Ciudad de México. Familiares de personas
desaparecidas, de diferentes entidades del país, siguen en huelga
enfrente del Palacio Nacional. Y así como ha crecido el número de
participantes en el plantón desde que se instalaron las carpas
en la calle bloqueada entre Zócalo y Palacio, ahora son alrededor de
cien personas, así ha crecido la ira con las y los funcionarios de
gobierno.
“Exigimos la destitución de Mara Gómez Pérez”, afirmó en entrevista
con Cimacnoticias, a través de una cinta amarilla que rodea las carpas,
Xóchitl Olbín, madre de Andrea Guadalupe Reyes Olbín, desaparecida desde
el 28 de octubre del 2011. Ella, al igual que las otras familiares
presentes, consideran que la titular de la Comisión Estatal de Atención a
Víctimas perdió toda credibilidad para dialogar con las víctimas, al
afirmar en una reunión con funcionarios hace tres meses que “todo el
mundo cree que somos la Lotería Nacional”.
“Yo la verdad no me saqué la lotería cuando mi hija desapareció”,
dijo, “perder un hijo no es cualquier cosa. La vida de mi hija, nadie la
va a suplantar. Mi hija dejó una hija. Y ella siempre pregunta por su
mamá.” Y parece que con este comentario, la titular de la CEAV rompió el
canal de comunicación con las familiares, tan esencial para desarrollar
estrategias para garantizar la atención a las víctimas.
“La señora no tiene un plan de trabajo”, opinó Olbín, quien estuvo
presente el martes pasado cuando Mara Gómez Pérez, junto con equipo de
personal médico y terapeutas, se acercó al plantón. La funcionaria
habría afirmado que no se va a recortar 75 por ciento del presupuesto
de la CEAV, como había denunciado en un comunicado publicado el 2 de
junio. El decreto de austeridad del presidente Andrés Manuel López
Obrador explícitamente excluye los rubros de Derechos Humanos, había
declarado después el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo
Herrera Gutiérrez.
Gómez Pérez les faltó al respeto, dicen las madres
Sin embargo, las familias quedaron en la incertidumbre de a quién
creerle. “Mara Gómez sólo nos dijo que era apresurado su comunicado”,
contó Helga Hernández de Veracruz, madre de Bryan de Jesús Hernández
Gutiérrez, desaparecido desde 2016. “No nos afirmó que ya era una orden.
No hay nada firmado para garantizar que el presupuesto no se va
reducir”, continuó. Hernández está convencida que la funcionaria “trata
de hacer división entre los colectivos”, diciendo unas cosas a un grupo
de familiares, y otras a otro.
De la misma manera, Gómez se habría molestado por la cantidad de
personas que buscan a un mismo individuo y reciben apoyo de la CEAV.
“Ella quiso concentrar los recursos en la esposa o la madre”, explicó.
“No entiende que no me puedo ir a buscar tantos días, porque me
desgasto. Lo emocional, el cansancio de ir con pico y pala, es mucho.
Entonces, después de mí, sigue mi hermano, sigue mi hijo.”
El grupo de familiares reunidas en el plantón, publicó un comunicado
en el que afirmó que Gómez visitó el grupo en dos ocasiones. Sin
embargo, “evidenció de nueva cuenta su insensibilidad ante las víctimas y
su incapacidad de gestión de la institución que representa. No atiende
nuestras solicitudes, ya que en ninguna se han establecido compromisos
concretos.”
Xóchitl Olbín contó que una asistente de la funcionaria apuntó los
contactos de las personas presentes y las contactó después: “A mí me
llamaron para preguntarme que qué era lo que yo necesitaba, qué podían
hacer para que yo me levantara, me habló de unas becas. Pero yo le dije,
no vinimos por una becas. ¡Queremos las búsquedas! Queremos un recurso
para seguir buscando nuestros hijos, porque si ellos no lo hacen,
¡nosotros sí queremos!”
Los colectivos denunciaron que de manera previa a la contingencia por
el COVID-19, la CEAV se habría negado a proveer la atención y garantías
implementadas en las leyes. Por lo tanto, exigieron sostener una
reunión con López Obrador, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos
Humanos; así como la destitución inmediata de Gómez Pérez.
En otro apartado, pidieron un mínimo de dos asesores jurídicos por
colectivo, el apego a la Ley General de Víctimas y no los criterios y
lineamientos de la CEAV y sus funcionarios, realizar evaluaciones a los
Centros de Atención Integral en los estados, resolver los trámites ante
el Registro Nacional de Víctimas “cuyo rezago ha aumentado durante el
tiempo que entró como titular Mara Gómez”, un informe de transparencia
sobre el cumplimiento de resoluciones de judiciales, y un plan de acción
de la Comisionada.
Las familiares afirmaron que no levantarán su plantón hasta que se
hayan cumplido sus dos exigencias principales. “El Estado mexicano no
puede olvidar que enfrenta a dos emergencias: la emergencia humanitaria,
y la emergencia sanitaria. Ninguna puede esperar”, exigieron.
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