Napoleón Gómez Urrutia
Esta semana, como alguna de
las anteriores, ha estado llena de noticias importantes y trascendentes.
Uno de los temas más relevantes a nivel general lo es sin duda la lucha
permanente contra la corrupción que se inició desde el primer día en
que asumió la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador.
No sólo las medidas y acciones que se han estado tomando para frenar las
fugas de recursos del erario, sino también los grandes casos que nos
han dado la oportunidad a los mexicanos de conocer cómo opera todo un
sistema de corrupción, las complicidades, negocios y actos inmorales que
se cometieron desde lo más elevado del poder político en México, así
como las ineficiencias y los abusos de poder que tanto daño le han hecho
a nuestro país.
Dentro de ese contexto general, se inscribe un hecho particular que
por sus implicaciones representa un claro ejemplo de cómo la clase
empresarial viola sistemáticamente la legislación laboral y comete
arbitrariedades contra los trabajadores que están en la mayoría de los
casos en la indefensión y sin los recursos para proteger sus derechos
desde el punto de vista personal o colectivo. Este caso involucra
directamente a la empresa Grupo Peñoles, a su presidente Alberto
Bailleres, quien abusando de sus contactos y un aparato exagerado de
despachos de abogados, se dedicó arbitrariamente a violar la ley, atacar
y despedir injustificadamente a los trabajadores miembros del Sindicato
Nacional de Mineros que me honro en presidir y sembrar esquiroles y
comprar dirigentes espurios a quienes pone a su servicio de la manera
más grotesca, sucia e ilegal.
Bailleres, un empresario vengativo que posee la tercera fortuna más
grande de México, es el principal accionista y casi único, de una
empresa catalogada por diferentes organizaciones internacionales como
Human Rights, Mining Watch, Fair Trails y otras más, como una de las
menos éticas del mundo, al igual que Grupo México, de German Feliciano
Larrea. Ambos constituyen la segunda y primera corporación nacional
minera más grandes de México, pero a su vez son las que menos respetan
la ley y el marco legal, además de que son los más perversos y
resentidos que desprecian a sus trabajadores y empleados. Para muchos
estas son dos personas que avergüenzan a los miembros de la clase
empresarial que sí son responsables, serios y con dimensión social.
El Grupo Peñoles y su presidente Bailleres tomaron la decisión de
darme de baja como trabajador de esa empresa a partir del primero de
enero del año 2008 y me suspendieron el pago de salarios y prestaciones
de manera unilateral, arbitraria, apoyada en la venganza, sin ningún
fundamento legal que le diera consistencia o certidumbre. Se había
iniciado el conflicto de Grupo México contra los mineros desde la
tragedia de Pasta de Conchos del 19 de febrero de 2006, en la cual 65
trabajadores perdieron la vida en un homicidio industrial resultado de
la irresponsabilidad, la negligencia y la prepotencia de Larrea y sus
cómplices y los gatos como él llamaba a los miembros del gabinete del presidente Vicente Fox.
Peñoles y Bailleres esperaron dos años para darme de baja, ya bajo la
administración de Felipe Calderón, que les prestó y puso a su abyecto
servicio a los nefastos Javier Lozano Alarcón en la Secretaría del
Trabajo, y a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, al
procurador general de la República, al secretario de Seguridad Pública y
a otros más. A Peñoles se le hizo fácil con esas influencias que
tenían, aliarse con Larrea y ambos (después se les unirían Alonso Ancira
Elizondo, hoy en la cárcel en España por un gran fraude, y Julio
Villarreal Guajardo, de Altos Hornos de México y de Grupo Villacero,
respectivamente) lanzar una campaña millonaria, sucia y muy costosa,
calculada en cientos o miles de millones de dólares para desacreditarme y
acabar con el Sindicato Nacional de Mineros, que al final fracasó, pues
en su arrogancia e ignorancia nunca consideraron la posibilidad de la
lucha, la lealtad y la resistencia de los mineros, que a la postre se
convirtió en una destacada y digna victoria para la clase trabajadora.
Desde el año 2008 demandé a Peñoles por despido injustificado, para
echar abajo su perversa y falsa campaña de que yo no era ni había sido
trabajador minero. La semana pasada, la Junta Especial Número Diez de
Conciliación y Arbitraje resolvió y me entregó el laudo donde obliga a
Peñoles y a Bailleres a reconocer mi relación laboral desde el 24 de
enero de 1994 con la Compañía Mexicana La Ciénega, SA de CV,
perteneciente al Grupo Peñoles. Así es que todo argumento del patán de
Lozano Alarcón, de los títeres y traidores al sindicato y de algunos
medios de comunicación, se les cayó de un plumazo. Eso sí, después de un
juicio de más de 12 años que demuestra la ineficiencia y manipulación
de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y de hechos,
actitudes y prácticas vergonzosas con las que acostumbran esas empresas
negar los derechos de los trabajadores y violar constantemente la ley y
permanecer en la impunidad.
Esos vicios son los que queremos erradicar con este gobierno y
proyecto de transformación. Si esto que hicieron se lo aplicaron
ilegalmente a un líder nacional, qué no harán con los trabajadores más
humildes que no tienen los medios para defenderse. Ahora Bailleres y
Peñoles están obligados a pagar los salarios y prestaciones que se
vencieron por más de 12 largos años, las cuotas ante el IMSS, el
Infonavit y el sistema de pensiones, pero sobre todo a asumir sus
ofensas con caras de vergüenza y de indignidad. Un triunfo histórico de
los mineros y mío propio, que el presidente López Obrador ha ilustrado
hasta el infinito con este y otros casos más, cuando ha mencionado el
control y el sometimiento que el poder económico tenía sobre el poder
político.
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