Ciudad de México. El presidente de la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo,
afirmó que no desaparecerán ni están en duda los recursos económicos
para la protección a personas que están situación de riesgo por ejercer y
defender la libertad de expresión o los Derechos Humanos.
Así lo
expresó en una reunión virtual que se realizó este martes 9 de junio
para revisar el funcionamiento del fideicomiso operado por el Fondo para
la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, que se creó con base en la Ley para la Protección de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en junio
de 2012.
En el foro las y los diputados de los diversos partidos
políticos reconocieron la importancia del trabajo de periodistas y
personas defensoras, por esa razón se comprometieron a garantizar los
recursos para la protección a esta población, ya sea por medio del
fideicomiso, que este año obtuvo 227.6 millones de pesos (mdp), o a
través de otro mecanismo.
El diputado por Morena, Mario Delgado,
explicó que luego de que en mayo su partido presentó una propuesta para
desaparecer 44 fideicomisos, el Poder Legislativo está revisando si
éstos funcionan adecuadamente y han logrado los objetivos para los
cuales fueron creados y, en caso de ser necesario, acordar si continúan o
cuál sería la mejor manera de administrar estos recursos.
Al
respecto, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos
Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Aarón Mastache, consejeras y consejeros del
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas y representantes de organizaciones civiles explicaron que
este fideicomiso no debe desaparecer porque se utiliza para salvaguardar
vidas.
Mastache, quien también es coordinador ejecutivo nacional
del Mecanismo de Protección explicó que esta institución otorga medidas
para proteger la vida de población en riesgo por su trabajo
periodístico o la defensa de Derechos Humanos. El último corte indica
que hasta mayo sumaban mil 206 personas beneficiadas con medidas de
protección.
El funcionario explicó que las medidas pueden ser
desde sustraer a la persona en riesgo de su lugar de origen, hasta
entregarles equipos de geolocalización, radio, telefonía satelital,
cerraduras, cámaras de seguridad, chalecos antibalas o autos, entre
otras.
Al presentar los antecedentes de este fideicomiso, explicó
que comenzó a funcionar en 2012 con un monto de 40.8 millones de pesos,
pero debido a la creciente cantidad de personas beneficiadas, los
recursos no han alcanzado. Desde 2018 cada año el Mecanismo solicita
ampliaciones presupuestales a la Cámara de Diputados.
Este año,
dijo Mastache, el fideicomiso obtuvo 227.6 mdp, pero sus proyecciones
indican que necesitarán 187 mdp para concluir 2020 e iniciar el primer
trimestre de 2021. También recordó que todos los gastos de operación del
Mecanismo están a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob,
por tanto, los recursos del fondo no se utilizan para el pago de
salarios, viáticos o actividades administrativos.
Además explicó
que los recursos los entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SCHyP) y el fiduciario es el Banco del Bienestar. El funcionario
alertó que cambiar la figura jurídica de fideicomiso a fondo público,
provocaría que los pagos de servicios de protección se realicen a través
de áreas administrativas de la Segob, y no de manera directa como hoy
opera, lo que haría más complejo el gasto de este presupuesto.
En
el encuentro participaron las y los consejeros del Mecanismo, entre
ellos la periodista Lucía Lagunes Huerta, quien llamó la atención sobre
la importancia de transparentar el uso de los recursos públicos de una
institución que se dedica a proteger vidas. La periodista aseguró que
entre abril y mayo hubo 39 agresiones contra periodistas y defensoras,
de las cuales 33 fueron contra periodistas.
La también directora
de Comunicación e Información de la Mujer A. C. (Cimac) expuso los
riesgos que se atienden por medio de este fideicomiso y destacó que en
lo que va del actual sexenio se han registrado 290 ataques a mujeres
periodistas; por ello consideró que además de la importancia del
ejercicio transparente de los recursos, el Estado mexicano debe atender
la deuda que tienen con periodistas y defensoras.
A su vez,
organizaciones como la Casa del Migrante de Saltillo, Artículo 19 y
Amnistía Internacional llamaron la atención sobre los riesgos de pasar
este fideicomiso a un fondo que operaría la Segob y del cual se podría
hacer un uso discrecional; mientras que para Reporteros Sin Fronteras en
esta revisión es necesario analizar por qué una empresa privada ha sido
la única que puede ofrecer las medidas de protección y por qué no se
diversifican los prestadores de servicios.
Las y los
representantes de la sociedad civil reiteraron el llamado a no quitar el
dinero para la protección de quienes están en peligro, sino de
fortalecer este fideicomiso, promover medidas de transparencia del
ejercicio de los recursos y no transformar el fideicomiso en un fondo
que sólo dejaría la puerta abierta para más discrecionalidad.
20/AGM/LGL
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