La calidad de una sociedad se refleja en gran medida en el trato que
da a mujeres, niñas y niños. Se aprecia también en sus actitudes y
prácticas hacia las personas extranjeras, en particular hacia las y los
migrantes que viven en su territorio o lo atraviesan. La conducta de
muchos gobiernos y de las propias sociedades hacia las mujeres durante
esta cuarentena ha corroborado que las transformaciones impulsadas por
el feminismo desde el siglo XX no han bastado para contrarrestar la
misoginia social e institucional.
En México, la ausencia de políticas públicas para prevenir la
violencia machista o garantizar el desarrollo y la autonomía de las
mujeres es responsabilidad de este gobierno principalmente pero es
también una falla social añeja. Las medidas hacia la población migrante,
tomadas o ignoradas, por los gobiernos de nuestro país y del continente
americano, por otra parte, confirman a su vez que la xenofobia y el
racismo no son fallas circunstanciales sino parte integrante de
políticas públicas y de actitudes sociales excluyentes que las crisis
agudizan, con altos costos para quienes las padecen.
Los padecimientos de las poblaciones migrantes, que suelen agravarse
en épocas de crisis, han quedado en la invisibilidad para la mayoría de
las sociedades, donde muchos tienen que preocuparse por su propio
bienestar, su salud y su vida y las de sus familias. Esta indiferencia
social, consciente o no, ha favorecido las tendencias autoritarias y
excluyentes que caracterizan a muchos de los gobiernos de nuestra
región, y no sólo a Estados Unidos o El Salvador, como parecería
desprenderse de las coberturas mediáticas.
De ahí la importancia de la iniciativa (IN) MOVILIDAD EN LAS
AMÉRICAS, impulsada por 30 especialistas de diversos países para
“mapear” las consecuencias del COVID-19 sobre las poblaciones migrantes,
en un sentido amplio, con el fin de mostrar “los espacios ocultos”, los
“conflictos latentes” que solemos ignorar; entre ellos la tensión entre
el control social que impone in-movilidad o expulsión a las poblaciones
transmigrantes (www.inmovilidadamericas.org).
Así, por ejemplo, este proyecto también en actualización constante,
documenta cómo desde el inicio de la cuarentena en marzo, distintos
gobiernos de las Américas fueron cerrando sus fronteras, sin avisar a
las poblaciones binacionales o transfronterizas, sin tomar en cuenta
lazos familiares, condiciones de vulnerabilidad o peligro para quienes
quedaban atrapadas en un país extranjero, con o sin papeles, expuestas a
las políticas del país de residencia o tránsito. Como si la pandemia
hubiera tomado a todos por sorpresa, no hubo un acuerdo continental ni
regional para garantizar la protección de las poblaciones migrantes. Así
cientos de miles o millones de personas han quedado varadas en un
territorio, sin apoyo ni protección, o han sido deportadas o encerradas,
muchas veces a riesgo de su salud y de su vida, según la buena o mala
voluntad de cada gobierno.
Alguno, como Estados Unidos, ha seguido deportando a migrantes
“irregulares”, incluso enfermos de COVID-19, lo que viola su Derecho
Humano a la salud. Brasil, en contraste, otorgó a la población migrante
un apoyo económico por varios meses para sobrellevar la pandemia.
México, como sabemos, deportó o sacó de las estaciones migratorias a
muchos, sigue recibiendo a personas deportadas de Estados Unidos pero
carece de una visión integral o de una política humanitaria hacia las
miles de personas que han quedado atrapadas, sobre todo en la frontera
norte.
En contraste con la falta de acuerdo explícito para garantizar la
vida y la salud de millones de migrantes en el continente, se han dado
coincidencias ominosas en las prácticas gubernamentales autoritarias:
además del cierre de frontera, la desposesión de derechos, la anulación
del derecho de asilo y de refugio, la promoción del miedo, el trato
despreciativo hacia trabajadores “sin documentos” aun cuando su mano de
obra sea indispensable, maltrato e invisibilización de niñas, niños y
adolescentes, y otras políticas de marginación y precarización que
causan sufrimiento y que, al devaluar la vida de unos, devalúan la
convivencia y la vida de todos nosotros. Ignorar o tolerar esta
exclusión nos hace corresponsables de ella y nos expone a ser un día
también entes invisibilizados y “desechables”.
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