Una pandemia que se ensaña en los jóvenes

Víctor M. Quintana S.*

Cuauhtémoc, Chihuahua, casi podría ser un municipio de la esperanza en lo que a Covid-19 se refiere: a la fecha únicamente se han presentado dos defunciones por la pandemia, poco más de una por cada 100 mil habitantes, y 20 contagios. Pero en la pandemia de desapariciones de personas, esta ciudad del oeste chihuahuense ha de encabezar a toda la nación, con más de 650 expedientes vigentes en su región de influencia, muy por encima de la tasa nacional.

Desde finales de 2019 se ha desatado una terrible oleada de desapariciones de muchachos muy jóvenes, de entre 15 y 16 años, que tiene conmocionadas a muchas familias. En enero se reportaron alrededor de 30 desapariciones. Sólo dos o tres de ellos han sido encontrados sin vida.
Las especulaciones señalan que se trata de la pugna entre dos cárteles, como sucede en la Sierra: La Línea, o cártel de Juárez, y el grupo del Tigre, un tránsfuga de La Línea que ahora forma parte del cártel de Sinaloa. Según esto, los muchachos son desaparecidos porque los identifican como pertenecientes o consumidores del cártel rival. Pero eso no se puede generalizar, es muy injusto decir que todos los jóvenes desaparecidos andaban metidos en algo.
Son muy diferentes las maneras cómo los dos cárteles reclutan a sus efectivos: mientras La Línea prefiere reclutar a ex militares y ex policías, el cártel de Sinaloa prefiere muchachos muy jóvenes, sobre todo menores de edad. Los entrena, los arma y, los capacita en sus derechos. Les entrega ejempla-res de la Constitución, que los jóvenes llevan consigo para, en caso de ser arrestados, demostrar que por su edad son inimputables y sean dejados en libertad. Estrategia que nos remonta al reclutamiento de niños en las milicias y ejércitos mercenarios de África.
Los primeros casos de desapariciones empezaron a darse entre 2010 y 2011 en la región de Cuauhtémoc, centro de influencia en varios municipios del llano y de la sierra de Chihuahua. Quien empezó a dar seguimiento a las denuncias desde entonces es el Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEHM, de Chihuahua, encabezado por Gabino Gómez Escárcega, coordinador del área de personas desaparecidas, personas defensoras de derechos humanos y personas desplazadas de esa organización. Ellos llevan los casos de más de 270 personas desaparecidas en este estado.
Tres casos colectivos de 2011 fueron los que hicieron que elCEDEHM y Gabino se involucraran de lleno en su labor de acompañamiento y denuncia: el de ocho hombres de la familia Muñoz Veleta, secuestrados de la casa donde celebraban el Día del Padre, en la colonia Anáhuac. El caso de la familia Ibarra, de la cual primero desparecieron a Mario Ibarra Jr., luego, a su padre, Mario Ibarra Sr., y dos hermanos de éste, Artemisa y Jorge, mientras llevaban a cabo su búsqueda. Antes, en Guadalajara, había desaparecido ya un cuarto hermano, de nombre Aristófanes. El tercer caso es el de siete personas internas en un centro de rehabilitación, secuestradas de ahí mismo. Hasta ahora no se tienen noticias de ninguna de ellas.

En el largo proceso de búsqueda, ha habido tres heroínas, tres mujeres que han desaparecido por buscar a sus parientes desaparecidos: Guadalupe Fierro, de la comunidad de Pachera, municipio de Guerrero, Artemisa Ibarra y Martha Loya, esta última desaparecida mientras buscaba a sus hijos.
Las familias de las personas de-saparecidas, acompañadas siempre por el CEDEHM llevan ya casi 10 años de búsqueda y de activismo. Cada año marchan a la Ciudad de México para demandar justicia el Día de las Madres, aunque en el presente año sólo lo hicieron de manera virtual debido a la cuarentena del Covid-19. Una y otra vez demandaron a César Duarte, entonces gobernador, se firmara un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense, el EAAF, para realizar un peritaje sobre un conjunto de fragmentos de restos humanos encontrados en 2011 en tres ranchos: Dolores, El Mortero y Brecha El Porvenir. Duarte se negó sistemáticamente, decretando que: en Chihuahua no había desaparecidos. Los restos permanecieron años sin ser identificados. Por fin la demanda de las familias de las víctimas fue escuchada por el gobernador Javier Corral, quien firmó un convenio de colaboración con el EAAF. A la fecha se han identificado plenamente los restos de 24 personas, todas desaparecidas en 2011. El CEDEHM asesora a las familias en las labores de demanda de justicia, de búsqueda y en el acompañamiento sicosocial, la edificación de la resiliencia ante pérdidas tan dolorosas, hasta sentidas y muy solidarias ceremonias de duelo para las personas desaparecidas ya identificadas.
Heroínas y héroes no han faltado. Mujeres y hombres, sobre todo mujeres que recorren todo el camino para transformarse de víctimas a sujetos. Activistas, abogadas, sicoterapeutas, que marchan junto con ellas. Desgraciadamente las desapariciones se han vuelto más virulentas convirtiendo el futuro de muchos jóvenes en un presen-te de espanto y de muerte. Se hace imprescindible, la intervención coordinada de las fiscalías federal y estatal para que se haga justicia y terminar con este silencioso juvenicidio en los llanos de Chihuahua.
*Investigador-docente de la UACJ