FOTOCIMAC: Hazel Zamora
Ciudad de México. El Estado mexicano no consigue
reparar el daño a Romeo, huérfano a los 3 años de edad. Su madre,
Serymar Soto Azúa, fue víctima de feminicidio en Coahuila en 2017. Ella
tenía apenas 21 años de edad el día que su pareja la impactó
intencionalmente con un vehículo.
Hoy Romeo está nuevamente en una situación de vulnerabilidad sin que
el Estado responda por su protección. Su abuelo materno, quien obtuvo su
custodia tras el feminicidio de Serymar, falleció por COVID-19. Romero y
su abuela también contrajeron la enfermedad, pero la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas de Coahuila aún evalúa si es pertinente
otorgarles suministros esenciales como medicamentos y artículos de
limpieza para la salud del niño y la adulta mayor.
La petición a la Comisión de Atención a Víctimas la realizó hace tres
semanas la tía de Romeo, Sandra Soto Azúa, sin embargo, el periodo de
cuarenta de la familia está apunto de terminar sin ninguna respuesta por
parte de las autoridades.
“Como siempre somos las personas cercanas a las familias de las
víctimas quienes tenemos que sacar esto adelante, y el Estado siempre es
indiferente a estas situaciones”, expresó Soto en entrevista con
Cimacnoticias.
Sandra Soto exigió en 2018 por medio de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) que el Estado mexicano garantice la reparación
integral del daño a la niñez y adolescencia por no prevenir el
feminicidio de sus madres. Presentó ante el organismo quejas no sólo por
el caso de su hermana Serymar, también acompañó a otras familias de
víctimas de feminicidio en Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de
México, Chihuahua, Durante y Nuevo León.
La CNDH entonces recomendó al gobierno de Coahuila crear un programa
específico para resarcir los derechos de la orfandad por feminicidio.
Romeo es hoy uno de los 18 niños, niñas y adolescentes que reciben una
compensación económica de 4 mil pesos bimestrales. La atención
psicológica y la garantía de otros derechos como a la salud y la
educación, así como el apoyo extensivo para otras víctimas que crecen
cada vez que una mujer es asesinada, son aún una deuda en la entidad,
señaló Sandra.
A pesar de la lucha de Sandra Soto, ella como otras víctimas
indirectas del feminicidio no han sido llamadas para que se escuchen sus
voces en la construcción del “Protocolo Nacional de Atención Integral a
Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio”
(PNNAOF), cuya creación anunció el pasado julio el Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres) junto al Sistema Nacional de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Cimacnoticias solicitó entrevistas al DIF y el Sipinna, responsables
de la política de la infancia en este país, para conocer con detalle las
implicaciones de este Protocolo y su aplicación, no obstante, han
negado las peticiones bajo el argumento de que es una política a cargo
del Inmujeres; por su parte, el Inmujeres dijo a esta agencia que el
Protocolo estaría listo en próximos días y que sería hasta entonces
cuando se concediera la entrevista.
Una reparación integral no es sólo económica
En la sentencia “Caso González y otras (Campo Algodonero) V.S
México”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que los
familiares de las víctimas de feminicidio pueden ser, a su vez,
víctimas. En esa sentencia, la primera para la CoIDH en este tema, las
madres de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua,
narran que los delitos ocurridos contra sus hijas afectó a toda la
familia al grado de que otros integrantes, en algunos casos, buscaron el
suicidio.
“Nos dañaron a toda la familia, mis hijos, ellos necesitan mucho
apoyo psicológico porque les quitaron también una parte, […] ya no
estamos completos, […] Ahora les exijo […] retribúyanme toda mi vida,
porque mi vida ya no es la misma”, relató una de las madres.
A fin de conocer los aspectos que debe tener el “Protocolo de
Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes en condición de
orfandad por feminicidio”, Cimacnoticias entrevistó a la jefa de la
Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en México,
socióloga Edith Olivares Barreta; a la psicóloga Edith Escareño Granados
que ha participado en peritajes de impactos psicosociales en caso de
hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas; y la psicóloga Ximena
Antillón, experta en acompañamiento psicosocial y directora de FUNDAR,
Centro de Análisis e Investigación.
Las tres expertas coincidieron en que si bien el feminicidio es un
delito cometido por un particular, el Estado está obligado a reparar el
daño integralmente a las víctimas indirectas del feminicidio por
permitir que este delito siga ocurriendo en el país al no prevenir, no
atender a las mujeres en riesgo, no investigar adecuadamente ni
sancionar a los agresores.
Una reparación integral del daño, dijeron, tiene como objetivo
principal que estas niñas y niños, así como sus abuelas que en muchos
casos se convierten en sus madres, reconstruyan el proyecto de vida que
les fue coartado por el feminicidio.
No obstante, actualmente algunas entidades que –por exigencia de las
víctimas– han impulsado políticas públicas al respecto, sólo prevén
compensaciones económicas. En muchos casos, explicó Ximena Antillón,
estas remuneraciones pueden resultar ofensivas para las familias. Ha
habido casos, aseguró, en los que las autoridades les dicen que después
de recibir dinero ya no pueden buscar justicia.
En otros casos, una política de compensación económica mal ejecutada
podría traer consecuencias negativas. Por ejemplo, dijo la también
investigadora, en Ciudad Juárez se aplicó una especie de “dolorímetro”
bajo el que se asignaba más dinero a unas víctimas que a otras. Eso
generó la vivencia de desigualdad entre víctimas que pertenecen a
colectivos. Las medidas económicas no tienen que generar más daños,
conflictos o divisiones dentro de los colectivos, dijo Antillón.
Una reparación integral, coincidieron las expertas, incluye atención
psicológica especializada, particularmente para quienes fueron testigos
del asesinato y que considere la condición particular por edad,
situación económica, discapacidad, origen étnico, y otra circunstancia
diferencial de cada niña y niño. Asimismo, las personas que las atienden
deben estar capacitadas y ser evaluadas sobre cómo realizan este
trabajo.
Si bien el Estado ha priorizado hasta ahora la atención psicológica,
ha dejado de lado necesidades de salud, alimentación o vivienda, las
cuales –antes del feminicidio– las cubría la madre o el padre, que en
varios casos es quien comete el crimen. Por ello, el Estado debe cubrir
también estas necesidades a largo plazo y reforzar a las y los
cuidadores en esta tarea, además de estar al tanto de las implicaciones
del sobrecuidado de quienes quedan cargo, agregó Editht Escareño.
Para la psicóloga, la ayuda para estas familias debe ser permanente y
no restringirse hasta los 18 años de edad, ya que la violencia
feminicida deja secuelas a largo plazo. Esto implica, dijo, cubrir
cuestiones de atención psicológica y de educación. Además, destacó, el
Estado debe garantizar la protección de las y los adultos que se hacen
cargo de las niñas y niños en condición de orfandad, toda vez que en
muchos casos enfrentan amenazas.
Por otro lado, el Estado debe garantizar la seguridad jurídica de
esas niñas y niños asegurando la patria potestad, explicó la socióloga
Edith Olivares. La integrante de Amnistía Internacional, puso de ejemplo
el caso de Alondra Guadalupe González Arias, asesinada en 2017 por su
expareja en Jalisco, su madre, Nancy Arias, ha enfrentado fuertes
dificultades para obtener la patria potestad del bebé de Alondra.
Cuando Alondra fue asesinada, su hija recién nacida ni siquiera
estaba inscrita en el registro civil. La madre de Alondra ha estado a
cargo de la menor de edad todo este tiempo, pero sin ninguna certeza
jurídica. Esto se debe a que las normas jurídicas, explicó Olivares, no
establecen qué hacer en los casos que la madre de las y los niños es
asesinada a manos del padre. A esto se suma que en algunas entidades la
legislación establece que cuando muere la madre, la patria potestad
queda automáticamente a cargo de los abuelos paternos.
Las tres expertas en acompañamiento psicosocial refrendaron que para
que una reparación del daño sea integral, tienen que participar la
víctima, ser escuchada en sus necesidades particulares y ser atendida.
Especialmente, dijeron, se debe escuchar a las niñas y niños para no
dejar fuera de las investigaciones su vivencia.
Para Ximena Antillón, la reparación del daño es parte de la justicia,
ya que ésta no sólo es la sanción penal contra quien comete el
feminicidio. El objetivo de la reparación integral no es regresar a las
familias al estado anterior, que es de violencia y discriminación contra
las mujeres, sino ir hacia uno mejor. “¿Cómo hace el Estado para
garantizar a esas familias que eso que vivieron no va a volver a
ocurrir? ¿Qué significa devolverle a la familia la dignidad que tenían
antes del feminicidio?”, expresó.
Por ello, una reparación integral debe contemplar también medidas de
satisfacción: acceso a verdad y justicia, y medidas simbólicas para
dignificar a la víctima. Estás contribuyen a dignificar la imagen que
las niñas y niños van a construir de su madre y de su abuela en el
futuro y dan un mensaje a la sociedad de reprobación del feminicidio.
También tienen una dimensión pedagógica, explicó, que contribuiría a una
reparación transformadora.
Por un Plan Administrativo de Reparación
En México, explicaron las expertas, hay dos problemas con el
feminicidio: el primero es la cantidad de víctimas de este delito y el
segundo es la impunidad. Si el Estado funcionara eficientemente, lo que
seguiría para las familias tras un feminicidio sería una etapa de duelo,
pero en México después del feminicidio se entra en un proceso de
exigencia de justicia y de burocracia.
Las tres expertas coincidieron en que los obstáculos que encuentran
las familias para acceder a la justicia o a la reparación son
revictimizantes, toda vez que ocurren filtraciones por parte del Estado y
experimentan burocracia excesiva (papeleo, lenguaje técnico, cambio de
personal) incluso para acceder a la atención médica o un asesor jurídico
y no tienen perspectiva de Derechos Humanos o género.
“La ruta de atención a víctimas podría estar bien trazada, pero al
momento de ejecutarla no es nada factible. Llegar a estas atenciones
requiere gastos, tiempo y dejar las laborales o tener que dedicar gran
parte de su tiempo al proceso jurídico, que deja de lado las necesidades
reales y objetivas de estas familias”, explicó Escareño.
Para Antillón, dada la cantidad de víctimas de feminicidio en el
país, el Estado tendría que pensar en cómo abarcar, a través de este
Protocolo, al mayor universo de víctimas, hacerles saber que este es su
derecho y difundirlo en los medios de comunicación. Para ello, explicó,
tiene que hacer un registro ágil, sin estándares de pruebas altos y que
no esté supeditado a un proceso judicial. Para FUNDAR, la respuesta está
en crear un programa administrativo de reparación del daño.
De acuerdo con Antillón, ya hay muchas experiencias de la sociedad
civil del acompañamiento de estas víctimas y de desaparición que pueden
retomarse por el gobierno, ya que es común los mecanismos de reparación
para víctimas se hagan pensados en cómo filtrar o repeler a las personas
para que no se integren a los programas.
“Nosotros somos cercanos a familiares de personas desaparecidas con
quienes trabajamos. A través de ellos vemos cómo se implementan las
medidas a través de la CEAV: reparaciones inconsistentes, con diferentes
criterios, hay una incapacidad de construir esta visión de un programa
administrativo”, detalló.
La experta dijo que en ese sentido saludaba la creación de un
Protocolo de Atención Integral a las víctimas indirectas del
feminicidio, no sólo por la grave condición de vulnerabilidad en la que
están sino porque México debe crear condiciones para que las siguientes
generaciones puedan no olvidar, integrarlo en nuestra historia y generar
las condiciones para que esto no se repita.
“Es muy importante cortar esos espirales de violencia con las
víctimas, generar oportunidades para que las niñas y los niños no
terminen otra vez en estas redes de violencia que operan ahí donde no
hay oportunidades”, detalló. No obstante, dijo, se espera que el
Protocolo integre la participación de la sociedad civil y que tenga esa
visión de un programa administrativo.
Por otra parte, Edith Olivares, de Amnistía Internacional, llamó la
atención sobre que este programa aún no es público en el Diario Oficial
de la Federación. “Los anuncios son importantes pero nos gustaría
conocer los documentos que están detrás de estos anuncios, porque nos ha
pasado con el Programa de Acción Emergente para atender los
feminicidios, o el de Igualdad de Mujeres y Hombres, que
desafortunadamente tenemos un gobierno que anuncia en materia de
igualdad pero no conocemos los documentos”.
“Es muy difícil pronunciar documentos que no conocemos. Dijeron que
estaban revisando este Protocolo y lo iban a publicar en el DOF, pero en
los hechos aún no existe un protocolo para atender a niñas y niños en
condición de orfandad. También se requiere un diagnóstico sobre la
situación que viven las niñas y niños víctimas de feminicidio, que hasta
ahora no hay”, agregó.
20/HZM/AJSE/LGL
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