Estamos en la cresta de
la pandemia del Covid-19. Nadie sabe cuánto durará. Todos ansiamos que
llegue su final, pero conforme éste se aproxime será más urgente
construir alternativas para salir de la crisis, cuyas primeras
manifestaciones apenas vemos, y cuya superación generará menor
sufrimiento, en cuanto las estrategias puestas en práctica sean más
creativas y de diseño más inclusivo. Nadie puede estar exento del
esfuerzo de proponer y dialogar para alcanzar acuerdos, y nadie, mucho
menos los responsables de las decisiones, pueden ser omisos en la
escucha de los diversos planteamientos, y en la voluntad de convencer y
dejarse convencer, con el criterio del máximo bien de las personas,
basado en el respeto y garantía de sus derechos.
Es alentador el llamado que más de 300 personas y organizaciones
sociales formularon a la sociedad civil y al gobierno sobre la necesidad
de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia sea
integral y apegada a los derechos humanos. Además del valor de los
argumentos, es importante el testimonio de décadas de lucha social de
todos los firmantes –personas y organizaciones– en los más diversos
campos del reclamo de justicia para los excluidos y los desiguales.
Promovida originalmente por un grupo de personas identificadas como
La 4D, por su referencia a la letra inicial de los vocablos: Derechos, Democracia, Desarrollo y Diversidad, llaman a la sociedad civil y a los distintos niveles de gobierno a
abrir, con el mejor de los compromisos, espacios de diálogo, interlocución y colaboración que permitan al país transformar la actual situación que aflige a millones de personas.
“Será de suma importancia –añaden– compartir nuestras reflexiones y
coordinar nuestras acciones”. El llamado no apela de manera ingenua a
gestos de buena voluntad, sino que formula propuestas específicas para
reformas y cambios que vayan a fondo. “Consideramos –dicen– que éste es
el momento para comprometerse en serio con reformas estructurales para
una justicia redistributiva, incluidas las tributarias progresivas,
donde se requiera a los depositarios de grandes fortunas y a los grandes
conglomerados corporativos contribuir con la sociedad en una medida
proporcional a su riqueza”. “Es también –añaden– momento de profundizar
en la democracia como condición de la fortaleza de la sociedad y de su
Estado”.
Hay un tercer asunto de interés, derivado de una característica de
quienes formulan el llamado, y obliga a una interpretación más amplia de
las implicaciones de sus propuestas: su gran mayoría tiene una
reconocida trayectoria en la izquierda social. Aquella que no se
desarrolló principalmente en los partidos políticos ni en los procesos
electorales, sin que nieguen su utilidad, sino en los procesos
organizativos y reivindicatorios de derechos de los diversos
agrupamientos sociales. Su intervención, más que política, ha ocurrido
invariablemente en los momentos de emergencia social, por ejemplo, en la
situación generada por los sismos, en el levantamiento indígena en
Chiapas, en el reclamo por las personas desaparecidas y en muchos
momentos dolorosos para la sociedad, particularmente para los sectores
excluidos.
Este tercer elemento podrá contribuir a ubicar las diferencias en el
nivel que corresponde. No se trata de un pleito entre dos, sino de
construir un arreglo entre todos. Se trata del futuro del país. En el
boletín de prensa, con el que presentó el lunes el llamado, se señaló:
no apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. No compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo, como un espacio de la izquierda social, reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas. Por lo que pedimos a las autoridades escuchar y debatir con base en las ideas las propuestas desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar argumentos y sin menospreciar planteamientos, por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial. No únicamente la sociedad, sino la propia izquierda, son diversas.
En el pasado las posiciones distintas se consideraban como
indisciplina. Hoy son signos de democracia, y ésta genera fortaleza. La
construcción de alternativas requiere que la izquierda se ponga de
acuerdo. Esto es necesario, pero no suficiente. El diálogo debe ser
entre todos:
las acciones de índole económica para salir de la crisis no son sólo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno. Lo que tiene implicaciones políticas, puesto que requieren de un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y el poder público. No se trata de que más acción gubernamental sea igual a menos democracia. Hay que regular la economía, hay que regular el desarrollo social y, no podemos olvidarlo, hay que regular al regulador.
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