CIMACFoto: Gladis Torres
Ciudad de México. Las organizaciones “Artículo 19”,
“Equis Justicia para las Mujeres” y el “Grupo de Información en
Reproducción Elegida” (GIRE), aseguraron que la propuesta de reforma a
la Ley de Salud de Nuevo León, para prohibir la promoción del aborto y
la publicidad de los medicamentos para realizarlo, criminaliza a las
organizaciones feministas.
Las organizaciones se pronunciaron en contra de la iniciativa
presentada el pasado 12 de agosto por el diputado del Partido Encuentro
Social (PES), Juan Carlos Leal Segovia, la cual, dijeron, busca afectar a
colectivas y organizaciones feministas que trabajan para garantizar el
derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
El proyecto presentado por el PES, partido que está en contra del
aborto y de la educación integral en sexualidad, pretende adicionar al
artículo 4 de la Ley de Salud del estado, la fracción XXVII que a la
letra dice: “[…] prohibir la promoción y la publicidad para realizar
abortos clandestinos así como los medicamentos o drogas para
realizarlos”.
Por medio de un comunicado, las organizaciones explicaron que la
propuesta hace uso de lenguaje y discursos estigmatizantes y de
aprobarse provocaría censura previa y criminalización de colectivas y
mujeres feministas. Es de recordar que que Leal Segovia también promueve
el Pin Parental, una reforma a la Ley de Educación estatal para que
padres de familia restrinjan a sus hijas e hijos los contenidos
educativos sobre sexualidad e igualdad de género.
La motivación de la iniciativa señala que el objetivo de la nueva
fracción es “proteger a la mujer y a su hijo” de muertes provocadas por
abortos caseros. De acuerdo con el texto, los grupos y colectivas
feministas inducen a la práctica de “abortos clandestinos” a través de
la supuesta publicidad y promoción que hacen del misoprostol, el
medicamento más seguro para realizar un aborto, según la Organización
Mundial de la Salud.
La iniciativa sostiene también que los colectivos feministas
“anuncian, promueven, fomentan y comercializan abortos caseros
clandestinos”. Además, establece que “esta práctica debe ser considerada
un delito y debe investigarse ya que no debe suministrarse medicamentos
abortivos, tampoco se debe permitir la publicidad engañosa sobre este
tipo de medicamentos y su uso ya que pone en peligro la vida de los
bebés en gestación y de las mujeres”.
Las agrupaciones destacaron que tratar de prohibir la publicidad de
medicamentos para realizar un aborto genera una narrativa que
estigmatiza y criminaliza a quienes defienden y promueven los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres para interrumpir un embarazo.
Al analizar la iniciativa, las organizaciones defensoras de los
derechos de las mujeres señalaron que un criterio emitido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que las normas mandan
un mensaje social acerca de cuál es el comportamiento deseado en la
sociedad.
También recordaron que la labor que realizan las mujeres y colectivas
feministas es esencial porque difunden información relacionada con
atención a la violencia de género, acceso a la justicia y acceso a la
salud, entre otros temas que de otra forma no conocerían muchas mujeres.
Además, algunas colectivas ofrecen acompañamiento y asesoría jurídica
para mujeres.
Por otro lado, “Artículo 19”, “Equis” y “GIRE” expusieron que esta
reforma generaría censura previa, lo que vulnera el acceso y ejercicio
pleno del derecho a la información y la libertad de expresión en
relación con el derecho a la salud. La propuesta de reforma no considera
que la censura previa está prohibida por el artículo 7 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por
tratados internacionales de Derechos Humanos.
También argumentaron que la información sobre el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos, así como sobre las formas de
beneficiarse de los avances de la ciencia y la tecnología, es un derecho
que el Estado debe garantizar. “La reforma que se propone carece de una
visión preventiva de salud pública y tiene el potencial de generar un
efecto disuasorio en las personas que brindan información sobre aborto
seguro en casa”, dijeron.
También señalaron que la propuesta podría generar escasez de
información y exacerbar la discriminación y la intolerancia, por eso
llamaron al Congreso del estado de Nuevo León a permitir la
participación activa, libre y significativa de las organizaciones
interesadas en la discusión de esta iniciativa legislativa.
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