan su capacidad de inversión y, sobre todo,
ineficiencias en la atención de todos y cada uno de los derechohabientes a los que puntualmente se le retiran las aportaciones.
La ley vigente prevé que los funcionarios que no paguen las cuotas al Issste sólo serán responsables civil, penal o administrativamente, pero la comisión agregó que no se precisa la clase de responsabilidad en que incurren y se pretende que
la legislación sea efectiva procurando así la eficacia de las instituciones.
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 8 de junio de 2020, p. 7
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