Ciudad de México. Debilitamiento de las fiscalías
especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres,
ausencia de presupuesto, falta de periciales y la ausencia de la
perspectiva de género en operadores de justicia, son algunos de los
temas pendientes que se reportará al Comité de Expertas de la Convención
sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW son sus siglas en inglés).
Convocadas hoy por la plataforma “Nosotros Tenemos Otros Datos”,
expertas en derechos de las mujeres explicaron en conferencia de prensa
cuáles son algunos de los pendientes que reportarán en el informe sombra
de medio término que preparan para entregar en septiembre próximo al
Comité CEDAW.
El Comité CEDAW es un órgano integrado por 23 personas expertas independientes
de todo el mundo que supervisan la aplicación de esta convención sobre
los derechos de las mujeres en los Estados parte, entre ellos México.
Este organismo revisa periódicamente a los Estados para vigilar su
avance en garantizar los derechos de las mujeres. La revisión más
reciente para México fue en 2018, cuando el gobierno de México entregó
su noveno informe de cumplimiento y la CEDAW le devolvió una serie de recomendaciones cuyo avance debe informar el Estado este 2020.
Aunque el Estado mexicano sabía desde 2018 que este julio de 2020
debía entregar un informe de medio término a la CEDAW, la Secretaría de
Relaciones Exteriores informó vía transparencia que aún no lo elabora.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil también
presentarán un informe sombra para asegurarse que la CEDAW tenga
información completa y certera sobre lo que ocurre en nuestro país.
La doctora Patricia Olamendi, que ha participado en distintos
mecanismos internacionales en materia de Derechos Humanos, recordó que
las recomendaciones de la CEDAW son informar: qué ha pasado con la
tipificación del feminicidio en todo el país, qué ha pasado con los
protocolos de investigación criminal y policial, y cuál ha sido el
resultado de las Alertas de Violencia de Género.
Al respecto del primer punto, la coordinadora de la organización Red
Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, Imelda Marrufo, explicó que
la CEDAW establece que en 2018 sólo entre 10 y 13 entidades habían
legislado el feminicidio como establece el Código Penal federal. Éste
era el punto de partido para México.
Sin embargo, en materia de protocolos de investigación y de la
aplicación del tipo penal de feminicidio, en estos dos años, lo que se
observa es una ausencia y precarización de la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra),
así como de otras fiscalías estatales y nacionales. “El tener
indicadores muy claros de cómo están nuestras fiscalías va a ser muy
importante para este informe de medio camino”, señaló.
Marrufo agregó que desde el pasado 29 de julio, la Secretaría de
Relaciones Exteriores inició mesas de trabajo rumbo a la CEDAW,
encabezadas por la Unidad de Igualdad del Senado y la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Por su parte, la diputada Lorena Villavicencio, dijo que –como pide
una de las recomendaciones de la CEDAW– el Congreso federal ya elaboró
un tipo penal de feminicidio homologado para que adopten las entidades.
No obstante, aclaró, esto no fue derivado de la Convención, sino de que
el Fiscal, Alejandro Gertz Manero declaró que el tipo penal de
feminicidio debía eliminarse.
La diputada dijo que esta propuesta nació del análisis de los códigos
penales en las entidades, quienes ahora tendrán que adoptar el nuevo
tipo penal. “Es una aportación importante que seguramente formará parte
del informe ante la CEDAW”, expresó.
No obstante este avance, en México aún no existe un registro certero
sobre el número de mujeres asesinadas, por el contrario, se observa un
precarización y ausencia de la perspectiva de género de las y los
fiscales y los ministerios públicos, desmantelamiento de las fiscalías y
ausencia de presupuesto, observó la diputada y agregó que en la
propuesta legislativa quedó pendiente el fortalecimiento de penas contra
funcionarios públicos que cometen omisiones.
“De nada sirve hacer buenas leyes, si no tenemos correspondencia en
cuanto a responsabilidades por parte del sistema de justicia. Es una
falla del Estado mexicano”, dijo la diputada.
La abogada penalista Ana Katiria Suárez, también participante en
Nosotras tenemos otros Datos, explicó que el tipo penal de feminicidio, a
diferencia del homicidio doloso, tiene por objeto señalar que este
delito busca anular la dignidad de las mujeres a través del tipo de
lesiones, muerte y antecedentes. No obstante, sigue siendo un reto
incorporar las periciales en la psique de los agresores.
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