6/02/2011

Acusan al Estado mexicano por solapar violaciones de militares


CMDPDH arremete contra fuero castrense en sesión de la ONU


Por Anayeli García Martínez

México, DF, 1 jun 11 (CIMAC).- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el Estado mexicano es omiso a las recomendaciones internacionales al mantener la figura del arraigo y la jurisdicción militar.

Al participar en el panel “La política mexicana contra el crimen organizado y su impacto en los Derechos Humanos: recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) y de la Relatora Especial para la Independencia de Jueces y Abogados”, que hoy se realizó en Ginebra, Suiza, la CMDPDH abordó la grave situación de los Derechos Humanos (DH) en México.

Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, acusó que en México se implementó una política de seguridad que mantiene en todo el país la presencia de las fuerzas armadas, lo que ha generado graves violaciones a DH que son atendidas por la justicia militar, “sin que hasta el momento alguna persona haya sido sancionada por estos hechos”.

En México se aplica el fuero militar para investigar las violaciones a los DH pese a las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (dos de ellas por violación sexual), y las recomendaciones de la Relatoría Especial Sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, del EPU y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.

De acuerdo con la CMDPDH, el contexto de militarización en el país resulta preocupante y relevante si se considera que actualmente se discute en el Congreso una iniciativa de Seguridad Nacional que pretende aplicar extensivamente la jurisdicción militar a casos en los que se encuentren civiles involucrados, y otorgar facultades de investigación a las fuerzas militares.

Ante ello, aseguró la organización, resulta urgente que las autoridades pongan fin a la estrategia de guerra y militarización y asuman un enfoque de seguridad ciudadana que respete los DH. Por ello, Gutiérrez exhortó al Estado mexicano a asumir sus responsabilidades internacionales en la materia.

La CMDPDH reconoció que en México uno de los avances más importantes en los últimos años es la reciente aprobación en el Congreso de la reforma constitucional en materia de DH, sin embargo, reiteraron que persiste un patrón sistemático de violaciones graves porque cualquier expresión de violencia está justificada para combatir a la delincuencia organizada.

ONU SE PRONUNCIA SOBRE FUERO MILITAR

Juan Carlos Gutiérrez también saludó el informe de la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, quien realizó una visita oficial a México del 1 al 15 de octubre de 2010.

El informe señala que el país confronta una situación de incremento de los actos violentos principalmente por parte de grupos vinculados la delincuencia organizada, y asegura que a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno “los tentáculos del crimen se han extendido en el país y empiezan a afectar la vida cotidiana de un importante sector de la sociedad mexicana”.

El informe destaca que si bien existen avances en materia de acceso a la justicia de las mujeres, incluyendo la promulgación de las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, éstas siguen enfrentando serios obstáculos en sus reclamos de justicia. “El contexto de inseguridad que se vive en el país ha contribuido a aumentar el número de víctimas mujeres”, asegura la relatora.

En este contexto puntualiza que también aumentaron los casos de violencia de género, mientras que la tasa de esclarecimiento sigue siendo muy baja, aunque no precisa el dato. La relatora especial afirmó que durante su visita recibió información sobre casos de violencia de género en que agentes de las procuradurías presionaban a las víctimas para desistirse de sus denuncias y resolverlos mediante conciliaciones o mediaciones.

Asimismo la relatora especial recomendó que se reforme el Código de Justicia Militar para que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso judicial efectivo para oponerse e impugnar dicha jurisdicción.

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