Revocar el contrato
sería un acto de civilidad. Nos sorprende nuevamente una acción de
retroceso legal. Es también una muestra de las agresiones, invisibles y
sigilosas, a las que está expuesta la sociedad. Es importante la
anulación del contrato del puerto de Veracruz, pero también lo es que la
población nos demos cuenta del grado de libertad de manipulación a la
que pueden llegar los funcionarios públicos.
El atraco del gobierno pasado puede desecharse. En la administración actual debe juzgarse a todos los responsables.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado de
inmediato, calificando de intolerable e increíble esta concesión, que en
realidad es una muestra más del nivel de abuso e irresponsabilidad a la
que llegaron los gobiernos anteriores. Actuaron a espaldas de la
población del estado de Veracruz y de la República, en general. En el
título del contrato por 100 años, se demuestra la facilidad de legalizar
lo ilegal.
“Prórroga al título de concesión otorgado por el Ejecutivo federal el
primero de febrero de 1994, en favor de Administración Portuaria
Integral de Veracruz, SA de CV,
la concesionariapara usar, aprovechar y explotar bienes del dominio público de la Federación, y de las obras e instalaciones propiedad del gobierno federal; así como para la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias y la prestación de servicios portuarios en el recinto del puerto de Veracruz, por conducto del –entonces– titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en lo sucesivo
la Secretaría, en favor de
la concesionariarepresentada por Juan Ignacio Fernández Carbajal, en su carácter de director general…”
El párrafo anterior comprueba que la privatización era la idea que
predominaba en el periodo neoliberal. La inversión federal y estatal no
se aplicaba para lo que había sido destinada. La destrucción del
patrimonio nacional, todo evidencia, que prácticamente era lo de menos.
De la misma forma, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari,
atentó directamente en contra del estado de Veracruz. Ordenó, como
venganza, la inhabilitación de la refinería de Poza Rica, Veracruz. Una
de las más productivas de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante décadas,
que sostuvo, incluso, la economía de todo el país.
Las consecuencias fueron negativas. La producción de hidrocarburos
del Estado se vino abajo. Y Poza Rica, una ciudad conocida por su
abundancia económica, empezó a declinar.
Los delitos cometidos por el mencionado ex presidente se tienen que
pagar, en efectivo y con cárcel. La llegada de Rosa Icela Rodríguez,
coordinadora actual de Puertos y Marina Mercante, ha sido a tiempo para
detener este nuevo atentado en contra de Veracruz y de toda la nación,
pues es intolerable que varias generaciones tengan privatizado su
futuro.
Ni ética, ni técnicamente, es aceptable la justificación de
privatizar por 100 años un patrimonio, no sólo económico, sino también
histórico. La población veracruzana tiene el derecho de recuperar su
presente y su futuro. Se le debe una explicación y la seguridad de que
la Dirección General de Puertos vuelva a ser de resguardo federal.
Además, se tiene una deuda muy grande con la sociedad veracruzana,
que debe pagarse tarde o temprano. Nos referimos a la producción
petrolera. Restituir las garantías laborales en Poza Rica, en primer
término y, además, continuar con el rescate de la industria en todo el
estado.
Este rescate no sólo es, en términos técnicos, financieros y
económicos. Existe otro aspecto de la actividad del personal de Pemex
que tiene que ver con la vida sindical. Pues la historia heroica del
movimiento petrolero, desde los primeros sindicalizados, no debe
mancharse con las decisiones corruptas de los anteriores presidentes, a
todas luces, a favor del gran capital nacional y extranjero.
La antidemocracia que existe todavía, en el plano sindical debe
terminar. Los esfuerzos de la base trabajadora y las organizaciones
gremiales que, como es el caso de la UNTYPP, tendrán sus frutos, más
temprano que tarde.
No será inútil la pérdida de infinidad de compañeros y compañeras que
han dado su vida por el rescate de Pemex y por la democratización del
STRPM. La lucha continúa y muy pronto se verán los frutos de esa
incansable tarea.
Hacemos mención, como un homenaje modesto, pero emotivo, al gran
trabajo sindical de los compañeros integrantes de la UNTYPP, ingeniero
Moisés Flores y licenciado Alejandro Corona, recientemente fallecidos.
¡Hasta siempre compañeros!
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