AMLO reconoce competencia de comité ex profeso
Envía al Congreso la declaratoria correspondiente para su ratificación
El presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la
Comisión Permanente, para su ratificación, la declaratoria por la que el
Estado mexicano reconoce la competencia del Comité de Naciones Unidas
contra la Desaparición Forzada para recibir e investigar denuncias por
ese delito en casos cometidos a partir de diciembre de 2010.
La decisión estuvo postergada por una década, ya que los gobiernos de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron en la congeladora la
posibilidad de aceptar la intervención del citado comité, organismo que
forma parte de la Convención Internacional para la Protección de todas
las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en diciembre
de 2006.
Dicha convención es el primer instrumento internacional que contempla
de manera integral la atención a las víctimas, ya que incluye el
derecho a la reparación del daño en diversas modalidades.
Establece la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías
de no repetición, así como la indemnización rápida, justa y adecuada de
las personas afectadas. Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante
las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e
imparcialmente la queja, así como la protección del denunciante, los
testigos, los allegados de la víctima y sus defensores contra cualquier
maltrato o intimidación derivado de ello.
En el texto que envió a la Comisión Permanente, y al cual ayer se le
dio entrada y se turnó a comisiones del Senado, el Presidente de la
República resalta que hasta el 31 de diciembre de 2019 el número de
desaparecidos en nuestro país ascendía a 61 mil 637 personas, víctimas
de una de las más graves violaciones a los derechos humanos.
Ante la magnitud de esta crisis, el gobierno mexicano ha impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquellas cuyo paradero se desconoce y se presume están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito.
El Ejecutivo federal recalca que
entre los esfuerzos del Estado mexicano para abatir este flagelo se encuentra la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006, y vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010, y a ello se suma ahora reconocer la competencia del órgano de la ONU responsable en esa materia.
Se destaca en el oficio que envió el Ejecutivo a la Comisión Permanente que
la declaración de reconocimiento contribuiría al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada.
De igual forma,
la declaración de reconocimiento coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente los relativos al pleno respeto y promoción de los derechos humanos.
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
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