Foto: Redes sociales
Ciudad de México. La detención en Tamaulipas de la
defensora de los derechos laborales, Susana Prieto Terrazas, no es por
delitos que requieran prisión preventiva oficiosa, por lo que debería
enfrentar su proceso en libertad, de acuerdo con la Asociación Nacional
de Abogados Democráticos (ANAD).
Susana Prieto Terrazas fue detenida el pasado 8 de junio en
Matamoros, Tamaulipas, acusada de “delitos cometidos contra servidores
públicos, motín, amenazas y coacción de particulares”. Quien acusó a la
abogada fue la la Junta Especial Nº 6 de la Local de Conciliación y
Arbitraje en Matamoros, tras relacionarla con una movilización de
obreras y obreros de la empresa Tridonex (dedicada a la remanufactura de
empresas automotrices) ocurrida el pasado 10 de marzo afuera de esa
dependencia para que se les permitiera renunciar al pago de cuotas para
el Sindicato de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de
Matamoros y su Municipio.
Tras una audiencia, este 10 de junio Prieto Terraza ya fue vinculada a
proceso “ante la solidez de los elementos de prueba presentados por el
Representante Social” de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de
la entidad, quien tiene un plazo de 45 días para el cierre de la
investigación complementaria y prisión preventiva por el tiempo que dure
el proceso.
Al respecto, la ANAD –conformada por litigantes y personas defensoras
de los Derechos Humanos laborales– emitió un comunicado en el que
externó su preocupación por la posible violación a los DH de la
defensora de las y los trabajadores.
La organización de abogadas y abogados señaló que los delitos por los
que se le pretende formular imputación no son de prisión preventiva
oficiosa, por tanto, conforme al Código Nacional de Procedimientos
Penales, la litigante debería enfrentar su proceso en libertad.
Asimismo, señaló que incluso la orden de aprehensión era innecesaria, ya
que existían otros medios de conducción, como una orden de
comparecencia que –de acuerdo con lo que expresó Prieto el día de su
detención, la cual transmitió en vivo– nunca se le hizo llegar.
El abogado penalista Roberto Julio Chávez, integrante de la ANAD,
explicó en entrevista con esta agencia que las únicas justificaciones
para la prisión preventiva justificada sería en caso de que la abogada
no tenga arraigo (domicilio comprobable), que no esté localizable o que
sea un peligro para las víctimas. “En este caso la víctima es el Estado,
para quien la abogada no podría representar un riesgo”, expresó.
Chávez también puntualizó que la detención de Prieto por razones
vinculadas a una movilización social afuera de la Junta de Conciliación
ya configura por sí misma una violación a los DH de la defensora, ya que
el mal actuar de las autoridades para garantizar los derechos de las y
los trabajadores es lo que propicia los actos de protesta. La libre
manifestación y la defensa de los derechos laborales es un derecho,
confirmó el litigante
“Aún así, cuando haya una imputación de la abogada de haber hecho una
manifestación no es suficiente para que esté en prisión preventiva,
porque se está violando la presunción de inocencia porque se le está
tratando como culpable y eso es una pena adelantada”, explicó el
litigante.
La ANAD señaló que estará atenta al proceso judicial y que no
permitirá bajo ninguna circunstancia la violación a los DH, y exigió al
gobierno de la entidad respetar la dignidad, los derechos y la libertad
de la abogada.
La detención de Prieto Terrazas ocurrió en el contexto de sus
denuncias públicas en redes sociales y medios de comunicación por los
diversos abusos laborales que han cometido empresas maquiladoras contra
las y los obreros durante la pandemia.
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