Madrid, 02 junio 2011. Esta mañana en Madrid, en el Consejo General de la Abogacía Española, tuvo lugar un encuentro con tres defensoras de derechos humanos de México, Valentina Rosendo Cantú, Gabriela Morales Gracia, Minerva Martínez Lázaro, quienes han dado a conocer sus experiencias de los defensores y defensoras de los derechos humanos en ese país. Según datos del gobierno mexicano, sólo en el año 2010 hubo más de 15.000 muertes violentas en el país.
En este marco, la situación para los defensores y defensoras de los derechos humanos es de alto riesgo. Asesinatos, desapariciones, hostigamientos, vigilancia y amenazas ocurren en un clima de violencia agudizado por la lucha contra el crimen organizado.
Según las Naciones Unidas las mujeres, “enfrentan obstáculos adicionales por dedicarse a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Su labor hace tambalear los estereotipos sociales de la sumisión de las mujeres”.
Valentina Rosendo Cantú, es indígena perteneciente a la comunidad Me´phaa del Estado de Guerrero. En el año 2002, fue amenazada, golpeada y violada por militares junto con otra amiga., cuando Valentina tenía 17 años.
Valentina ha manifestado que cuando puso la denuncia ante las autoridades, estos le dijeron que si seguía con ella, le retirarían los apoyos a su comunidad, por eso para proteger a mi comunidad, tuve que salir”.
Después golpear muchas puertas en busca de justicia, alejarse de su comunidad, vivir escondida, y todo lo que significa pasar una experiencia de violencia, el 31 de agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que condena a México por “violaciones a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, los derechos del niño, las garantías de acceso a la justicia y a la protección judicial”.
Para Valentina es muy doloroso recordar a lo que fue sometida. Sin embargo, ha tenido el valor para contar su historia, no solo para que se haga justicia, sino para dar cuenta de la situación actual de violencia en México.
“Yo puse toda mi confianza en México, pero el Estado mexicano me negó la posibilidad de que se hiciera justicia”, puesto que los militares que la agredieron siguen libres, señaló Rosendo.
“El gobierno mexicano no ha hecho nada, tuve que buscar justicia en otro país, pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano se niega a investigar”, agregó Rosendo.
Por ello, Rosendo pide que su caso pase a la justicia civil, y no se quede en manos de la justicia militar, ya no confía en los militares, “porque tienen el apoyo del gobierno. Me interesa que se castiguen a los ocho militares que me destruyeron la vida. Seguiré luchando para que se haga justicia”.Valentina pide sobre todo, que el gobierno mexicano reconozca públicamente que no han mentido, para que pueda vivir más tranquila.
La sociedad y el machismo como cómplice
Gabriela Morales Gracia, es coordinadora jurídica de la iniciativa “Frontera Norte de México” en Ciudad Juárez, que trabaja fortaleciendo la detección y documentación de casos de violaciones a los derechos humanos de migrantes. También participa en el desarrollo de la defensa integral de casos paradigmáticos y en el diseño estrategias de incidencia pública sobre migrantes y derechos humanos.
“La violación de los derechos humanos estás causando estragos en el país, y la militarización es otra forma de control y de violencia”, instó Morales, que por otro lado expresó, que “es muy difícil documentar estos casos, puesto que se requiere no solo de la valentía, sino del acompañamiento”.
“Por ejemplo en Juárez se están registrando varios casos no solo de violación, de abusos sexual, que es muy frecuente, pero también hay que recocer que la sociedad que la sociedad también permite esto. A nivel social esta muy permitido, socavado, permitiendo todo tipo de abusos sexuales, existe una cultura muy machista que también tiene que ver” enfatizó Morales.
Impunidad e incumplimiento del Estado
Minerva Martínez Lázaro, coordinadora general del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (BARCA). Perteneciente al pueblo indígena zapoteco, trabaja desde hace más de 15 años en Oaxaca, México, documentando y denunciando violaciones de derechos humanos a consecuencia de la explotación indiscriminada de los recursos naturales en los territorios ancestrales de la población rural e indígena.
Sobre el caso de Valentina, Martínez ha señalado que “se está dando en todo México. Esta situación de total impunidad, nos pone en riesgo a las defensoras que estamos al frente organizaciones con años de trabajo denunciando y documentando situaciones como estas, y otras muchas que ocurren. Es lo que nos ha llevado a estar aquí para seguir dando nuestro testimonio por todas las amenazas que sufrimos en le trabajo cotidiano con las mujeres y los pueblos indígenas”.
Fotos AmecoPress.
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