No por largamente anunciada es menos ominosa la entrada en vigor de una nueva fase de guerra política sucia. Desde el indefendible Michoacanazo ha sido evidente que quienes tienen el poder están dispuestos a utilizar los instrumentos policiacos y judiciales para propósitos partidistas y electorales. Y, conforme el calendario comicial va perdiendo hojas, se agudizan y aceleran esos propósitos de distorsión de las funciones institucionales para servir a propósitos facciosos.
Pero en esta ocasión el PRI le ha madrugado al PAN. Mientras el partido de blanco y azul (Los Pinos, para hablar con más precisión) ha tardado largos meses en calcular la posibilidad de ir contra un pez gordo de tres colores (según eso contra algún ex mandatario del norte del país, que estaría más que metido en asuntos de narcotráfico), en Aguascalientes ha sido apresado un ex candidato panista a gobernador. Hay elementos suficientes para que fuera procedente la condena a este panista, pero a fin de cuentas este incidente se inscribe en una nueva fase de la judicialización de la política, es decir, del uso arbitrario de lo judicial y lo policiaco para enfrentar asuntos partidistas y electorales. Los Michoacanazos como doctrina de seguridad electoral: acusar, encarcelar y castigar en términos de opinión pública y exhibición mediática, aunque luego las acusaciones se caigan y los procesados resulten inocentes.
Ya lo hizo impunemente el calderonismo en la entidad a cargo del perredista Leonel Godoy, con un récord perfecto de arbitrariedad extrema: ni en uno solo de las decenas de casos presentados ante un juez pudo demostrar que hubiera pruebas de los delitos que achacaba a quienes salieron libres, y en algunos casos se reinstalaron en sus cargos. Ahora se habla mucho, desde hace meses, de la intención felipista de sosegar o doblegar al PRI mediante el encarcelamiento de alguno de los varios ex gobernadores norteños que considera que fueron cómplices y protectores de determinados cárteles. Se habla de Chihuahua, Tamaulipas y Durango, especialmente. El Señor de Los Pinos estaría dispuesto a hacer lo que fuera con tal de frenar el presunto retorno triunfal del priismo al poder federal.
Justamente en ese contexto, el de las presuntas amenazas pinoleras, y del madruguete hidrocálido, ayer se realizó una reunión cumbre del priismo, con los gobernadores estatales como verdadero poder decisorio. A la hora de redactar esta columna no se sabía nada de lo acordado en ese cónclave convocado para llegar a acuerdos sobre la ruta electoral que pasa por Hidalgo, Coahuila, Nayarit y el estado de México (todos con amplias posibilidades de triunfo electoral para el PRI, salvo este último, donde la postulación de Encinas y el factor AMLO han ido cambiando los pronósticos) y desemboca en el 2012.
Mientras tanto, Martín Orozco duerme en prisión. Fue impuesto como candidato a gobernar Aguascalientes contra la militante oposición del mandatario formalmente panista, Luis Armando Reynoso Femat, quien hizo todo para que Orozco no fuera aspirante y, luego, para que no triunfara en los comicios generales, lo que abrió el paso a la victoria de Carlos Lozano de la Torre, apadrinado por personajes destacados del priismo nacional. A diferencia del michoacanazo, donde el sustento legal para la acción contra funcionarios públicos era endeble y súbito, las acusaciones contra Orozco eran conocidas desde mucho antes que fuera candidato, a tal grado que hubo de arrancar su campaña por la gubernatura sin registro, pues estaba en espera de que fuera suspendida desde el plano federal una resolución judicial estatal en su contra, que en lo inmediato le impedía ser registrado como aspirante a gobernar. La detención de Orozco es, finalmente, el desenlace de un largo proceso judicial.
Sin embargo, el PAN, es decir, Los Pinos, ha decidido mandar al diablo las instituciones y oponerse políticamente a una resolución judicial, tratando de convertir a Orozco en preso político (cuando la acusación en su contra es por haber aprovechado información privilegiada, que conoció cuando era presidente municipal, para comprar posteriormente un predio que le redituó altos dividendos) y rompiendo relaciones políticas con el gobierno priista de Aguascalientes.
Lo cierto es que escarceos no han faltado recientemente: el propio PRI le declaró la ley del hielo al secretario federal del trabajo, Javier Lozano, que sabidamente es una pieza central del golpeteo político de Los Pinos. Y el débil candidato al gobierno del estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, en lugar de agradecer a grupos del SME que aunque sea en condiciones ríspidas le hayan ayudado a tener cierta resonancia mediática, está denunciando los hechos ante autoridades electorales y judiciales, lo que abre la puerta a detenciones y sujeciones a proceso penal que podrían complicar más el escenario electoral mexiquense. También habrá de verse si los priistas encuentran fundamento para acusar penalmente a Gustavo Madero, el dirigente formal del PAN, por haber viajado a Monterrey, a una reunión con gobernadores panistas, a bordo de un avión del gobierno federal.
En ese contexto de beligerancias panistas también ha de inscribirse el enojo que ha provocado el presunto destape de Ernesto Cordero en algunos de los aspirantes a la candidatura de blanco y azul a la presidencia, quienes creen ver piso disparejo, es decir, favoritismo de Los Pinos. Alonso Lujambio ha saltado para asegurar que el Cordero de Hacienda no es el candidato oficial. Santiago Creel ha hablado de rechazar la cargada, y Josefina Vázquez Mota precisa que en el PAN no hay precandidaturas únicas.
Y, mientras van cayendo involucrados en el asesinato del hijo del poeta Sicilia, como si así desde el gobierno federal creyeran que van quitando razones y legitimidad a la caravana en preparación, ¡hasta mañana, con el secretario federal de salud empeñando todos sus esfuerzos en ser candidato al gobierno de Guanajuato (¿ayudará a la campaña alguna firma internacional productora de vacunas?)!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Pero en esta ocasión el PRI le ha madrugado al PAN. Mientras el partido de blanco y azul (Los Pinos, para hablar con más precisión) ha tardado largos meses en calcular la posibilidad de ir contra un pez gordo de tres colores (según eso contra algún ex mandatario del norte del país, que estaría más que metido en asuntos de narcotráfico), en Aguascalientes ha sido apresado un ex candidato panista a gobernador. Hay elementos suficientes para que fuera procedente la condena a este panista, pero a fin de cuentas este incidente se inscribe en una nueva fase de la judicialización de la política, es decir, del uso arbitrario de lo judicial y lo policiaco para enfrentar asuntos partidistas y electorales. Los Michoacanazos como doctrina de seguridad electoral: acusar, encarcelar y castigar en términos de opinión pública y exhibición mediática, aunque luego las acusaciones se caigan y los procesados resulten inocentes.
Ya lo hizo impunemente el calderonismo en la entidad a cargo del perredista Leonel Godoy, con un récord perfecto de arbitrariedad extrema: ni en uno solo de las decenas de casos presentados ante un juez pudo demostrar que hubiera pruebas de los delitos que achacaba a quienes salieron libres, y en algunos casos se reinstalaron en sus cargos. Ahora se habla mucho, desde hace meses, de la intención felipista de sosegar o doblegar al PRI mediante el encarcelamiento de alguno de los varios ex gobernadores norteños que considera que fueron cómplices y protectores de determinados cárteles. Se habla de Chihuahua, Tamaulipas y Durango, especialmente. El Señor de Los Pinos estaría dispuesto a hacer lo que fuera con tal de frenar el presunto retorno triunfal del priismo al poder federal.
Justamente en ese contexto, el de las presuntas amenazas pinoleras, y del madruguete hidrocálido, ayer se realizó una reunión cumbre del priismo, con los gobernadores estatales como verdadero poder decisorio. A la hora de redactar esta columna no se sabía nada de lo acordado en ese cónclave convocado para llegar a acuerdos sobre la ruta electoral que pasa por Hidalgo, Coahuila, Nayarit y el estado de México (todos con amplias posibilidades de triunfo electoral para el PRI, salvo este último, donde la postulación de Encinas y el factor AMLO han ido cambiando los pronósticos) y desemboca en el 2012.
Mientras tanto, Martín Orozco duerme en prisión. Fue impuesto como candidato a gobernar Aguascalientes contra la militante oposición del mandatario formalmente panista, Luis Armando Reynoso Femat, quien hizo todo para que Orozco no fuera aspirante y, luego, para que no triunfara en los comicios generales, lo que abrió el paso a la victoria de Carlos Lozano de la Torre, apadrinado por personajes destacados del priismo nacional. A diferencia del michoacanazo, donde el sustento legal para la acción contra funcionarios públicos era endeble y súbito, las acusaciones contra Orozco eran conocidas desde mucho antes que fuera candidato, a tal grado que hubo de arrancar su campaña por la gubernatura sin registro, pues estaba en espera de que fuera suspendida desde el plano federal una resolución judicial estatal en su contra, que en lo inmediato le impedía ser registrado como aspirante a gobernar. La detención de Orozco es, finalmente, el desenlace de un largo proceso judicial.
Sin embargo, el PAN, es decir, Los Pinos, ha decidido mandar al diablo las instituciones y oponerse políticamente a una resolución judicial, tratando de convertir a Orozco en preso político (cuando la acusación en su contra es por haber aprovechado información privilegiada, que conoció cuando era presidente municipal, para comprar posteriormente un predio que le redituó altos dividendos) y rompiendo relaciones políticas con el gobierno priista de Aguascalientes.
Lo cierto es que escarceos no han faltado recientemente: el propio PRI le declaró la ley del hielo al secretario federal del trabajo, Javier Lozano, que sabidamente es una pieza central del golpeteo político de Los Pinos. Y el débil candidato al gobierno del estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, en lugar de agradecer a grupos del SME que aunque sea en condiciones ríspidas le hayan ayudado a tener cierta resonancia mediática, está denunciando los hechos ante autoridades electorales y judiciales, lo que abre la puerta a detenciones y sujeciones a proceso penal que podrían complicar más el escenario electoral mexiquense. También habrá de verse si los priistas encuentran fundamento para acusar penalmente a Gustavo Madero, el dirigente formal del PAN, por haber viajado a Monterrey, a una reunión con gobernadores panistas, a bordo de un avión del gobierno federal.
En ese contexto de beligerancias panistas también ha de inscribirse el enojo que ha provocado el presunto destape de Ernesto Cordero en algunos de los aspirantes a la candidatura de blanco y azul a la presidencia, quienes creen ver piso disparejo, es decir, favoritismo de Los Pinos. Alonso Lujambio ha saltado para asegurar que el Cordero de Hacienda no es el candidato oficial. Santiago Creel ha hablado de rechazar la cargada, y Josefina Vázquez Mota precisa que en el PAN no hay precandidaturas únicas.
Y, mientras van cayendo involucrados en el asesinato del hijo del poeta Sicilia, como si así desde el gobierno federal creyeran que van quitando razones y legitimidad a la caravana en preparación, ¡hasta mañana, con el secretario federal de salud empeñando todos sus esfuerzos en ser candidato al gobierno de Guanajuato (¿ayudará a la campaña alguna firma internacional productora de vacunas?)!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
Carlos Slim no podrá ofrecer televisión de paga al menos por lo que resta del actual sexenio. El menú de servicios que presta a los consumidores mexicanos es muy extenso; desde café en sus Sanborns hasta telefonía celular de tercera generación; sin embargo, el presidente Calderón lo vetó en televisión, aunque, si desea, puede añadir a sus negocios una cadena de tortillerías o una nueva marca de refrescos; para ello no necesita ser modificada su concesión telefónica. En otras palabras, por ahora deberá conformarse con la franquicia que recibió de Salinas de Gortari y que lo ha convertido en el hombre más rico del mundo. Uno podría, hasta debería aplaudir la decisión de Calderón; ¿para qué fortalecer al monopolio telefónico dándole el poder de la televisión, que eventualmente lo volvería intocable? Sin embargo, hay algo que mancha la aparentemente impecable decisión presidencial. Podría estar defendiendo los intereses de Televisa, la empresa que controla más de 50 por ciento de las empresas de televisión de paga, las cableras. Dicho de otro modo, con una mano impide que crezca más un monopolio, pero con la otra fortalece a su competidor. Es parte de un precio muy alto, incuantificable, que está pagando a Emilio III por su apoyo a lo largo de su deplorable gobierno, más la protección que necesitará cuando deje Los Pinos. No será fácil ahuyentar el fantasma de 40 mil muertes.
Decisión política
Bien podrá la formidable batería de abogados de Slim emplear los recursos que quiera contra el acuerdo presidencial; sabe de antemano que tiene en su contra el poder del gobierno federal. La decisión va más allá de una cuestión de interpretación de la ley, o si Telmex ha cumplido sus obligaciones en materia de conexión, o si sus tarifas son muy altas –que lo son, sin duda. Ésos son los argumentos de la Secretaría de Comunicaciones. Lo que Slim tiene enfrente, y no ignora, es una decisión de tipo político y no hay tribunales para combatirla. Calderón no quiere que ponga un pie en el negocio de la televisión porque, para conservar el apoyo de Televisa –aplauso y silencio– necesita proteger sus intereses. Pero no es todo. Slim ha hecho críticas muy duras a su gobierno, no originales, por cierto, muchos las hacemos, pero la diferencia es que provienen de uno de los personajes de mayor peso del escenario internacional. Recordemos que Slim previó una catástrofe económica en México cuando se venían encima los efectos de la recesión de Estados Unidos, la cual ocurrió; todavía no salimos a flote. Y más adelante, contrariando las optimistas declaraciones de funcionarios, y del mismo Calderón, en el sentido de que ya habíamos salido del agujero y que la economía daba señales de cobrar fuerza, les recordó que en realidad estaba en números negativos. Todavía no superaba la caída de 2009. Y así continúa hoy en día, no obstante los malabarismos de la estadística oficial. ¿Entonces que sigue? Slim –supongo–, al mismo tiempo que continuará combatiendo en tribunales la barrera que se ha levantado a su proyecto de televisión, tendrá una participación muy activa en la campaña presidencial. Siempre la ha tenido, ha apoyado a todos los candidatos. Pero ahora necesita un aliado efectivo en Los Pinos que equilibre su pelea con sus competidores. Lo malo es que todos están con Televisa: Peña Nieto, Manlio, Cordero, Lujambio, etcétera. Sólo dos no están: López Obrador y el borrado Creel Miranda.
Marcelo: ya no finjas
Así dice una de las mantas que fueron colgadas por los vecinos. Y añade: Todos sabemos que eres tú promoviendo la Torre Bicentenario. NO a tus amigos de Danhos. El sábado, un grupo de habitantes de Molino del Rey, Lomas de Chapultepec y Polanco se reunió a las afueras de la construcción de 30 niveles que está siendo levantada en Pedregal 24. Los vecinos denunciaron que el jefe de Gobierno no es ajeno a los intereses de la familia Daniel, accionista de Danhos; el millonario español Amancio Ortega, de la cadena de tiendas Zara, quien también aporta capital, y Jorge Gamboa de Buen, convertido en próspero desarrollador, cuando hasta hace pocos años era un modesto empleado del gobierno de la ciudad. También tienen las manos metidas en el negocio el director de Seduvi, Felipe Leal, y el delegado panista en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi de la Tijera. A esas horas ya había trascendido la historia del secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, Esiquio Martínez Hernández, quien fue pillado con más de 400 millones de pesos de origen inexplicable. El titular de ese juzgado, Álvaro Tovilla, fue quien dio luz verde a Seduvi y la delegación para la obra. Sospechan los vecinos que parte de esa fortuna podría tener relación con la Torre y exigen una investigación. Acusaron directamente a Ebrard de engañarlos con la mesa de diálogo que montó con Gamboa de Buen, a condición de que la construcción se suspendería hasta llegar a un acuerdo con la comunidad, pues en realidad no la han detenido. Anunciaron diversas acciones legales.
Decisión política
Bien podrá la formidable batería de abogados de Slim emplear los recursos que quiera contra el acuerdo presidencial; sabe de antemano que tiene en su contra el poder del gobierno federal. La decisión va más allá de una cuestión de interpretación de la ley, o si Telmex ha cumplido sus obligaciones en materia de conexión, o si sus tarifas son muy altas –que lo son, sin duda. Ésos son los argumentos de la Secretaría de Comunicaciones. Lo que Slim tiene enfrente, y no ignora, es una decisión de tipo político y no hay tribunales para combatirla. Calderón no quiere que ponga un pie en el negocio de la televisión porque, para conservar el apoyo de Televisa –aplauso y silencio– necesita proteger sus intereses. Pero no es todo. Slim ha hecho críticas muy duras a su gobierno, no originales, por cierto, muchos las hacemos, pero la diferencia es que provienen de uno de los personajes de mayor peso del escenario internacional. Recordemos que Slim previó una catástrofe económica en México cuando se venían encima los efectos de la recesión de Estados Unidos, la cual ocurrió; todavía no salimos a flote. Y más adelante, contrariando las optimistas declaraciones de funcionarios, y del mismo Calderón, en el sentido de que ya habíamos salido del agujero y que la economía daba señales de cobrar fuerza, les recordó que en realidad estaba en números negativos. Todavía no superaba la caída de 2009. Y así continúa hoy en día, no obstante los malabarismos de la estadística oficial. ¿Entonces que sigue? Slim –supongo–, al mismo tiempo que continuará combatiendo en tribunales la barrera que se ha levantado a su proyecto de televisión, tendrá una participación muy activa en la campaña presidencial. Siempre la ha tenido, ha apoyado a todos los candidatos. Pero ahora necesita un aliado efectivo en Los Pinos que equilibre su pelea con sus competidores. Lo malo es que todos están con Televisa: Peña Nieto, Manlio, Cordero, Lujambio, etcétera. Sólo dos no están: López Obrador y el borrado Creel Miranda.
Marcelo: ya no finjas
Así dice una de las mantas que fueron colgadas por los vecinos. Y añade: Todos sabemos que eres tú promoviendo la Torre Bicentenario. NO a tus amigos de Danhos. El sábado, un grupo de habitantes de Molino del Rey, Lomas de Chapultepec y Polanco se reunió a las afueras de la construcción de 30 niveles que está siendo levantada en Pedregal 24. Los vecinos denunciaron que el jefe de Gobierno no es ajeno a los intereses de la familia Daniel, accionista de Danhos; el millonario español Amancio Ortega, de la cadena de tiendas Zara, quien también aporta capital, y Jorge Gamboa de Buen, convertido en próspero desarrollador, cuando hasta hace pocos años era un modesto empleado del gobierno de la ciudad. También tienen las manos metidas en el negocio el director de Seduvi, Felipe Leal, y el delegado panista en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi de la Tijera. A esas horas ya había trascendido la historia del secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, Esiquio Martínez Hernández, quien fue pillado con más de 400 millones de pesos de origen inexplicable. El titular de ese juzgado, Álvaro Tovilla, fue quien dio luz verde a Seduvi y la delegación para la obra. Sospechan los vecinos que parte de esa fortuna podría tener relación con la Torre y exigen una investigación. Acusaron directamente a Ebrard de engañarlos con la mesa de diálogo que montó con Gamboa de Buen, a condición de que la construcción se suspendería hasta llegar a un acuerdo con la comunidad, pues en realidad no la han detenido. Anunciaron diversas acciones legales.
El Inegi recién infrmó que el valor total de la producción de bienes y servicios (PIB) ascendió en el primer trimestre a 13 billones 588 mil 321 millones de pesos corrientes anualizados. El PIB agropecuario fue de 482 mil millones (3.7% del total), el industrial de 4.682 billones (35.9%), y el de servicios de 8.117 billones (62.2%) (Gráfico 1).
A precios constantes, el PIB anualizado fue de 8.793 billones y creció 4.6% respecto al primer trimestre de 2010 (Gráfico 2), aunque fue sólo ligeramente superior (1.3%) al de 2008.
El PIB agropecuario totalizó a precios constantes 287 mil millones de pesos, cifra que si bien indica un crecimiento de 1.2% sobre 2010, también refleja el virtual estancamiento del sector pues su producción en valor real (sin inflación) es aún inferior a la de 2006.
A precios constantes, el PIB anualizado fue de 8.793 billones y creció 4.6% respecto al primer trimestre de 2010 (Gráfico 2), aunque fue sólo ligeramente superior (1.3%) al de 2008.
El PIB agropecuario totalizó a precios constantes 287 mil millones de pesos, cifra que si bien indica un crecimiento de 1.2% sobre 2010, también refleja el virtual estancamiento del sector pues su producción en valor real (sin inflación) es aún inferior a la de 2006.
La reciente iniciativa priísta en la Cámara de Diputados es buena, pero sólo a 50 por ciento, o si se prefiere es medio mala. No obstante que las órdenes originales (una de 1976; otra de 1987) fueron firmadas por, en su momento, dos presidentes de la República de origen tricolor, la bancada de ese partido en San Lázaro se animó a dar cierto aire normativo al a todas luces ilegal e injustificado uso de recursos públicos en beneficio de los ex mandatarios, aunque el impulso nada más le alcanzó para intentar reducir el abuso a la mitad, y no para terminar de una buena vez con uno de los innumerables desfalcos que se cometen con dineros de la nación.
El asunto es el siguiente: “la Cámara de Diputados pretende reducir hasta 50 por ciento la pensión vitalicia de los ex presidentes de la República; disminuir a 50 el número de personal de seguridad que les prestan Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México; evitar que se contraten con empresas nacionales o extranjeras para proveerlas de información privilegiada, y obligarlos a ‘cumplir su agradecimiento al pueblo de México’ participando en actividades académicas o de investigación en instituciones de educación superior”.
El pasado 12 de abril, la mesa directiva de San Lázaro dio entrada a la iniciativa de ley promovida por los priístas Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana; no obstante, el presidente del órgano camaral, Jorge Carlos Ramírez Marín, decidió darle trámite hasta el 29 del mismo mes –justo cuando concluyó el periodo ordinario de sesiones–, al turnarla a las comisiones unidas de Gobernación, Hacienda, Defensa, Marina, Educación y Función Pública, y con opinión de la de Presupuesto, para hacer aún más engorroso el proceso.
“A la fecha, las pensiones que perciben los ex presidentes no tienen sustento jurídico ni se encuentran desglosadas en ningún marco legal, sólo son consideradas acuerdos de carácter administrativo. La iniciativa en cuestión aporta las bases y regula responsabilidades, actividades, pensiones, medios personales y materiales, así como servicios de seguridad de quien haya ocupado el cargo de presidente constitucional. La creación de una ley para ex presidentes se perfila como el marco legal que contempla incluso las causas por las que podrían perder sus derechos y beneficios. Así, los ex mandatarios federales tendrán derecho a disfrutar de una pensión equivalente a 85 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones –durante los primeros seis años después de haber concluido su encargo–, la cual será incrementada en la misma proporción. Terminado ese periodo podrán tener una pensión vitalicia equivalente a 50 por ciento del salario del Ejecutivo en turno, aumentado en la misma proporción” (La Jornada, Roberto Garduño).
De los cinco ex presidentes vivos (en términos biológicos, porque son muy vivos en eso de utilizar recursos de la nación) cuatro son priístas y uno panista (a punto de ser dos). Desde que en 1976 Luis Echeverría se autorizó a sí mismo una pensión vitalicia y el pago de la nómina de cientos de burócratas a su servicio (militares y civiles), y en 1987 Miguel de la Madrid amplió generosamente la cobertura (comenzando por la que a él le tocaba como ex inquilino de Los Pinos), miles de millones de pesos del erario se han destinado a cubrir las necesidades (como les llaman) de los ex titulares del Poder Ejecutivo, no obstante que sus arcas salieron sobradamente llenas al término de sus respectivos mandatos. Sólo Ernesto Zedillo rechazó la pensión, pero no el ejército de servidores públicos que, a costillas de la nación, lo atiende.
Se estima que en 2011 de los impuestos de los mexicanos saldrán no menos de 320 millones para cubrir los gastos de los ex presidentes, aunque la erogación fácilmente puede ser mucho mayor, al incluirse bonos, peticiones especiales, atención médica de primer nivel (aquí o en el extranjero), viajes, guaruras, transportación, asesores, secretarias y otras menudencias, que no estipula ni regula ley alguna. Es a capricho del inquilino de Los Pinos las prerrogativas de las que gozan sus antecesores. Es un saqueo descarado, pero ninguno de los mandatarios en funciones se anima a darlo por terminado, pues tarde que temprano será en su propio beneficio.
Como en tantos otros casos de dinero fugado (léase atraco abierto) por parte de los autodenominados servidores públicos, al cancelar tales pensiones y la nómina del personal al servicio de los ex mandatarios los dineros de la nación tendrían el fin legal y ético que deben tener. Por ejemplo, esos 320 millones que en 2011 se canalizarán a ese grupo zánganos podrían destinarse a la educación pública, al equipamiento de hospitales, a vivienda popular o lo que resulte socialmente productivo. En todo caso que los ex mandatarios que reúnan los requisitos de ley cobren la pensión que les corresponde, la cual, desde luego, no pasaría de 25 salarios mínimos. La que ahora obtienen se aproxima a los 3 mil 400 salarios mínimos, sin considerar al personal de nómina a sus servicio.
Dado el ostentoso tren de vida que mantienen, infinitamente superior al que puede garantizarle la ilegal pensión, ¿en serio Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo (por la parte de la citada nómina) y Vicente Fox requieren ese trato especial? En todo caso lo utilizan para las propinas del café.
Entonces, si el caso es tan claro, si el atraco es de tal magnitud, ¿por qué el PRI se limita a recortarlo 50 por ciento? ¿Por qué no al cien por ciento? ¿Por qué no arrancar de tajo es mala hierba? Eso sí, lo que resulta imperdonable es que el tricolor pretenda atentar contra la comunidad universitaria del país, al obligar a los ex mandatarios a colaborar con las instituciones de educación pública.
Las rebanadas del pastel
Contra el olvido y la impunidad: a casi dos años de la tragedia, un jurado ciudadano declaró culpable al Estado mexicano por el incendio del 5 de junio de 2009 de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que fallecieron 49 niños y más de 70 quedaron con diversos tipos de lesiones. En el juicio celebrado ayer en el Zócalo de la ciudad de México, el jurado declaró culpables del incendio y responsables de no salvaguardar los derechos de los niños a las siguientes instituciones y a sus cabezas: Presidencia de la República, Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cámara de Diputados y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam deberán disculparse públicamente y prestar un mes de trabajo comunitario por cada niño que murió o resultó lesionado.
cfvmexico_sa@hotmail.com • http://twitter.com/cafevega
El asunto es el siguiente: “la Cámara de Diputados pretende reducir hasta 50 por ciento la pensión vitalicia de los ex presidentes de la República; disminuir a 50 el número de personal de seguridad que les prestan Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México; evitar que se contraten con empresas nacionales o extranjeras para proveerlas de información privilegiada, y obligarlos a ‘cumplir su agradecimiento al pueblo de México’ participando en actividades académicas o de investigación en instituciones de educación superior”.
El pasado 12 de abril, la mesa directiva de San Lázaro dio entrada a la iniciativa de ley promovida por los priístas Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana; no obstante, el presidente del órgano camaral, Jorge Carlos Ramírez Marín, decidió darle trámite hasta el 29 del mismo mes –justo cuando concluyó el periodo ordinario de sesiones–, al turnarla a las comisiones unidas de Gobernación, Hacienda, Defensa, Marina, Educación y Función Pública, y con opinión de la de Presupuesto, para hacer aún más engorroso el proceso.
“A la fecha, las pensiones que perciben los ex presidentes no tienen sustento jurídico ni se encuentran desglosadas en ningún marco legal, sólo son consideradas acuerdos de carácter administrativo. La iniciativa en cuestión aporta las bases y regula responsabilidades, actividades, pensiones, medios personales y materiales, así como servicios de seguridad de quien haya ocupado el cargo de presidente constitucional. La creación de una ley para ex presidentes se perfila como el marco legal que contempla incluso las causas por las que podrían perder sus derechos y beneficios. Así, los ex mandatarios federales tendrán derecho a disfrutar de una pensión equivalente a 85 por ciento del salario del presidente constitucional en funciones –durante los primeros seis años después de haber concluido su encargo–, la cual será incrementada en la misma proporción. Terminado ese periodo podrán tener una pensión vitalicia equivalente a 50 por ciento del salario del Ejecutivo en turno, aumentado en la misma proporción” (La Jornada, Roberto Garduño).
De los cinco ex presidentes vivos (en términos biológicos, porque son muy vivos en eso de utilizar recursos de la nación) cuatro son priístas y uno panista (a punto de ser dos). Desde que en 1976 Luis Echeverría se autorizó a sí mismo una pensión vitalicia y el pago de la nómina de cientos de burócratas a su servicio (militares y civiles), y en 1987 Miguel de la Madrid amplió generosamente la cobertura (comenzando por la que a él le tocaba como ex inquilino de Los Pinos), miles de millones de pesos del erario se han destinado a cubrir las necesidades (como les llaman) de los ex titulares del Poder Ejecutivo, no obstante que sus arcas salieron sobradamente llenas al término de sus respectivos mandatos. Sólo Ernesto Zedillo rechazó la pensión, pero no el ejército de servidores públicos que, a costillas de la nación, lo atiende.
Se estima que en 2011 de los impuestos de los mexicanos saldrán no menos de 320 millones para cubrir los gastos de los ex presidentes, aunque la erogación fácilmente puede ser mucho mayor, al incluirse bonos, peticiones especiales, atención médica de primer nivel (aquí o en el extranjero), viajes, guaruras, transportación, asesores, secretarias y otras menudencias, que no estipula ni regula ley alguna. Es a capricho del inquilino de Los Pinos las prerrogativas de las que gozan sus antecesores. Es un saqueo descarado, pero ninguno de los mandatarios en funciones se anima a darlo por terminado, pues tarde que temprano será en su propio beneficio.
Como en tantos otros casos de dinero fugado (léase atraco abierto) por parte de los autodenominados servidores públicos, al cancelar tales pensiones y la nómina del personal al servicio de los ex mandatarios los dineros de la nación tendrían el fin legal y ético que deben tener. Por ejemplo, esos 320 millones que en 2011 se canalizarán a ese grupo zánganos podrían destinarse a la educación pública, al equipamiento de hospitales, a vivienda popular o lo que resulte socialmente productivo. En todo caso que los ex mandatarios que reúnan los requisitos de ley cobren la pensión que les corresponde, la cual, desde luego, no pasaría de 25 salarios mínimos. La que ahora obtienen se aproxima a los 3 mil 400 salarios mínimos, sin considerar al personal de nómina a sus servicio.
Dado el ostentoso tren de vida que mantienen, infinitamente superior al que puede garantizarle la ilegal pensión, ¿en serio Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo (por la parte de la citada nómina) y Vicente Fox requieren ese trato especial? En todo caso lo utilizan para las propinas del café.
Entonces, si el caso es tan claro, si el atraco es de tal magnitud, ¿por qué el PRI se limita a recortarlo 50 por ciento? ¿Por qué no al cien por ciento? ¿Por qué no arrancar de tajo es mala hierba? Eso sí, lo que resulta imperdonable es que el tricolor pretenda atentar contra la comunidad universitaria del país, al obligar a los ex mandatarios a colaborar con las instituciones de educación pública.
Las rebanadas del pastel
Contra el olvido y la impunidad: a casi dos años de la tragedia, un jurado ciudadano declaró culpable al Estado mexicano por el incendio del 5 de junio de 2009 de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que fallecieron 49 niños y más de 70 quedaron con diversos tipos de lesiones. En el juicio celebrado ayer en el Zócalo de la ciudad de México, el jurado declaró culpables del incendio y responsables de no salvaguardar los derechos de los niños a las siguientes instituciones y a sus cabezas: Presidencia de la República, Instituto Mexicano del Seguro Social, Procuraduría General de la República, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cámara de Diputados y Comisión Nacional de Derechos Humanos. Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam deberán disculparse públicamente y prestar un mes de trabajo comunitario por cada niño que murió o resultó lesionado.
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Ernesto Márquez: Tumbando Caña
Con tremenda descarga de salsa y timba cientos cientos de radioescuchas celebraron la noche del sábado el quinto aniversario del programa Salsajazzeando, que produce y conduce en Horizonte 107.5 la carismática Déborah Holtz.
El encuentro festivo se dio en el renovado Centro de Espectáculos Premier que en su noche de reapertura albergó a más de mil 500 (su capacidad) fervorosos salseros, que manifestaron así su gusto y apoyo por un programa radiofónico que ha costado sangre, sudor y lágrimas a esta dinámica mujer que cada sábado, de 14 a 16 horas, inunda el cuadrante de sabor.
España: indignados y organizados
Algunas de las asambleas ciudadanas que tienen lugar en diversas localidades de España, y cuyos participantes son genéricamente conocidos como los indignados, acordaron en sus sesiones de ayer mantener los campamentos por un tiempo más y, lo más importante, dar paso a formas de organización que aseguren la continuidad del movimiento de protesta que sacude al país ibérico. Así ocurrió en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.Continuar
Con tremenda descarga de salsa y timba cientos cientos de radioescuchas celebraron la noche del sábado el quinto aniversario del programa Salsajazzeando, que produce y conduce en Horizonte 107.5 la carismática Déborah Holtz.
El encuentro festivo se dio en el renovado Centro de Espectáculos Premier que en su noche de reapertura albergó a más de mil 500 (su capacidad) fervorosos salseros, que manifestaron así su gusto y apoyo por un programa radiofónico que ha costado sangre, sudor y lágrimas a esta dinámica mujer que cada sábado, de 14 a 16 horas, inunda el cuadrante de sabor.
España: indignados y organizados
Algunas de las asambleas ciudadanas que tienen lugar en diversas localidades de España, y cuyos participantes son genéricamente conocidos como los indignados, acordaron en sus sesiones de ayer mantener los campamentos por un tiempo más y, lo más importante, dar paso a formas de organización que aseguren la continuidad del movimiento de protesta que sacude al país ibérico. Así ocurrió en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.Continuar
El Correo Ilustrado
Magú ofrece disculpas
Estoy bueno para meterme al taller de alineación y puntería, pues disparo para el norte y causo destrozos en el sur.Continuar
En su avidez por castigar a los trabajadores indocumentados, el estado de Arizona insiste en promulgar leyes migratorias que de acuerdo con la Constitución corresponde hacerlo exclusivamente al gobierno federal. En esta ocasión emitió una ley que obliga a los empleadores a verificar la situación migratoria de sus trabajadores. La ley fue impugnada por diversas organizaciones de derechos humanos y la Cámara de Comercio, extraños compañeros de viaje si se toma en consideración la diferencia de sus principios, pero las autoridades de Arizona apelaron ante el máximo tribunal de la nación que, a final de cuentas, dio la razón a ese estado.Continuar
Como la próxima temporada de lluvias la cuenca de México no estará exenta de sufrir inundaciones, los gobiernos federal, del estado de México y de la capital del país acordaron actuar coordinadamente para manejar la infraestructura hidráulica. Para ello funcionará un Centro de Mando del Sistema de Aguas del Área Metropolitana. Las instancias oficiales que, ahora sí, prometen hacer frente común ante los problemas que se avecinan, reconocen que las 42 obras hidráulicas de emergencia realizadas el último año son insuficientes para alejar el riesgo de inundaciones en la cuenca. Pero olvidan decir que las inundaciones en muy buena parte se deben a la actual política de manejo del agua, que no responde a las necesidades de casi 30 millones de habitantes. Tampoco evita que el agua de lluvia se envíe, contaminada, al mar en vez de utilizarse para recargar todo lo posible el manto freático (cada vez más sobrexplotado) y tratar y reutilizar al máximo el líquido.Continuar
El movimiento se demuestra andando, nos decían profesores de ánimo filosófico desde la primaria. Este movimiento no deja de andar. Circula por ahí, contagiosamente, la sensación de que esto es lo que estábamos esperando: algo que pudiera articularnos y convertir en iniciativa política de gran alcance las fuerzas que se venían acumulando desde abajo. Y llegó.
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Fui a ver a Munib Masri en su hospital de Beirut. Él es parte de la revolución árabe, aunque no lo ve así. Su rostro denotaba el dolor que sentía; le ponían suero, tenía fiebre y unas espantosas heridas causadas por una bala israelí de 5.6mm que le dio en el brazo. Sí, una bala israelí, porque Munib era uno de los miles de jóvenes palestinos y libaneses desarmados que se plantaron frente al fuego abierto por los israelíes hace dos semanas, en la frontera de la tierra que llaman Palestina.Continuar
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