Ciudad de México. La defensora de los derechos
laborales de personas obreras y asesora legal del Sindicato Nacional
Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS),
Susana Terrazas, fue detenida en Matamoros, Tamaulipas, acusada de
“delitos cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y
coacción de particulares”.
La detención ocurrió en el contexto de abusos laborales que se han
registrado contra las y los trabajadores de las maquilas durante la
pandemia en el norte del país, mismos que la litigante ha denunciado
públicamente y acompañada legalmente.
Este lunes, 8 de junio, el gobierno de esa entidad giró una orden de
aprehensión en contra de Prieto Terrazas por presuntos “delitos
cometidos en contra de servidores públicos, motín, amenazas y coacción
de particulares”, de acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía
General de Tamaulipas.
“Un Juez de Control emitió el mandato judicial ejecutado por los
agentes investigadores después de que se presentaran los elementos de
prueba suficientes que implican a la detenida en los citados delitos
registrados en la Avenida Álvaro Obregón de la colonia Jardín de este
municipio. Susana “P” será puesta a disposición del Poder Judicial, que
en breve determinará su situación jurídica”, dice el comunicado. Al
cierre de esta edición se desconoce la situación jurídica de la
defensora y los detalles de los delitos por los que se le acusa.
Criminalizan a defensora, aseguran
La propia Terrazas transmitió en sus redes sociales un video en vivo
de su detención. Ahí expresó: “El gobernador del estado, yo sabía que
tarde que temprano iba a hacer esto. Estoy siendo aprehendida”.
Prieto es asesora legal y acompañante de personas obreras que desde
2019, integradas en el Movimiento 20/30, han defendido sus derechos
laborales. De acuerdo con un comunicado firmado por decenas de
colectivos y asociaciones gremiales que respaldan a Prieto, el
Movimiento 20/30 denunció en el pasado la manera en que las empresas en
el norte de México explotan a las y los trabajadores y violan
sistemáticamente sus derechos. Desde entonces, dijeron, la abogada es
hostigada y amenazada por diversas autoridades locales y federales,
empresas maquiladoras y de servicios, así como de líderes de sindicatos
charros, además de sufrir un hostigamiento constante en sus redes
sociales.
Las organizaciones firmantes, entre las que está Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C.
y Agrupación de Lucha Socialista, dijeron que su detención es una
acción más de represión de la lucha social y la defensa de la clase
obrera. “Esta es una afrenta directa a todas las y los trabajadores que
históricamente han visto machacados sus derechos y dignidad, por lo que
exigimos la inmediata liberación de Susana y responsabilizamos al
gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; ; al
Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, y al
gobierno federal, de lo que pueda ocurrir con la integridad física y
psicológica de la compañera”, expresaron.
Las organizaciones también responsabilizaron de la criminalización
contra Prieto a directivos de Fisher, Kongsberg, BCS Electrónica, Nexos
Magnéticus, Lexmark, DURA, Electrolux, TPI, Tridonex, MERIT, Kongsberg,
BVI Visitec entre otras, así como a líderes sindicales como Juan
Villafuerte, del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la
Industria Maquiladora (SJOIIM) y Agapito González, del Sindicato de
Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI).
Desde que inició la pandemia, la abogada ha denunciado en distintos
medios de comunicación y en sus redes sociales los despidos
injustificados, bajas salariales, ausencia de protección para el trabajo
y otros abusos laborales que han cometido empresas maquiladoras en el
norte del país contra las y los obreros.
El pasado 17 de abril, Prieto concedió una entrevista a Cimacnoticias
en la que dijo que ha recibido denuncias por parte de trabajadoras y
trabajadores de maquilas en Matamoros, Reynosa, y Ciudad Juárez,
Chihuahua, por violar el decreto nacional del 30 de marzo al aglomerar a
miles de personas en cada turno laboral. De acuerdo con la abogada, en
el caso de mujeres embarazadas, adultas mayores y con otros factores de
riesgo, los empleadores las obligaron a tomar sus vacaciones y días de
descanso como parte de la cuarentena; en otro caso, se les orilló a
firmar convenios sin goce de sueldo o con salarios disminuidos.
La abogada aseguró que también acompañó el caso de una trabajadora en
periodo de lactancia, a quien inicialmente se le impidió ir a su casa a
pesar de presentar síntomas de contagio. Luego de insistir mucho y de
que su hijo enfermara, la mujer consiguió que el IMSS le concediera una
licencia de incapacidad de 11 días pero con un sueldo disminuido. Entre
las empresas que más han denunciado violaciones laborales por despidos
masivos o por no frenar laborales, de acuerdo con la abogada, está
Electrocomponentes de México y Electroluz, que fabrican bandas de
electrodomésticos, considerados no esenciales durante esta emergencia.
La abogada explicó que en el norte del país la mano de obra femenina
sigue siendo más barata, no más de 390 pesos, lo que profundiza sus
condiciones de vulnerabilidad durante esta pandemia. Otra característica
de ese sector, es que miles de obreras son migrantes, quienes llegan a
trabajar a Chihuahua sin una familia o solas con sus hijos. Aunque se
ordenó a nivel federal que las estancias infantiles permanecieran
abiertas, de acuerdo con la defensora de los derechos laborales, todas
las guarderías en esa entidad permanecen cerradas.
El pasado 7 de junio, Prieto publicó en sus redes sociales que se
logró que la empresa Fisher pagara a las y los obreros, miembros de
SNITIS, la diferencia del 40 por ciento entre el salario que recibieron
durante la pandemia y el que debieron pagarles. Días después, la empresa
desconoció al sindicato. Prieto también informó sobre la muerte de un
trabajador, de otra empresa, presuntamente por COVID, y convocó a
distintas movilizaciones para exigir el reconocimiento de los derechos
laborales.
Tras conocer sobre la detención, varias personas se manifestaron este
9 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la Ciudad de México por la
liberación de la abogada.
20/AJSE/LGL
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