Ediotrial La Jornada.
La explosión ocurrida la medianoche del viernes en el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas –provocada, según información disponible, con un artefacto de bajo poder y sin que produjera muertos ni lesionados–, se inserta en una cadena de hechos recientes que complican todavía más el panorama de la violencia que vive el país.
La agresión tiene como precedente ineludible el asesinato, ocurrido el 14 de marzo pasado, de tres empleados del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez –dos de ellos de nacionalidad de ese país–, el cual derivó, dos semanas después, en la captura de un presunto integrante de la banda de Los Aztecas y participante confeso en las ejecuciones.
Las posibles implicaciones de lo ocurrido la noche del viernes para el sábado en el consulado estadunidense de Nuevo Laredo cobran especial relevancia a la luz de la actitud mostrada por el gobierno federal tras los asesinatos referidos. En efecto, la prontitud en el desempeño de las autoridades mexicanas para capturar a uno de los presuntos responsables de esos crímenes –que en sí mismas son actitudes plausibles– resultan sin embargo impresentables y vergonzosas, por cuanto contrastan con la sordera e insensibilidad que los distintos niveles de gobierno han mostrado ante reclamos de justicia para cientos de víctimas inocentes, abatidas durante la confusa guerra contra el narcotráfico
que emprendió el gobierno federal hace más de tres años.
La evidente disparidad en la respuesta y el desempeño oficiales ante estos hechos pone en evidencia un trato discriminatorio en la procuración de justicia de las autoridades nacionales, que se suma a la falta de compromiso del gobierno en turno para emprender un viraje en la actual estrategia de seguridad que permita a frenar el baño de sangre, y ensombrece las perspectivas del restablecimiento cabal del estado de derecho en el país. Adicionalmente, dicha conducta refleja una subordinación de las autoridades mexicanas con respecto a Washington, y alimenta los temores de que éste podría emprender, a raíz de sucesos como los referidos, una oleada injerencista en los terrenos de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Por lo demás, el hecho que se comenta no puede sustraerse del proceso de recrudecimiento de la violencia que se vive en Tamaulipas a raíz del enfrentamiento entre el cártel del Golfo y sus antiguos aliados, Los Zetas, situación que incluso llevó al gobernador de esa entidad, Eugenio Hernández, a declarar en días recientes que había sido rebasado
por el poder del narco. En tal contexto, se extiende en la sociedad de todo el país –y también, al parecer, en las autoridades de la nación vecina– la percepción de que el estado de derecho y el control territorial del gobierno mexicano se han esfumado en extensas regiones del país, y de que la estrategia oficial de seguridad pública y combate al narcotráfico ha rendido resultados opuestos a los que supuestamente perseguía: una multiplicación de la violencia y un incremento en el poder de fuego, de cooptación y de operación de los grupos criminales. Ante tales elementos de juicio, sucesos como el de la madrugada de ayer resultan, además de reprobables, sumamente preocupantes y riesgosos para la soberanía nacional.
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