Pachuca, Hgo. Durante esta época de pandemia, la
demanda de interrupción del embarazo en Hidalgo se triplicó pues
mientras en 2019 las organizaciones civiles que acompañan los procesos
de mujeres que quieren acceder a este derecho atendieron a 56, para el
primer cuatrimestre de este año la demanda subió a 64.
Así lo dio a conocer la directora de la organización civil “Di
Ramona”, Daniela Téllez, quien mencionó que la pandemia y el aislamiento
domiciliario han dejado varias secuelas a las mujeres, entre ellas, más
embarazos no deseados y pérdidas de empleo que han ocasionado que no
tengan acceso a atención de salud.
De acuerdo con la entrevistada, durante el 2019 atendieron a 56
mujeres que decidieron interrumpir un embarazo de forma legal, con
medicamento y en casa, bajo un protocolo revisado por la Organización
Mundial de la Salud.
En el primer cuatrimestre del año y ya con los primeros meses de
confinamiento, la demanda ascendió a 64. Hecho que encendió las alertas
para la organización de respaldo a las maternidades elegidas.
El escenario lo comparten el resto de las organizaciones en Hidalgo y
otras entidades federativas. A nivel global, la Organización Mundial de
la Salud advirtió que la pandemia y las cuarentenas dejarían al menos
siete millones de embarazos no deseados alrededor del mundo.
Este panorama se complica debido a que muchas mujeres perdieron su
empleo o están en casa en aislamiento, con sus parejas o incluso con sus
violentadores, que pueden ser esposos, padres, hermanos u otros
familiares.
Sin recursos, ni privacidad, y en muchos casos sin que las personas
de su contexto respalden la decisión de no continuar su embarazo, con un
confinamiento que les impide obtener información, ir a clínicas en la
Ciudad de México o comprar los medicamentos, las mujeres no tienen
muchas opciones, y no se les respeta su decisión, explicó la
entrevistada.
Ante esto, las mismas organizaciones hacen frente con las donaciones
de asociaciones mundiales, con información discreta, y con el apoyo
psicológico necesario para que las mujeres tengan todo el acceso a
información y decidan si continúan o no con su embarazo.
La demanda principal de los servicios se realiza en cabeceras
municipales y zonas metropolitanas. La especialista explicó que la
mayoría de estos casos descubren historias de violencia doméstica,
sexual, abusos, entre otros.
Dijo que la respuesta de las autoridades ha sido lenta, desde que el
mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desestima
el problema de la violencia “cómo van a resolver algo que no aceptan que
existe, según él, 90 por ciento de las denuncias son falsas”.
A la contingencia en Hidalgo le queda por lo menos mes y medio, y las
organizaciones de acompañantes de abortos seguros hacen frente con los
recursos a distancia, y las redes reconocen que el problema es más
grande que sólo la atención de información sobre las interrupciones.
Mientras la reacción de las instituciones siga siendo poca o nula,
las mujeres estarán constantemente en riesgo y en vulnerabilidad de sus
derechos.
Cabe señalar que en diciembre del año pasado, la legislatura desechó
la iniciativa que ampliaría la legalidad de la interrupción del embarazo
hasta las 12 semanas como en la Ciudad de México y Oaxaca.
La justificación que difundieron las y los legisladores fue que este
problema no es tan grande debido a que no es visible. Además de que
políticamente no era un buen momento. El hecho fue calificado por las
organizaciones feministas como “darle la espalda a las mujeres de la
sociedad que buscan libertad en sus decisiones y su cuerpo”.
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