Ciudad de México. La policía municipal de León, en
el estado de Guanajuato, detuvo de forma arbitraria a 22 mujeres jóvenes
y adolescentes y un hombre, violentó sexualmente a una niña de 17 años
de edad y amenazó a las periodistas Melissa Esquivias Espinosa,
reportera de Ágora; Alfonsina Ávila Ramírez, de Zona Franca; y Martha
Silva Moreno y Brenda Orozco Hernández, de PopLab.
Durante las protestas feministas enmarcadas por la leyenda
#JusticiaparaEvelyn, que se realizaron este 22 de agosto para condenar
el abuso sexual cometido una semana antes, el viernes 14, por policías
municipales en contra de Evelyn Lizet Valdéz Virgen, los elementos de
Seguridad Pública arremetieron con golpes y tocamientos contra las
manifestantes.
La “Colectiva Mujeres Contra las Violencias Machistas”, “Barrio
Feminista”, “Verde Aquelarre”, “Mujeres en bici León”, “Resistencia
Radical Irapuato”, “Comunidades Feministas Irapuato” y “Red de mujeres
que lucha en León”, difundieron un comunicado en el que detallaron que
después de la manifestación pacífica, cerca de las 7:50 pm fueron
comunicadas que se estaban realizando detenciones.
Los testimonios que recopilaron indican que los elementos de la
policía se metieron en los paraderos del Optibus en búsqueda de
compañeras para detenerlas, casi una hora después de finalizada la
marcha y en lugares alejados del punto de la manifestación.
Después de denunciar la desaparición de sus compañeras, debido a que
no sabían su paradero, las mujeres se trasladaron a los Ministerios
Públicos, donde pudieron ver las camionetas con manifestantes detenidas y
golpeadas.
Según constataron, algunas de ellas fueron sustraídas de sus
vehículos, a otras las detuvieron sin que hubieran asistido a la
manifestación, solo porque caminaban cerca del lugar y hubo también a
quienes bajaron de las estaciones del Optibus sin haber cometido ninguna
falta.
Tras las denuncias públicas de desaparición y de uso excesivo
de la fuerza, las mujeres detenidas fueron liberadas en el transcurso
de la noche y la madrugada del sábado. Una de las jóvenes, a quien se
identifica como Paola E. fue golpeada y fue llevada por sus compañeras
al Hospital de Especialidades Materno-Infantil de León, para valorar su
estado de salud.
Las colectivas de mujeres presentaron un posicionamiento con siete demandas, entre ellas, que
se investigue con enfoque de Derechos Humanos y de género el caso de
violencia sexual ejercida en contra de Evelyn por parte de policías
municipales, así como los casos ocurridos el día sábado 22 de agosto.
Las defensoras pidieron al presidente municipal de León, Héctor
López Santillana, y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la
destitución inmediata del secretario de Seguridad Pública Municipal,
Mario Bravo Arrona y de las y los agentes policiales responsables de la
violencia; y recordaron que al ser cometida por funcionarios públicos
representa una violación a Derechos Humanos.
De acuerdo con las colectivas, varias participantes identificaron en
la manifestación a una mujer de cabello rojo, blusa blanca, pantalón de
mezclilla y mochila color beige, quién era resguardada por elementos
policiacos y tomaba registro de las caras de muchas de las personas que
se encontraban en la manifestación. La misma mujer fue vista horas
después en el Ministerio Público Norte, saliendo y entrando con evidente
autorización para transitar por esa zona exclusiva.
“Creemos que esa mujer vestida de civil fue infiltrada en el
movimiento para sacar registro de las compañeras y usarlo para
represalias en contra de ellas. Y así como ella, sabemos que pudieron
utilizar más elementos infiltrados para iniciar las provocaciones y las
revueltas para poder hacer uso de la fuerza. Descalificamos estas
acciones fuera de todo estado de derecho y exigimos una investigación
clara ante estos hechos”, denunciaron.
Las colectivas de Guanajuato aseguraron que estas detenciones fueron
realizadas por instituciones destinadas a proteger y salvaguardar la
integridad de las mujeres niñas, adolescentes y jóvenes, lo que dejan
claro que no les interesa la protección de los derechos porque son
quienes los violentan con mayor brutalidad y crueldad.
También pidieron una disculpa y reconocimiento público por parte de
la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y del gobernador de que los
hechos cometidos corresponden a tortura sexual. Esto porque las mujeres
detenidas relataron detencion con uso de fuerza, golpes, tocamientos e
insultos con carga de género, por ejemplo, les dijeron que si fueron
capaces de manifestarse se aguantaran los golpes.
Las agrupaciones dijeron que la Fiscalía y la Procuraduría de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y
a la reparación del daño de las 22 mujeres; a la Procuraduría de
Derechos Humanos estatal le exigieron emitir a la brevedad las
recomendaciones a las instancias públicas y pidieron a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos atraer el caso.
Policía también agredió a reporteras
Las escenas captadas y descritas por las reporteras de medios locales
como “Ágora”, “Zona Franca” y “PopLab” son similares a las registradas
el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco, en el Estado de Mexico,
cuando 26 mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente durante las
manifestaciones en apoyo a un grupo de floricultores desalojados.
Sin embargo, en León, cuatro reporteras de estos medios fueron
jaloneadas y amenazadas con ser detenidas si seguían tomando fotos y
videos de los arrestos. Incluso Melissa Esquivias Espinosa fue esposada,
pero cuando los policías se convencieron de que era parte de la prensa
la dejaron libre.
Al respecto, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), la
Red Nacional de Periodistas (RNP) y la Red Nacional de Defensoras de
Derechos Humanos en México (RNDDHM), denunciaron en un comunicado la
violencia institucional y pidieron sancionar a los policías
que intervinieron en las agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias y
actos de tortura contra las periodistas y demás manifestantes.
La periodista Melissa Esquivas Espinosa relató que los actos de
represión se intensificaron al finalizar las acciones programadas. La
comunicadora se percató que un grupo de feministas se dirigían a la
caseta móvil, donde eran retenidas varias mujeres. El grupo de
manifestantes cuestionó la detención de las tres jóvenes y exigían su
liberación, a lo que los elementos respondieron con empujones.
Fue en ese altercado que una mujer policía comenzó amedrentar a
Esquivas, primero le solicitó mantener distancia y después le indicó que
tenía que retirarse.
En todo momento la comunicadora se identificó como periodista y
argumentó que estaba ahí en función de su labor periodística. Sin
embargo, un elemento de seguridad pública (que no logra identificar),
arremetió contra la periodista y le colocó esposas con la intención de
detenerla arbitrariamente. Pero fue la policía que inicialmente la
amedrentó quien ordenó que la liberaran.
Su compañera Alfonsina Ávila Ramírez fue sujeta de agresiones físicas
en la espalda y en el plexo solar por parte de varios elementos de
seguridad pública, cuando la periodista realizaba una transmisión en
vivo. Ávila narró que pese a que se identificó como periodista, las
agresiones fueron aumentando. Primero, comenzaron con amenazas para que
desistiera de grabar la violencia y detenciones contra las
manifestantes, hasta que quedó en medio de un encapsulamiento y fue
víctima de varios golpes.
Fue gracias a la intervención oportuna de otras periodistas, que
lograron que no fuera sujeta de una detención. Sin embargo, una mujer
policía señaló que la periodista presuntamente le tocó el brazo para
justificar la agresión.
Martha Silva y Brenda Orozco documentaron que durante la jornada de
protesta, dos manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, cuando
estaban sobre la cajuela de una patrulla de Seguridad Pública Municipal
con número 717.
Alrededor de las 20:30 horas, unas 50 mujeres policías comenzaron a
detener a gente que se localizaba en la Plaza del Templo Expiatorio, sin
tener la certeza de que tuvieran relación con la jornada, pues la
manifestación ya había concluido.
De acuerdo con el testimonio de Martha Silva, fue agredida
físicamente y amenazada por mujeres policías, quienes le expresaron
“quítese o la llevo detenida”, al tratar de impedir que documentara los
hechos, además de ser testigo de la agresión a Alfonsina Ávila. Estas
agresiones fueron manifestadas hacia la vocera de la Secretaría de
Seguridad Pública de León, Gloria Bernal, quien se encontraba en
funciones y quien pidió que la reportera no cuestionara a los jefes
policiacos que se encontraban presentes, para ello se comprometió a
mandarle la información o parte de hechos, compromiso que no ha sido
cumplido hasta ahora.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión aseguraron
que los hechos sucedieron en un contexto de represión hacia las personas
defensoras de Derechos Humanos y periodistas. En lo que va del año,
Guanajuato presenta un alza de violencia contra colectivos y defensoras,
específicamente en temas de desaparición, feminicidio, derechos
sexuales y reproductivos, y libertad de expresión.
Al respecto, el programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC
ha documentado en lo que va del año seis atentados contra periodistas en
la entidad, en tanto que la Red Nacional de Defensoras de Derechos
Humanos en México registró el asesinato de la defensora Karla Valentina
Camarena, así como 3 agresiones en contra de colectivas feministas que
se movilizaron en el marco del 8 de marzo y recientemente la detención
de madres de personas desaparecidas, integrantes del colectivo A Tu
Encuentro.
Las organizaciones y redes se sumaron a las peticiones de las
colectivas feministas y exigieron al Gobierno del estado de Guanajuato
respetar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en
protestas sociales incorporando los estándares internacionales de
Derechos Humanos en la materia.
También exhortaron al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, ponerse en contacto con las
periodistas agredidas, a fin de proveer esquemas de protección integral
con enfoque de género y al gobierno municipal de León, generar
condiciones estructurales que posibiliten el ejercicio periodístico y
políticas públicas que erradiquen todo tipo de violencia que ponen en
riesgo la vida e integridad de las mujeres en la entidad.
20/AGM/LGL
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