8/27/2020

Columnas y opinión del periódico La Jornada




Llega la lumbre al gobernador del BdeM 
Ya está en la Corte el caso de las eléctricas privadas

La revancha de Cabal Peniche
Alejandro Díaz de León, un economista graduado del ITAM y Harvard, actual gobernador del Banco de México, rechazó que durante su gestión como director del Banco Nacional de Comercio Exterior haya autorizado créditos para la compra de la planta de fertilizantes Fertinal. De acuerdo con Díaz de León, el préstamo fue otorgado el 15 de octubre de 2015 y él asumió la dirección del banco hasta el 25 de noviembre de ese año, más de un mes después. No mencionó que venía de ocupar la Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y necesariamente tuvo que conocer el asunto. El presidente López Obrador, en su mañanera, dijo que el financiamiento para la adquisición de Fertinal fue peor que el de la planta Agronitrogenados. Anunció que serán investigados los créditos otorgados por Nacional Financiera y Bancomext, cuando los titulares eran Enrique de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, y Díaz de León, respectivamente. Vale mencionar que Díaz de León ocupó la dirección general de Bancomext por designación del presidente Peña Nieto, recomendado por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Fue Peña Nieto, también por recomendación de Videgaray, quien lo propuso para ocupar un asiento en la Junta de Gobierno del Banco de México, donde estuvo a partir del 1º de enero al 30 de noviembre de 2017. Luego Peña Nieto lo propuso al Senado para que ocupara el cargo de gobernador del Banco de México, durante el periodo del 1º de diciembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, terminará su función el próximo año y será difícil que López Obrador lo proponga para otro periodo.
El litigio de las eléctricas
En estos días en que la Fiscalía General de la República conoce el caso, por denuncia de Emilio Lozoya, de los senadores panistas que fueron cohechados para que votaran a favor de la reforma energética de Peña Nieto, llegó a la Suprema Corte el expediente de las compañías eléctricas privadas, mexicanas y extranjeras, que resultaron beneficiadas por dicha reforma. Generan energía verde, habrá que reconocerles ese mérito, pero pretenden dejar sin clientes importantes a la Comisión Federal de Electricidad. Sólo se quedaría con los diablitos.Las cuatro controversias constitucionales presentadas ante la Corte, por Alejandra Palacios, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y los gobiernos de Jalisco, Colima y Tamaulipas, ya fueron contestadas en tiempo y forma por el Ejecutivo federal. Los ministros no la tienen difícil en esta ocasión. Sólo deberán recordar al presidente López Mateos que consumó la nacionalización de la energía eléctrica y quedó plasmada en la Constitucion. Los parches que le hicieron después fue por venta de votos de los senadores panistas.
La revancha de Cabal Peniche
Los accionistas mexicanos de la compañía Coral, encabezados por Miguel Alemán Magnani y Carlos Cabal Peniche, desplazaron a la parte española, Grupo Prisa, de la direccion editorial de Radiópolis. Son socios a 50 por ciento, a partir de que Alemán Magnani, apoyado financieramente por Cabal Peniche, le compró su participacion a Televisa. Ya protestó Prisa y anunció acciones judiciales. Es la revancha de Cabal Peniche. Perseguido y encarcelado en el sexenio de Ernesto Zedillo, el ex banquero regresa a los grandes negocios. Viene un largo litigio con los españoles de Prisa, pero el mexicano tiene la ventaja de que juega de local y ya tomó posesión de las instalaciones y la dirección de los noticiarios.

Radiópolis y la censura 
Calderón y otros ansiosos 
Alemán y Cabal, contra Prisa
Cajeros y Banco del Bienestar
En unas cuantas horas, entre la noche de este martes y el mediodía del miércoles, se desarrolló una intensa campaña en Internet que pretendía responsabilizar al Presidente de la República de supuestos actos de censura y represión al periodismo, a cuenta de acciones físicas y legales entre las dos partes propietarias del sistema radiofónico Radiópolis, que incluye a W Radio y su barra informativa en la que participan como principales conductores de programas, en distintos horarios, Gabriela Warkentin, Javier Risco, Carlos Loret de Mola y Enrique Hernández Alcázar (https://bit.ly/2Euo10r).
A tal grado llegó la ansiedad por emitir un dictamen negativo contra el habitante de Palacio Nacional, que Felipe Calderón Hinojosa, con todo y su denso historial en cuanto a agresiones al periodismo crítico, se permitió lanzarse poco después de las ocho de la mañana del miércoles con un tuit esperanzado: “Si @CarlosLoret sale del aire, se confirmará el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno. El más represor de la libertad en décadas. Se ve que el video del hermano del Presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos. #sonPIOres”. A las cuatro de la tarde, FCH volvía al Twitter: “@CarlosLoret transmitió su programa de radio; dice que los directivos le comentaron que no está en riesgo la libertad de expresión. Qué bueno que no se confirma la cancelación de su programa. Da gusto rectificar así las cosas”.
En ese intervalo se produjeron interpretaciones disparatadas de lo sucedido en W Radio, al extremo de comparar estos sucesos con el golpe a Excélsior en 1976, con Luis Echeverría como presidente de la República. Incluso se habló, sin sustento, de una toma violenta del edificio de la radiodifusora, al estilo de lo sucedido cuando Grupo Azteca se hizo de la planta transmisora de CNI Canal 40, de Javier Moreno Valle, en el cerro del Chiquihuite.
En realidad, se está en presencia de un choque de posturas empresariales entre el Corporativo Coral, con Miguel Alemán Magnani al frente, que compró a Televisa 50 por ciento de las acciones de Radiópolis y ahora disputa al grupo español Prisa (cuyo principal producto es el diario El País), propietario de la otra mitad accionaria, el control editorial y general de un negocio hecho a contrapelo o cuando menos con una interpretación convenenciera de leyes mexicanas sobre radiodifusión e inversión extranjera, que en un texto prohíben las conformaciones neutras y obligan a que el capital nacional tenga 51 por ciento de las acciones, y otro texto en el que se puede asumir la posibilidad de esos paquetes paritarios de acciones.
El acuerdo, propiciado por el entonces presidente Vicente Fox, el ex presidente español Felipe González y el multimillonario Carlos Slim, permitió a la española Prisa quedarse con el manejo editorial de Radiópolis y a Televisa con el control financiero. Al entrar Radiópolis en problemas económicos, Televisa vendió su parte al grupo encabezado por Alemán Magnani, de por sí muy emproblemado por Interjet, quien no pudo cubrir en tiempo sus obligaciones de pago.
Ante tal insuficiencia económica, Alemán ahora aparece con aliados pecuniarios: Rosa María Rubio, Teresa Pasini y Samantha del Valle. Rubio es esposa de Carlos Aguirre Gómez, quien fue director de Radio Centro y uno de sus copropietarios; Pasini lo es del polémico tabasqueño Carlos Cabal Peniche, uno de los empresarios de súbita prosperidad durante las privatizaciones salinistas, quien estuvo preso durante años en Australia y luego fue declarado en México exento de responsabilidad por actos de defraudación y corrupción, y Del Valle es hija de Alejandro del Valle, empresario relacionado con Cabal Peniche.
El nuevo director general de Radiópolis, a nombre de Alemán y Cabal, es un personaje ligado a éste, Ignacio Carral Kramer, quien pretendió meses atrás cerrar una jugosa venta, sin licitación pública, de 8 mil cajeros automáticos para el Banco del Bienestar, operación que fue frenada por instrucciones de Palacio Nacional. ¡Hasta mañana!

Lozoya: ¿memoria selectiva?
¿Y el cochinero de Fertinal?
Oligarquía y banca del Estado
Es un hecho que el delincuente Emilio Lozoya colabora con la Fiscalía General de la República (FGR), con lo que, en aras de salvar su pellejo,ha implicado a buena parte de la cúpula prianista en tiempos calderonistas y peñanietistas (no menos de 70 personajes, hasta ahora). Pero de repente, en forma por demás conveniente para él, al exdirector general de Petróleos Mexicanos se le va la memoria, tiene convenientes lagunas y en ese ejercicio ha dejado fuera de toda confesión a ciertos personajes y escandalosas operaciones de compraventa en las que también estuvo involucrado.
Ahí está el caso de Fertinal, un consorcio de fertilizantes (el otro es Agronitrogenados, del gánster Alonso Ancira) por el que, en una operación totalmente ilegal, Pemex pagó una cantidad multimillonaria a cambio de pura chatarra. Jugosos negocios en la cúpula político-empresarial, mientras alegremente trasladaban las desastrosas consecuencias económicas a los mexicanos. Y esto nada más es un ejemplo, porque esa fue la constante de 40 años de privatizaciones, rescates y reprivatizaciones durante el periodo neoliberal.
Ya se conocen los cochineros de Agronitrogenados y Etileno XXI. El enjuague está claro, pero a Lozoya se le secó la memoria y no ha dicho nada sobre Fertinal, en cuya operación de compraventa aparecen los integrantes del consejo de administración de Pemex y empresarios como Fabio Covarrubias y Ricardo Salinas Pliego.
Pero si se quiere llegar a fondo y cuantificar el daño a la nación que provocaron en cuatro décadas, entonces deberá formarse una comisión (con gente respetable, no como las que, a modo, arman en el Congreso) que revise el proceso de privatización desde tiempos de Miguel de la Madrid. No hay que olvidar que en el salinato se creó la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales (léase jugosos negocios para los amigos), en la que el propio Carlos Salinas –el capo di tutti capi–, junto con Pedro Aspe, Guillermo Ortiz y Jacques Rogozinski, cuando menos, decidían qué y a quién se vendía las empresas del Estado, siempre con la banca de desarrollo al servicio de los compradores y de los rescatados.
Pero bueno la memoria porosa de Lozoya tiene solución, porque en la mañanera de ayer el presidente López Obrador informó que el gobierno federal presentó una nueva denuncia ante la FGR contra el ex director de Pemex, por la compra (alrededor de 9 mil millones de pesos, financiados por Nacional Financiera y el Bancomext, propiedad del Estado) de Fertinal, algo que, dijo Andrés Manuel, de manera inexplicable el ex funcionario omitió en su declaración ante la Fiscalía.
¿Cómo fue que el Estado financió a un empresario para que el propio Estado, vía Pemex, le comprara su chatarra? López Obrador lo resumió así: “en su momento (el de la compraventa de Fertinal) al frente de Bancomext estaba un hijo del ex presidente de la Madrid (Enrique, conocido como El Principito) y su sucesor fue el actual gobernador del Banco de México (Alejandro Díaz de León, de todas las confianzas de Peña Nieto y Videgaray). Entonces, sí es un asunto que amerita ser tratado” (por cierto, Díaz de León ayer mismo se deslindó, porque, dice, esos créditos los concedió su antecesor en el cargo).
Lo cierto es que tal práctica fue la constante en el periodo neoliberal. Los gobiernos modernos pusieron la banca de desarrollo al servicio de la banca privada (era su caja chica, aunque los recursos eran enormes) y de la nueva oligarquía salinista, misma que se quedó con las empresas del Estado, amén de que fueron incontables los rescates financieros de buena parte… de las empresas estatales privatizadas.
Es cuestión de que la Auditoría Superior de la Federación se eche un clavado en los estados financieros de esas instituciones para certificar las multimillonarias aportaciones del Estado destinadas a los salvamentos de las empresas otrora de la nación.
Las rebanadas del pastel
¿Qué tal dos comisiones de la verdad: deuda pública y privatizaciones? La cantidad de mugre sería inconmensurable.


¿Quién fija las cuotas de los colegios privados?

Las muy altas cuotas que cobran las escuelas particulares, a todas luces injustas si se mide la situación económica en México, se deciden, en algunos casos, fuera del país, pues sólo obedecen a los intereses de las empresas trasnacionales a las que pertenecen.
Bajo un lema no explícito que advierte: quien no pueda o no quiera pagar que deje la escuela, los planteles privados usan las condiciones impuestas por la pandemia, que entre otras cosas acarrea nuevos costos para los padres de familia, con el fin, aparente, de iniciar una especie de depuración en sus matrículas.
Así, la noticia es que la suerte de la enseñanza de buena cantidad de niños en esta ciudad se decide fuera de México, y en muchas ocasiones, en su contra.
Tal vez no sea más que otro tópico que por imposible de modificar haya perdido importancia, pero ahora que se vive dentro de la 4T renace la esperanza de que las cosas cambien.
Los cálculos que hasta ahora se ofrecen sobre el resultado de la educación modelo Covid parecen, hasta ahora, desastrosos, sobre todo para los niños que empiezan a recibir clases, porque los métodos emergentes son poco eficientes, pero dentro de todos los males que causa la pandemia tal vez uno, trascendente, pueda revertirse. Nos referimos, desde luego, a las escuelas privadas que transitan en un cómodo caos donde la educación es lo de menos, lo importante es el pago puntual de las colegiaturas.
Hoy en la Ciudad de México las escuelas que cobran la educación rebasan a las públicas, que son gratuitas, aunque el número de estudiantes es mayor en los planteles llamados de gobierno, y es que en las pasadas tres décadas, cuando menos, la enseñanza se convirtió en un negocio boyante.
En ese periodo nacieron escuelas hasta en el estacionamiento de algunas casas. Con mínimas regulaciones, en muchos casos ofrecen alimentar el ego de los padres de familia, en otros, retener a los estudiantes durante un lapso conveniente para evitarles algún tipo de ocio dañino, y algunas más, tal vez las menos, un sistema de enseñanza de calidad.
Todo esto ha sucedido al amparo del desinterés de los gobiernos por cumplir con la ley que obliga a proporcionar educación gratuita a sus gobernados, y así los planteles de todo tipo han aparecido y desaparecido sin control, como si pertenecieran a una entidad fuera de esta ciudad.
Un ejemplo claro de lo que pasa en las escuelas privadas podría ser el Consorcio o Sociedad Internacional de Escuelas (International Schools Partnership, ISP), que ha comprado los planteles Tomás Alva Edison (TAE), que asegura en su página en Internet, sin mayor empacho: Nuestros niños y estudiantes son el corazón de nuestro negocio.
Y así lo demuestran: mientras la mayoría de los colegios privados ha hecho frente a la situación actual con descuentos y rebajas en sus tarifas, la escuela TAE, al igual que otras, decidieron aumentar las colegiaturas sin garantizar la calidad de la enseñanza que imparten.
La escuela TAE, como sus dueños, la trasnacional ISP, imponen sus colegiaturas porque saben que las autoridades educativas del gobierno tampoco pueden ofrecer una educación que cumpla con las necesidades de los estudiantes, y les permiten hacer y deshacer sin freno alguno.
Las autoridades educativas de la ciudad no pueden intervenir en la educación pública que regula el gobierno federal, pero tal vez sí puedan, aunque deben, poner orden en el caos que hasta ahora reina en la educación privada.
La posibilidad de que los niños, en sus primeros años de escuela, reciban clases de acuerdo con los niveles requeridos por las tarifas que cobra una escuela, no puede estar en manos de un consorcio londinense, como en el caso de TAE, sin que las autoridades mexicanas intervengan. Algo, de inmediato, se tiene que hacer.
Recordemos, una vez más, que tristemente el neoliberalismo tiene como su principal motivación el negocio en la salud y la educación. Ya basta.
De pasadita
Como muestra incontrovertible de lo que sucede en el Congreso de esta ciudad, les podemos adelantar que su Junta de Coordinación Política estará presidida en su último año de trabajo por el PRI de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
La estrategia de Morena cuando se instaló el Congreso era que el Partido del Trabajo estuviera en manos de ese partido, pero el diputado José Luis Rodríguez decidió, como nos han informado, reventar al PT y en la Jucopo se instalará el PRI luego de que el PRD perdió recientemente a otros dos de sus legisladores. Hace un par de días, Valentín Maldonado envió su carta de renuncia a Jorge Gaviño, y ahora, Paula Andrea Castillo deja a los amarillos, que no podrán presidir la Jucopo porque ahora son la cuarta fuerza política, después del PAN y del PRI. Esta cámara citadina no tiene remedio.


Editorial
Wisconsin y el incendio social
Ante las protestas por el racismo policial que se han desatado en la localidad de Kenosha, Wisconsin, Donald Trump, presidente estadunidense, reaccionó echando gasolina al fuego: ayer anunció el envío de refuerzos policiales y de soldados de la Guardia Nacional.
En contraparte, con el telón de fondo de las continuadas movilizaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, el equipo de basquetbol de los Bucks de Milwaukee se negó a jugar contra el Orlando Magic, en repudio a los atropellos racistas, lo que llevó a la liga estadunidense de ese deporte, conocida por sus siglas NBA, a cancelar toda la jornada de playoffs. En tanto, la Liga Mayor de Futbol (MLS, por sus siglas en inglés) confirmó la suspensión de cuatro partidos adicionales al encuentro entre el Inter de Miami contra el United de Atlanta, que también fue cancelado para protestar por el injustificado ataque a tiros que el afroestadunidense Jacob Blake sufrió a manos de policías de Kenosha el sábado de la semana pasada y que lo mantiene hospitalizado en estado grave.
En la actual coyuntura la ira social en Wisconsin es consecuencia inmediata de esa bárbara agresión contra un hombre que no cometió delito alguno y que simplemente estaba tratando de mediar en un pleito entre dos mujeres, pero se articula con la exasperación de carácter nacional que estalló tras el asesinato de George Floyd, quien fue asfixiado en el suelo por agentes policiales de Minneapolis el pasado 25 de mayo y cuya muerte originó la actual oleada de movilizaciones antirracistas en buena parte del mapa estadunidense.
Pero la rabia tiene también antecedentes locales: hace cuatro años un policía de Mil-waukee mató a tiros al joven Sylville K. Smith por una infracción de tránsito y fue absuelto tras un juicio, lo que detonó protestas que dejaron varios heridos –manifestantes y policías– y decenas de detenidos. Previamente, en 2014, Dontre Hamilton, un afroestadunidense que padecía de sus facultades mentales, fue asesinado en esa misma ciudad por un policía que ni siquiera hubo de afrontar imputaciones legales. En 2010 y 2011 otros dos afroestadunidenses murieron cuando se encontraban bajo arresto policial.
Ocuparía muchas páginas el recuento de los homicidios de personas de raza negra por efectivos de las distintas corporaciones de policía de Estados Unidos en diversas ciudades de ese país, y ciertamente uno solo de esos casos bastaría para explicar el incendio social que tiene lugar en la nación vecina y que ni la pandemia de Covid-19 ni las acciones represivas –muchas de ellas, brutales– han conseguido extinguir. Por el contrario, la barbarie policial no sólo alimenta la ira, sino que alienta la comisión de nuevas atrocidades por parte de sectores supremacistas. Así, en Kenosha, la noche del martes pasado un menor de edad de raza blanca asesinó con disparos de escopeta a dos manifestantes.
Pero antes que los homicidios de afroestadunidenses y de las subsecuentes protestas, el problema de fondo es que Estados Unidos es un país racista, por más que el racismo haya dejado de tener sustento legal. Y la mayor prueba de ese aserto es que hoy despacha en la Casa Blanca un hombre que hizo del racismo su principal bandera electoral, que con ella logró movilizar a grandes sectores de la ciudadanía y que triunfó con ella. Hoy lo ratifica, con su pretensión de enfrentar las movilizaciones antirracistas por medio de la fuerza bruta en lugar de buscar soluciones para la discriminación, la xenofobia y el supremacismo que aún imperan en la nación y que son la causa verdadera del incendio.

Presentan tres opciones contra la imposición de dirigencia en Morena
Rechazamos la intentona intervencionista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) para imponer los órganos de dirección de Morena, dejando en sus manos (manchadas de ilegalidad, intervencionismo e intromisión) el cómo y quién será nuestra dirigencia, cuando esto sólo le corresponde a los militantes y a sus formas de gobierno, expresadas en sus documentos básicos.

Esta semana, como alguna de las anteriores, ha estado llena de noticias importantes y trascendentes. Uno de los temas más relevantes a nivel general lo es sin duda la lucha permanente contra la corrupción que se inició desde el primer día en que asumió la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador. No sólo las medidas y acciones que se han estado tomando para frenar las fugas de recursos del erario, sino también los grandes casos que nos han dado la oportunidad a los mexicanos de conocer cómo opera todo un sistema de corrupción, las complicidades, negocios y actos inmorales que se cometieron desde lo más elevado del poder político en México, así como las ineficiencias y los abusos de poder que tanto daño le han hecho a nuestro país.


Es un ídolo mundial. Su fama es enorme, comparable con la de su paisano el papa Francisco.


En las pasadas dos semanas hemos vivido bajo una suerte de avalancha informativa que ha concentrado la agenda de debate público en torno del tema de la corrupción. El escándalo desatado a raíz de la publicación de los videos filtrados recientemente en el contexto de la investigación a Emilio Lozoya Austin, así como los que vinculan directamente a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador, parecen ser sólo el preámbulo de una batalla política que hoy por hoy se dirime menos en los tribunales que en los terrenos del escarnio público.


En poco más de un año murieron numerosos amigos queridos. Y el género del obligado y recurrente pésame ya me resulta cuesta arriba –siempre ha sido así, pero más aún en este lapso hollado por la pandemia.


El apocalíptico año 2020 no sólo tiene el jinete del Covid-19, también el del cambio climático. Con ropas de sequía recorre el inmenso cuadrante de Norteamérica, desde Oregon y Montana, en Estados Unidos hasta Baja California, Sonora y Chihuahua, en México. Los enfrentamientos por el agua en este último han sido la constante desde finales de 2019. La presencia de la sequía más fuerte de los últimos años ha atizado los conflictos, ha introducido nerviosismo y dificultado el diálogo entre productores y gobierno, todo esto agravado por la enorme presión de Donald Trump sobre el gobierno de nuestro país para que se le pague el agua según lo estipulado por el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944.

A casi cuatro años de padecer la gestión de Donald Trump, el mundo constató que a ese régimen, como lo anticipó la comunidad universitaria y científica, además del sesgo autocrático y de usurpación de funciones legislativas y judiciales detectados como trazos en la presidencia imperial por la historiografía de EU, Trump agregó una narrativa y praxis represiva de corte neofascista, de supremacismo blanco, junto a una cruzada anticientífica en materias tan delicadas como el colapso bio y ecoclimático vinculado al calentamiento planetario por la quema de combustibles fósiles a más de clasismo y racismo antiinmigrante, desestabilizando el sistema de alianzas y los equilibrios estratégicos en materia de guerra nuclear. Ya durante la campaña electoral Stephen Hawking, Noam Chomsky y cientos de científicos y académicos habían rechazado el negacionismo climático y los desplantes bélicos de Trump.
Asertaron. El nacional trumpismo y la diplomacia de fuerza del magnate colocan en riesgo día a día la biota global. Ante su deterioro electoral registrado en encuestas su retórica antiterrorista y de guerra fría criminaliza las protestas ante asesinatos policiales. Y como para acentuar su vínculo con la industria de guerra, alienta el presupuesto militar que rebasa el billón de dólares de los cuales cerca de 28 mil millones van a la modernización y producción de armamento nuclear y de balística Intercontinental y casi 20 mil millones de dólares para una curiosa administración nuclear cuya finalidad se desconoce, excepto que ya, durante 24 meses, Trump se niega a reafirmar, como lo plantea Rusia, que en una guerra nuclear no habría ganadores, sería catastrófica para toda la humanidad.
Lo de nefasta se refiere al actual manejo electorero, egocéntrico e irreflexivo de la presidencia de EU, tanto en su proyección doméstica –lanzando la fuerza policial-militar contra múltiples manifestaciones de rechazo al asesinato de George Lloyd a manos de policías blancos– como externa, centrada en el aumento de los riesgos de guerra general entre potencias centrales, vía el unilateralismo agresivo en lo comercial y militar adosado con una chinofobia alimentada por Peter Navarro, considerado el general más polémico de las nuevas guerras comerciales de EU, quien alienta algo tan grave como intensificar la geopolitización de las relaciones económicas internacionales, entre los principales precipitantes de la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurre junto al abandono de tratados y normas en materia estratégica y de seguridad aérea, lo que llevó a Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia a declarar que todo ingreso balístico en el espacio aéreo ruso será considerado nuclear.
Con Rusia y EU en control de poco más de 90 por ciento del armamento nuclear y ambas potencias con su despliegue balístico en condición de alerta máxima, el riesgo de guerra accidental o intencional, es alto. La declaración de Putin, dada a conocer por la prensa sin mayor explicación, en efecto se acompañó con un pronunciamiento de Sergey Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en un discurso ante la Conferencia Primakov en Moscú. Elena Teslova, en síntesis difundida por Anadolu Agency (AA) (10/7/20) permite calibrar lo dicho por Putin. Teslova indica que Rusia advierte de una creciente amenaza de guerra. En medio de un intenso impulso del Pentágono a las armas nucleares de bajo impacto ( low yield), para equipararse como armamento convencional, lo que aumenta la intención de EU de usarlas. Lo grave es abrir un primer ataque sorpresivo, que ha sido el escenario favorito de EU desde los años 1960, según reveló Daniel Ellsberg, The Doomsday Machine (2017), libro con el subtítulo de Confesiones de un planificador de guerra nuclear, entre las tareas de Ellsberg, quien liberó al público y al mundo, desde la Rand Corp, los operativos secretos de la criminal guerra de Vietnam.
En su discurso Lavrov advirtió que el riesgo de una guerra nuclear aumenta de manera significativa porque EU no acepta reafirmar su imposibilidad. Agregó que estamos en particular preocupados de manera significativa por el rechazo de ya 2 años, de los estadunidenses de reafirmar el principio fundamental de que no puede haber ganadores en caso de una guerra nuclear y en consecuencia nunca debe ser desatada. Además, dijo que Washington destruye los instrumentos de control armamentista, desde el Tratado Antibalístico hasta el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que Lavrov predice que EU no renovará en 2021. Todo eso para librarse de ataduras y amenazar con el uso de la fuerza y agregó significativamente que a los pedidos de Moscú para reafirmar la imposibilidad de una guerra nuclear, entregados por escrito, Washington responde que todavía sigue examinando el documento, pero en su comentario el lado ruso percibe que EU gustaría debilitar lo categórico de este axioma.


Una agresión militar a Venezuela, patrocinada por Estados Unidos, podría llevarse a cabo antes de las elecciones del 3 de noviembre en ese país. El 22 de agosto el almirante Remigio Ceballos, jefe del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional (FANB) Bolivariana, declaró que los órganos internacionales de inteligencia aliados a Venezuela nos informan que Colombia prepara una agresión, y la FANB responderá con fuerza y contundencia cualquier agresión contra la soberanía y la independencia de Venezuela, bajo el mando de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros.
Estamos en presencia del gobierno colombiano que más ha agredido a Venezuela en toda nuestra historia, añadió. Ceballos también escribió en Twitter: Durante el año 2000 se instaló el Plan Colombia con siete bases militares estadunidenses en ese país para preparar su agresión a nuestra nación y a toda la región. Días antes, Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, denunciaba en un trino: Órganos de propaganda de Washington ya promueven la fuerza multinacional invasora de Venezuela… debe ser con ocupación militar pero sin la presencia visible de Estados Unidos en primera fila. Son los ejércitos de Colombia y Centroamérica los que harán el trabajo sucio. En otro mensaje, Moncada señaló que ya arranca la fase superior de agresión contra Venezuela, cuya campaña de máxima presión… pasa a la dimensión militar. “Buscan la ‘sorpresa de octubre’. En Venezuela debemos prepararnos para la provocación en ciernes”. En otro tuit el representante venezolano en la ONU mostró un fragmento del artículo del portal conservador Washington Examiner donde se aprecian las insinuaciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Faller, y de Phil Gunson, de International Crisis Group, acerca de una eventual invasión a la nación sudamericana. Según la publicación, en un seminario convocado por el tóxico Atlantic Council, Faller habría expresado: la clave está en cómo podemos compartir mejor inteligencia y cómo la comunidad internacional puede influir mejor para forzar y cambiar la conducta de Maduro y de los actores estatales externos, en obvia referencia a Cuba, Venezuela e Irán.
Coincidentemente con esto, se reunían en Bogotá con el subpresidente Iván Duque el mencionado Faller junto a Robert O’Brien, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, su adjunto para América Latina, el cubanoestadunidense Mauricio Claver-Carone, archienemigo de Cuba y Venezuela y candidato de Trump a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, y el embajador de la potencia del norte Phillip Goldberg. La presidencia de Colombia anunció que se revisarían “temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, ‘la situación de Venezuela’ y la inmigración de ciudadanos de ese país a Colombia”. El cinismo de Wa-shington llega al extremo de acusar a Venezuela de tráfico de drogas mientras su principal aliado en la región, Colombia, produce 90 por ciento de la coca que se comercializa en el mundo.
Por su parte, el portal mexicano La política online afirma que el senador cubanoestadunidense Marco Rubio agita la campaña de Trump para convencer al presidente de invadir Venezuela con el fin de conseguir los 29 votos electorales de Florida: Integrantes del war room republicano convocados para operar el voto latino comentan desde hace poco que, al menos en dos reuniones, Rubio se expresó en favor de una acción militar en Sudamérica para, de ese modo, asegurar los votos de Florida en el Colegio Electoral en noviembre.
Antecedentes fundamentales refuerzan la posibilidad de una agresión a Venezuela. De entrada, la fijación del presidente Donald Trump con el país sudamericano y sus espléndidos recursos naturales, que lo ha llevado a preguntar a jefes militares del Pentágono sobre la factibilidad de agredirlo directamente con fuerzas estadunidenses y la descomunal e incesante arremetida subversiva y guerra económica que mantiene contra él. Pero, además, está el hecho de su desfavorable situación actual en las encuestas, que de proseguir, o agravarse, podrían conducir a que el demócrata Joe Biden lo desaloje de la Casa Blanca. Presidentes estadunidenses que han querido relegirse han aumentado su simpatía entre los votantes al recurrir a la llamada sorpresa de octubre, acción que presuntamente reúne al país en torno al comandante en jefe.
Durante la administración de Donald Trump no han cesado las acciones militares y paramilitares contra Caracas organizadas desde Colombia bajo la dirección de Washington. Entre ellas el fallido intento de asesinar a Maduro y al alto mando político-militar de la revolución bolivariana el 4 de agosto de 2018, el derrotado intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019 y la desarticulada invasión marítima, con participación de mercenarios estadunidenses de mayo de 2020, denominada Operación Gedeón. Ésta fue planificada mediante un contrato firmado entre el autoproclamado Guaidó y el jefe mercenario y ex boina verde Jordan Goudreau.


Los recientes videos sobre funcionarios públicos y el hermano del Presidente de la República llaman a recordar la posibilidad de refutar el contenido de tales proyecciones y los comentarios que sobre los mismos hacen funcionarios y periodistas.

Posted by
Labels:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)