Alberto Aziz Nassif
Cuando se mira el lado de la política formal, se entiende por qué las plazas y las calles se llenan de ciudadanos que no hallan respuestas a sus necesidades y demandas. El dominio de la partidocracia (un mundo cerrado que se mueve en función de sus intereses particulares) y sus alianzas con la televisión, se hacen cada vez más visibles. El momento actual sólo anticipa lo que será una lucha feroz por el poder en el año 2012.
Las inercias que han vulnerado la democracia, se han profundizado. Tenemos hoy dos ciclos que han afectado de forma central a la democracia electoral y la han cerrado a los ciudadanos: en el primero hemos pasado de la competencia entre partidos a una explosión mediática de la política electoral; el modelo de competencia llevó de un costoso acceso a los medios, a una regulación que genera una batalla cotidiana entre autoridades, partidos y televisoras. En el segundo salimos del control gubernamental de las elecciones y llegamos a una autonomía de los árbitros, pero en unos años la independencia se debilitó y hemos caído en debilitamiento progresivo de la autoridad.
Desde la reforma de 2007 la pelea entre autoridades, televisoras y partidos ha sido una constante. La política oscilante de los árbitros, IFE y Tribunal, han estado muy por debajo de lo que sería una autoridad autónoma y comprometida con un pacto democrático. En México tenemos un fenómeno extraño, todo pasa por la legalidad, pero en realidad la impunidad gana batallas. La legalidad es un trámite, papeleo y pesados expedientes, pero estamos lejos de un Estado de derecho.
Hace un poco más de dos años el IFE decidió, en votación dividida, perdonar una multa a las televisoras y esa decisión sentó un funesto antecedente. Hace unas semanas se entrampó una decisión porque su resultado fue un empate para multar al Partido Verde, un organismo que con frecuencia viola la legalidad. El empate obedece a que los diputados no han tomado la decisión de nombrar a tres consejeros, que desde octubre del año pasado tienen incompleto al Consejo General del IFE. Ahora de nuevo se repite el hecho, pero en vez de haberse dado un empate, el consejero presidente cambió su voto y las televisoras salvaron la multa por haber transmitido los mensajes de Peña Nieto. Así termina una historia lamentable, donde el Tribunal había exonerado al gobernador del Estado de México, en una sentencia que pasará a la historia como sospechosa, y sólo responsabilizó a las televisoras. Pero hace unos días el IFE perdonó a las televisoras y decidió sólo una amonestación pública.
Muy contentos estarán las televisoras, Peña Nieto, los niños del Partido Verde, los magistrados que exoneraron al gobernador, los consejeros que votan por consigna o los que cambian de forma oportunista su voto. También estarán felices los diputados irresponsables que todos los días juegan con debilitar al árbitro y han sido incapaces de nombrar a tres consejeros, porque los quieren como sus correas de transmisión y no logran acordar el reparto de cuotas. Los políticos que aprobaron la reforma son los primeros que vulneran las reglas y se alían con las televisoras para tener cobertura y dar vuelta a la legalidad. El desempeño de un IFE mocho genera decisiones de consigna, empates y dudas, porque hay una distancia con los principios que debe seguir la autoridad: legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad.
Los círculos viciosos han llevado a un encierro en donde la clase política defiende sus privilegios; los medios se mueven con impunidad y la autoridad está debilitada o establece relaciones de complicidad. Vamos a entrar de lleno a los tiempos de la sucesión presidencial y la ciudadanía tendrá que enfrentarse a las maquinarias electorales que cruzarán el territorio nacional a lo largo y ancho del país. Además, la mediatización de la política llenará el espacio público en pequeños fragmentos de una intensa spotización, que serán como un bombardeo destinado a mover filias y fobias. Ante este panorama la autoridad correrá detrás de los medios, candidatos y partidos, para marcar faltas, pero la lógica de la lucha por el poder será tan abrumadora que sólo se verán ir y venir los expedientes entre el IFE y el Tribunal.
¿Es posible fracturar estos círculos? ¿A qué le puede apostar la ciudadanía para generar contextos de exigencias mayores y dejar de ser el invitado de piedra en los recambios de poder? El encierro político y los círculos viciosos han creado un distanciamiento entre la política formal y los ciudadanos. México llegará con este déficit a la sucesión presidencial, pero los ciudadanos tenemos el derecho de romper el encierro y demandar una democracia real, como ya sucede en otros países.
Investigador del CIESAS
José Antonio Crespo
Michoacán: alianza contranatura
Nuestro compañero Salvador García Soto nos comunicó en su columna que hubo una reunión entre Felipe Calderón y Humberto Moreira, así como empresarios michoacanos, en la que se le habría propuesto al presidente del PRI suspender las elecciones en Michoacán, pues no había condiciones para llevarlas a cabo. Y que Moreira se habría negado a ello. Algunos piensan que preocupa a Calderón la seguridad de su hermana Luisa María, quien sería segura candidata del PAN a la gubernatura con buenas probabilidades de triunfo. Ella ha declarado que tiene carrera política propia y no necesita del permiso de su hermano para tomar esa decisión. Y quizá en efecto, si el crimen organizado fue capaz de asesinar al seguro ganador a la gubernatura en Tamaulipas, la hermana del Presidente podría ser un blanco relativamente fácil y atractivo. A pregunta expresa, Moreira niega que esa haya sido la conversación, lo que no es un elemento para invalidar la versión (por el contrario). Si bien es cierto que la criminalidad está desatada en ese estado (como en otros), sería políticamente muy grave la suspensión formal de los comicios, lo que no ha ocurrido desde que la revolución se institucionalizó: las elecciones eran fraudulentas, poco o nada competitivas y a veces había violencia durante o después de ellas, pero se celebraban puntualmente (al menos en ese nivel de gobierno). Sería un reconocimiento oficial de que se ha perdido gobernabilidad en importantes regiones. Sería pésima señal a inversionistas, comercio y turismo. Comprensible, pues, que Moreira hubiera rechazado esa propuesta.
Pero días después, nos enteramos de que se exploró el escenario en que irían con candidato y programa común los tres partidos que son opción de gobierno; PAN, PRI y PRD. Una coalición auténticamente contranatural, pero no sólo en términos ideológicos, como se les ha calificado a las coaliciones PAN-PRD. Los promotores y estrategas de las coaliciones PAN-PRD defendieron éstas no en términos ideológicos, sino estratégicos; se valen coaliciones contranatura cuando uno se enfrenta a un régimen autoritario o de partido prácticamente único, para promover la alternancia como (presunto) motor de cambio. Pero con la alianza tripartita en Michoacán se estaría suprimiendo la competencia entre opciones; las elecciones serían plebiscitarias al estilo soviético, más que la contienda entre al menos dos alternativas con posibilidades reales de ganar (así se define la democracia electoral). Entonces la alianza sería contranatura en términos no sólo ideológicos, sino democráticos.
Y si bien una elección sin campaña real y un solo candidato común se ve menos grave que la suspensión, la causa sería la misma: la inseguridad, el crimen organizado y la violencia fuera de control. Señal inequívoca del fracaso de la estrategia de Calderón contra el crimen, pues fue justo ahí donde se realizó el primer operativo en 2006, a diez días de su toma de posesión. Una muestra más de que la militarización del combate al crimen está causando como “daño colateral” a la democracia misma. Por eso, quienes consideran esa posibilidad tratan de ocultar, disimular o minimizar esa razón. Pero difícilmente sería leído como algo ajeno a ello; es la manera de dar la vuelta a los retos que supone una elección en situación de ingobernabilidad. De llevarse a cabo dicho experimento, se empezaría a plantear en otros estados, y eventualmente, por qué no, a nivel nacional.
Jesús Zambrano ha dicho, sin embargo, que la candidatura única —y por ende antidemocrática— no será posible, pues “esa propuesta no tiene ninguna viabilidad, es absolutamente imposible y, por lo tanto, para el PRD queda completamente descartada” (28/Mayo,11). Sin embargo, el sólo hecho de que se haya hablado de suspender los comicios (como seguramente ocurrió), o que se explore esta salida de alianza tripartita, es un claro aviso de que tiene que modificarse la estrategia contra el crimen. Mientras más tiempo continúe, cada vez más territorio empezará a ser ingobernable, como ya es el caso en Michoacán (junto con Tamaulipas y Chihuahua, al menos). Así, los sectores convencidos de que la estrategia de Calderón —o su aplicación— no es la adecuada, debieran ejercer mayor presión sobre el presidente por más que éste no de señales de sensatez y no muestre el menor asomo de autocrítica.
cres5501@hotmail.comInvestigador del CIDE
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